Ante la "acusación de mala fe" solicita medidas cautelares a Naciones Unidas

Rechaza el Comité Mexicano de Apoyo al País Vasco tener vínculos con ETA

BLANCHE PETRICH

El Comité Mexicano de Apoyo al País Vasco nació hace poco más de un año con el objetivo de divulgar la música, la historia y la cultura de Euskadi. Consta de dos integrantes, Ignacio Pineda y Ema Messeguer. Han emitido, en su breve trayectoria, apenas tres pronunciamientos políticos: uno contra la "ilegalización de las ideas" que representó la proscripción del partido Batasuna, por órdenes del juez Baltasar Garzón; otro en protesta por la ilegal entrega a la policía española del ciudadano vasco José Miguel Etxeandía, torturado durante seis días en Madrid y finalmente puesto en libertad bajo fianza, y la más reciente contra el operativo conjunto Donosti de las policías mexicana y española, que llevó al arresto de seis vascos y tres connacionales.

Esto les costó que se les acusara, a ellos también, de tener nexos con la organización armada ETA. "Es un invento y una acusación de muy mala fe", sostiene Pineda. Debido al riesgo que corren a raíz de esta acusación, Pineda y Messeguer solicitaron medidas cautelares a las oficinas de la ONU en México, a los relatores de derechos humanos y contra la tortura de Naciones Unidas.

Sostienen: "Nuestras actividades como comité son totalmente legales y transparentes. Por la naturaleza solidaria del movimiento, nos solidarizamos con quienes son apresados injustamente, y por vocación nos dedicamos a la divulgación". En esta línea, organizaron en meses recientes dos mesas redondas en el Foro Alicia sobre la temática del País Vasco.

Ignacio Pineda es miembro del colectivo que dirige este espacio de expresión de la sociedad civil. "Foro Alicia se interesa por temas de las autonomías indígenas, la lucha contra el sida, el aborto, la resistencia zapatista o la solidaridad con los presos políticos. Difundimos cultura, promovemos libros y música. Pensamos que si promovíamos libros y música de Euskadi, debíamos también divulgar la problemática de su pueblo. Eso es todo. Si nos investigan, no van a encontrar nada más". Advierte: "Cualquier otro nexo que quieran inventar es mentira".

Ema Messeguer, a su vez, es hija del famoso muralista Benito Messeguer, autor de los murales del Casino de la Selva de Cuernavaca, que fueron destruidos por la alcaldía panista de esa ciudad para construir un centro comercial. Messeguer, de origen catalán, llegó a México como refugiado durante la Guerra Civil española. Fue director de la escuela de artes gráficas La Esmeralda, asesor del INBA y defensor de derechos humanos.

"A mí me amamantaron con historias de las luchas de los vascos y los catalanes. Crecí sabiendo que mis padres, fugitivos de una guerra, encontraron un país que les dio refugio y al que hicieron suyo. Por eso fue casi en automático que me uniera a esta causa de los vascos fugitivos de la represión, una causa que por las distorsiones que provoca la propaganda de la supuesta guerra antiterrorista a nadie parece interesarle."

Ema Messeguer es compañera, desde hace más de seis años, de José Miguel Etxeandía. Este arribó a México en 1996, huyendo de una acusación de participar en un atentado en la provincia de Vizcaya en 1995. Llegó con su pasaporte en regla, pero nunca pudo renovarlo ya que en la embajada española en México está registrado como "buscado por la policía". Su pasaporte se venció en junio de este año. El 4 de julio fue detenido cuando salía de su casa, en el sur del Distrito Federal, rumbo a su trabajo. Esa misma tarde fue subido a un avión, deportado por residencia ilegal. No fue sometido a un proceso de extradición debido a lo endeble de la acusación de la policía española.

Bajo la ley antiterrorista ibérica, fue incomunicado durante seis días, en los cuales, según denunció, fue sometido a torturas físicas y sicológicas. Dos semanas después fue puesto en libertad bajo fianza.

Los miembros del Comité de Apoyo al Pueblo Vasco aseguran no conocer ni tener ningún vínculo con los otros tres mexicanos que fueron detenidos durante el operativo, la mayor acción conjunta de las policías mexicana y española en contra de residentes vascos, denominada Donosti.

Estos son María de Pilar Sosa Espino, quien según la Policía Judicial hizo una transacción de 110 mil pesos en la compra de aparatos electrónicos. La policía supone que la empresa para la que trabaja es una "fachada" de ETA para lavar dinero; Pedro Ulises Castro Vargas, detenido porque en la agenda de uno de los vascos arrestados aparecían sus teléfonos, y Noé Camarillo Cantú, a quien acusan de "haber ayudado" a otro de los presos a abrir una cuenta bancaria.