El STFRM sigue descontando 1.5 millones de pesos mensuales a pensionados

Ex empleados ferrocarrileros denuncian malversación de fondos del líder sindical

Disolvieron Previsión Obrera y quedaron sin pagarse 800 pólizas de seguros a familiares

FABIOLA MARTINEZ ENVIADA

Aguascalientes, Ags. Con dificultad, una patrulla sortea el camino de tierra fangosa, cascajo y durmientes apolillados, residuos del taller de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) en la zona centro del país, ahora convertido en un predio del gobierno estatal que sirve de corralón de automóviles y traspatio del Centro de Rehabilitación Teletón, inaugurado en diciembre pasado.

Las estructuras que resguardan los extintos almacenes se encuentran en ruinas, al igual que un letrero oxidado en el que con dificultad se lee: "Fosa en cruz", espacio en el que desde los años 40 se daba mantenimiento a los carros de tren. En 1995, con la privatización de la red ferroviaria nacional, todo terminó.

Ocho años después, un grupo de jubilados detiene su paso al escuchar el ruido de un silbato conocido de sobra; segundos después, en silencio, siguen con la vista la larga hilera de furgones, tolvas y góndolas en los que está dibujado un rótulo que sí luce a plenitud: "Ferromex Union Pacific".

"¡Me da pura rabia y nostalgia al ver esto!", expresa Jorge Alferes Placencia, mecánico aparatista con 31 años de antigüedad en el oficio y miembro de Defensa Ferrocarrilera Nacional, asociación civil que intenta rescatar "alguna cosa" del patrimonio de este gremio.

Este grupo tomó la decisión de exigir, por la vía penal, cuentas al líder del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Víctor Flores Morales, no sólo por las eternas cuotas que, en nombre de nada, puntualmente quita a más de 50 mil jubilados y a unos 15 mil empleados en activo, sino con el propósito de enterarse, "aunque sea por una sola vez en nuestra vida", de los manejos que él y su camarilla han hecho con los millonarios fideicomisos de pensiones y seguro de vida de un gremio que llegó a contar con casi 100 mil empleados.

A los trabajadores y ex trabajadores que participan en Defensa Ferrocarrilera Nacional les basta hacer algunas sumas para calcular la dimensión del boquete financiero y la magnitud de las transas que ha cometido la dirigencia en prejuicio de las arcas sindicales.

La historia de constantes "fraudes, simulaciones y engaños" no es nueva para ellos. Desde 1988 les dijeron que la privatización de Ferronales (con la concesión en algunas áreas) no pondría en peligro la rectoría del Estado ni la soberanía nacional). Inclusive, el director de la paraestatal, Carlos Orozco, les aseguró en 1989 que ésta seguiría siendo una empresa auténticamente mexicana.

Los años transcurrieron y también el deterioro del sistema ferroviario y la productividad. Luego vinieron los retiros voluntarios, hasta que en 1995 el entonces presidente Ernesto Zedillo envió al Congreso la iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional, luz verde a la privatización total de la red. Esta se dividió en cinco tramos para concesionarla a igual número de compañías, encabezadas por Grupo Ferroviario Mexicano, con capital de la estadunidense Union Pacific Railroad, a cuyo consejo de administración pertenece desde el año pasado el ex presidente Ernesto Zedillo, quien fue precisamente el que abrió la puerta al capital extranjero en el sector.

La plantilla pasó de 83 mil 290 trabajadores en 1990 a 49 mil 323 en 1994. A los cerca de 40 mil empleados que fueron despedidos desde febrero de 1992 con el parapeto del retiro voluntario -y años más tarde con el pretexto de la "modernización" de la empresa- les descontaron (según consta en los recibos que expidió la paraestatal) poco más de 4 mil pesos en promedio a cada uno por "cuotas al Ejecutivo Nacional del STFRM", concepto ilegal, dicen, si se toma en cuenta que el vínculo con el gremio también fue finiquitado. El monto asciende a 160 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.

De igual forma, a aquellos que corrieron mejor suerte y obtuvieron una pensión de 3 mil 500 pesos en promedio, religiosamente les descuentan 30 pesos mensuales que, multiplicados por los 50 mil retirados, brindan a la bolsa del STFRM un ingreso adicional de 1.5 millones de pesos cada mes.

Son justamente los jubilados, los más viejos y a quienes Flores califica como un 'grupito de resentidos apoyado por el PRD', los que se atreven a protestar, aun cuando por esa causa, relatan, "no podamos entrar al local sindical y vivamos episodios violentos con los golpeadores que siempre acompañan a Flores, como el que ocurrió hace dos años en el hotel Medrano de esta ciudad, donde en presencia del entonces director de Gobierno estatal, Enrique Morán Faz, nos intentó sobornar: '¡Aquí hay con qué arreglar todo!', nos gritó envalentonado y emulando la seña de dinero con ambas manos". Luego, en asamblea, "descaradamente no nos dejó participar, con la amenaza, otra vez, de sus golpeadores armados".

Al personal en activo en las compañías concesionarias de la red ferroviaria, cuya plantilla era de 17 mil 523 empleados en el año 2000, el STFRM les descuenta 3 por ciento de su sueldo por la representación gremial (antes de la privatización era 2 por ciento), concepto del que nunca, aseguran, se muestran los reportes contables.

Pero "lo verdaderamente gordo, la caja de pandora", señalan en entrevista los integrantes de la Defensa Ferrocarrilera Nacional, no está en las cuotas o en la pensión mensual que recibe Flores y su gente (poco más de 16 mil 500 pesos), y mucho menos en los sueldos que ha recibido por su cargo en el Comité Ejecutivo Nacional o como legislador priísta, sino en el "saqueo inmisericorde" a Previsión Obrera.

Tras la constitución del STFRM, en 1932, los fundadores de ese sindicato decidieron integrar un organismo que fondeara el seguro de vida para los trabajadores del riel. Así, dos años después se creó la Sociedad Mutualista de Seguros Sobre la Vida Previsión Obrera, con duración de cien años a partir de su creación. Sin embargo, esta figura sólo operó hasta septiembre de 2000, fecha en que Flores convocó a una asamblea con 39 ferrocarrileros (uno por sección), quienes firmaron en nombre de los jubilados la solicitud del sindicato dirigida a la Secretaría de Hacienda para liquidar Previsión Obrera.

Meses después, agregan los demandantes, sin auditoría alguna de por medio de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, organismo vigilante, la aseguradora de los ferrocarrileros quedó disuelta. Nada se supo de la verdadera razón de la quiebra que se evidenció con 800 pólizas de trabajadores fallecidos que estaban entonces sin pagar a los deudos, y mucho menos se exhibieron los estados financieros de la misma ante la base sindical.

Con la privatización en marcha, el gobierno federal integró un nuevo fideicomiso (Ferronales-Jub 5012-6) con un subsidio de 13 mil 500 millones de pesos, para asegurar las pensiones "hasta que sea necesario", aseguró en 1998 el director de Ferronales, Luis de Pablo, al comparecer en el Senado de la República.

Ahora, manifiesta el grupo de jubilados liderado por Sergio Hernández Pedroza, ¿cómo vamos creer que nuestras familias cobrarán el seguro de vida o que tendremos la pensión asegurada hasta el día de nuestra muerte? ¿Cómo estar tranquilos si el fideicomiso está vigilado por un Comité de Gestoría y Enlace que controla Jesús Ortiz Rodríguez, en un comité nombrado por el sindicato?

En los hechos, la oficina en cuestión sólo sirve para "ubicar y reprimir a los inconformes". Basta mencionar el caso de Juan Fernando Santillán Rentería (número de empleado 1548422), quien tuvo que demandar ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por la suspensión de su pago vitalicio, toda vez que tuvo la "osadía" de preguntar los detalles del citado fideicomiso.

A pesar de que las preguntas nunca tienen respuesta para ellos, los jubilados siguen en lucha, reunidos en un terreno prestado y haciendo rifas para solventar los pasajes a la ciudad de México para ver "en qué va la demanda" interpuesta el 14 de mayo pasado ante la Procuraduría General de la República.

El blanco de todas las denuncias es Víctor Flores, a quien la acusación de haber adoptado una postura "entreguista, cobarde y traidora" ante la venta de Ferronales ya es cosa del pasado. Ahora la denuncia es por la presunta "administración fraudulenta" de por lo menos 3 mil millones de pesos.

Luchar contra la privatización, dicen, ya sería ocioso. "No hay vuelta atrás. A la industria eléctrica la están defendiendo y a nosotros no hubo quién... la apatía y el miedo ganaron", reconocen los jubilados, pertenecientes a la sección 2 del STFRM, gremio del que ya no reciben nada.

Mientras, en Tlatelolco, luce solitario el museo del Sindicato Ferrocarrilero que lleva por nombre Víctor Flores Morales. Ahí, a un costado de los documentos, fotografías y artefactos que cuentan la historia del ferrocarril, se extiende a lo largo de una pared el currículum de Flores, bastión del autodenominado grupo Democracia Sindical, el cual controla la organización desde finales de los años 80 y, ahora encumbrado como el máximo líder, es cabeza de la "Familia ferrocarrilera en el nuevo milenio".