Blanche Petrich

Caso Digna: resultado vergonzoso, por ahora

Un buen fiscal, una buena fiscal, no realizan una investigación de un crimen para "convencer" a nadie. No es su obligación ni el propósito de su labor. Su trabajo es establecer con certeza científica la verdad de los hechos investigados.

Los sucesivos equipos que se hicieron cargo de la averiguación de la muerte de la abogada Digna Ochoa se dedicaron con gran empeño a la labor de convencimiento de la opinión pública durante al menos 16 meses, desde marzo de 2002. Lo hicieron por dos vías. La primera, filtrando piezas seleccionadas de la investigación para sesgar la información en algunos sectores de la prensa que, inadvertidos o con natural inclinación a asumir como propias las versiones policiacas, empezaron a crear un clima favorable a la hipótesis oficial de los hechos: suicidio simulado. La segunda, más sofisticada, consistió en conversar, en plan "confidencial", con cualquier líder de opinión susceptible de criticar la versión del suicidio, para "revelar" aspectos escabrosos "y dolorosos" de la personalidad de la víctima. De este modo, si bien la conclusión no es aplaudida, la sombra de la duda ha oscurecido la historia de esta luchadora por los derechos humanos.

El primero en usar esta táctica fue el subprocurador y primer fiscal del caso, Renato Sales. Fue relevado de su cargo precisamente por abusar de las filtraciones. Pero su sucesora, Margarita Guerra, concluyó la tarea. Hace un mes, aproximadamente, los medios de comunicación más proclives a repetir la versión del suicidio tuvieron el privilegio de recibir, en piezas sueltas, más elementos del expediente, todos ellos orientados a ilustrar la supuesta retorcida imagen de Digna Ochoa, preparando el terreno para la conclusión del caso, que sin sorpresas pero con gran expectativa, fue dado a conocer ayer.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) había prometido una averiguación del caso transparente e impecable. Guerra Tejeda agregó: resultados basados en peritajes científicos, certeros. Hoy concluye declarando la no acción penal del caso, por tratarse de un suicidio que quiso aparecer homicidio. Y basa la conclusión no en evidencias objetivas, sino en un complejo entramado de maledicencias, chismes y estrategias -esas sí científicas- de desinformación.

¿En qué momento los investigadores empezaron a contemplar la hipótesis del suicidio, cuando la primera mecánica de hechos demostraba sin lugar a dudas una acción de un homicida profesional? Margarita Guerra dio la clave en una entrevista radial, cuando señaló que "un sacerdote jesuita que trabajó muy de cerca con Digna" la había descrito como una mujer con una personalidad "llena de luces y de sombras". En las sombras, asumimos, se albergaría ese personaje perverso que por años hizo creer a todo el mundo -a sus compañeros del Centro Pro Juárez, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a su familia, a sus amigos, a todos menos a algunos de sus jefes, todos ellos sacerdotes jesuitas- que era amenazada y perseguida por algún cuerpo represivo.

Entre 1995 y 2000, periodo en que la abogada recibió el grueso de amagos, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos recibieron un total de 80 amenazas de muerte; en promedio, una cada tres meses.

En la lógica de la fiscal, todas las amenazas, menos las que sufría Digna, eran reales.

La palabra "suicidio" surgió en el entorno de compañeros de Digna Ochoa cuando su cuerpo aún estaba tibio. Fue Alfredo Castillo, trabajador del Centro Pro, cercano a su director, Edgar Cortés -uno de los sacerdotes jesuitas-, quien la pronunció, en la acera de la calle Zacatecas, en la noche del 19 de octubre de 2001. Castillo, como muchos otros, llegó al lugar y le pidió su teléfono celular a otro de los defensores de derechos humanos, Víctor Brenes. Castillo marcó un número y al poco rato dijo:

-¿Edgar?, Digna ya se suicidó.

Brenes lo enfrentó: "¡No puedes decir eso!" Pero lo dijo.

Empezó el proceso de investigación en medio de clamores de justicia por la comunidad de defensores de derechos humanos. Pero el Centro Pro, coadyuvante en la investigación, pronto empezó a tomar distancia, a enfriar los gestos de solidaridad, a tejer en la oscuridad. Con el paso de los meses, los miembros del Centro Pro y otros ex compañeros dejaron de hablar cálidamente de Digna, a torcer el gesto, a desviar la mirada y la conversación cuando se tocaba el tema.

Dos integrantes de la congregación jesuita contribuyeron activamente a construir la historia que hoy ya es oficial. Desde las propias oficinas de la PGJDF el abogado Enrique Flota, ex sacerdote, se convirtió en brazo derecho de Sales y su contacto con periodistas y columnistas seleccionados, dirigentes de la sociedad civil y políticos que desfilaron por la oficina del subprocurador para recibir informaciones confidenciales de su investigación. Flota conocía bien los flancos débiles de la abogada. El fue el primer jefe de Digna en un bufete, cuando ésta llegó, muy joven aún y como pasante, al Distrito Federal.

Por su parte, David Fernández, ex director del Centro Pro y ahora provincial de la Compañía de Jesús, hizo su parte, en el lobby de alto nivel, cobijado en el sólido prestigio que tiene su congregación, en especial entre sectores progresistas latinoamericanos. Dijo en alguna ocasión: "¡No voy a permitir que hagan de Digna una mártir!" El, que siempre trabajó teniendo a la vista una fotografía del mártir jesuita Miguel Agustín Pro, nunca pronunció la palabra víctima para referirse a la abogada caída.

Hoy esa palabra, "mártir", resulta reveladora. En la última fase de su campaña de convencimiento, en la que se prodigó en entrevistas de prensa, radio y televisión, la fiscal Margarita Guerra ha denostado a la familia Ochoa y Plácido por querer ver en Digna a una mártir.

Ellos, los jesuitas Fernández, Cortés y Flota, han mantenido un bajo perfil ante los medios. Pero Fernández recientemente escribió en una columna que corresponde a la procuraduría de la ciudad -y "a nadie más"- concluir si la muerte de Digna fue suicidio o asesinato. Y asegura que la verificación de los peritajes realizados durante 21 meses de investigación por los expertos de la CIDH "respaldan" la averiguación.

Esto no es así. La CIDH no avala ni descalifica la investigación. La analiza. Y el resultado de ese análisis es escalofriante. Algunos detalles de su informe final: en la escena del crimen, alterada desde el primer momento, el cadáver fue movido sin que fueran anotadas informaciones fundamentales para el peritaje; uno de los casquillos de bala en el lugar de los hechos había sido pisado; en la plancha del forense se cometieron errores graves; entre ellos figura el que no se hayan tomado correctamente las huellas digitales de la víctima. Mientras la pistola con que se hicieron los disparos estuvo en poder de la policía esta "se cayó" y se rompió. Varios peritajes, entre ellos los sicológicos, fueron repetidos con resultados contradictorios. Algunas evidencias que aparecieron más de un año después resultan "por lo menos desconcertantes". Y, finalmente, no fueron agotadas todas las líneas de trabajo que habían sido recomendadas previamente por el relator de la CIDH.

Con estas afirmaciones, difícilmente puede afirmarse que el reporte de estos peritos respalda el trabajo de la fiscalía. Este resultado, subraya el informe de la comisión de la Organización de Estados Americanos, es producto de las fallas estructurales del sistema de procuración de justicia capitalino. ¿Quién debe responder por este desastre?

En vista del grave deterioro en la relación -que debía haber sido de cooperación estrecha y ha sido de antagonismo agudo, entre la familia Ochoa y Plácido y la fiscalía especial- los meses recientes, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, asignó a su subsecretario de Gobierno, Martí Batres, como enlace entre Margarita Guerra y la familia de Digna Ochoa. Este funcionario había logrado acordar con la fiscal Guerra que permitiera un plazo "no demasiado largo, no más de dos meses" para que el nuevo equipo de abogados de los Ochoa y Plácido pudiera presentar una serie de pruebas que les parecían fundamentales para demostrar su convicción de que se trata de un asesinato.

El lunes 14 de julio el propio Batres y Jesús Ochoa empezaron a redactar una carta precisando los términos de la solicitud. Pero el martes 15 al mediodía, en el despacho del abogado José Antonio Becerril se recibía la noticia de que las pruebas no serían aceptadas, que el caso estaba cerrado y que esta misma semana sería anunciada la conclusión. No hubo explicación de parte de la fiscal sobre el fin del acuerdo.

Por ahora el capítulo de las fiscalías se ha cerrado con un resultado vergonzoso. Habrá, en las próximas semanas, un periodo en el que la Coordinación de Auxiliares de la PGJDF estudie el dictamen de no ejercicio de la acción penal. Es de esperarse que en esta fase se resuelva conceder a la familia de Digna Ochoa el derecho de presentar sus propias pruebas. Quizá, entonces, el caso pueda verse bajo nueva luz, lejos del veneno que al final enturbió la visión de los fiscales.