Alvarez Icaza pide respeto a la memoria de la abogada

Choque Guerra-CDHDF en conclusiones del caso Digna

Minimiza la fiscal la labor profesional de la occisa

BLANCHE PETRICH

La fiscal especial del caso Digna Ochoa, Margarita Guerra, admitió que no se puede decir que hoy día los defensores de derechos humanos no corran riesgos con su trabajo, cuando "es obvio que no vivimos en el planeta de la seguridad". Pero "los verdaderos defensores de derechos humanos", puntualizó. "No así la persona de Digna."

Con esta afirmación la ex magistrada terminaba de segregar la historia de la abogada veracruzana del esfuerzo colectivo de activistas que trabajan en esa labor. Antes, durante la lectura de sus conclusiones sobre la averiguación a su cargo, describió el currículum profesional de quien fue durante tres años asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, como un trabajo marginal en el que, en los casos que defendió, siempre como parte de un equipo, nunca como representante, "su participación fue reducida e incluso en algunos resultó nula", por lo que no se encontraron evidencias de que su muerte estuviera vinculada con ellos.

Este golpe a la historia de Digna Ochoa recibió respuesta inmediata de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la que, en voz de su titular, Emilio Alvarez Icaza, demandó a las autoridades y a la opinión pública "respeto por la memoria de la luchadora social" y por su familia.

Luego que la fiscal abundó en detalles sobre la vida íntima de la abogada, expuso análisis sicológicos post mortem sobre las contradicciones de su biografía, dio referencias sobre sus supuestas frustraciones laborales y profesionales, y afirmó que la familia, como coadyuvante, había "obstaculizado" la averiguación, la CDHDF reclamó: "No se vale intentar legitimar una conclusión sobre la base de deslegitimar su persona. La situación exige un manejo ético de la información, que preserve la honorabilidad a la que todos tenemos derecho."

Otra muestra del alto contraste entre lo expuesto por la mañana en la procuraduría capitalina por la fiscal Guerra y la réplica de la tarde en la oficina de la CDHDF fue la afirmación de la investigadora, que dijo que el caso Ochoa es "particular" y "en nada incide en el desarrollo encomiable de las ONG en México".

Y la réplica de Alvarez Icaza: "En ese momento que se exponen públicamente las causas de su muerte, se hace indispensable hablar de las causas de su vida, sus luchas y las razones por las que ella vivió. Digna se dedicó a la defensa de los derechos humanos de los más pobres. Era una abogada de pobres. Defendió a quienes pocos o nadie querían defender, bien porque no podían pagar un abogado o por el carácter político de las acusaciones".

Guerra eligió etapas turbias de la juventud de la abogada para ilustrar su conclusión sobre el suicidio simulado: "En Veracruz, ella relata que fue secuestrada y está perfectamente comprobado que no lo fue; relata que fue Ministerio Público y está totalmente comprobado que no lo fue. Sus compañeros de la facultad (de derecho, en la Universidad de Veracruz) relatan que obsesivamente contaba que la perseguían, que la iban a matar".

La CDHDF, por el contrario, asentó que "independientemente de su muerte, lo que hizo en vida es motivo de reconocimiento. Su esfuerzo, compromiso y lucha constituyen un ejemplo en la lucha por la defensa de los derechos humanos".

Salón Digna Ochoa en la CDHDF

Mientras la fiscal se declaró "ampliamente satisfecha" por haber cumplido con su deber, por haber respetado "la verdad histórica y la verdad jurídica al costo que sea", a pocas cuadras de ahí, el presidente de la CDHDF anunció que el auditorio de la institución, llamado El Comisionado, se llamará a partir de ahora salón Digna Ochoa y Plácido, porque, concluyó, "sigue siendo necesario que haya gente como ella. Tengamos en cuenta su vida".

La cita con la fiscal fue al mediodía, en el llamado búnker de la procuraduría del DF. A la entrada se controló la identidad de los periodistas con rigor inusitado. Adentro del auditorio, en la última hilera, silencioso como su gestión, observaba la escena el asesor de la suprocuradora Margarita Espino, Enrique Flota, eminencia gris, según se dice, de los investigadores.

A Guerra la acompañaban, además del procurador Bernardo Bátiz, dos peritos en criminalística, Oscar Lozano y Alberto Niño de Rivera, que se apoyaron en gráficas electrónicas en sus descripciones sobre la mecánica de los hechos, que los llevó a concluir que la hipótesis del homicidio era insustentable y se descartó, resolviendo el caso como un suicidio simulado, un resultado que la misma funcionaria describió como "no conveniente políticamente".

Pese a tanta convicción, el procurador Bátiz dejó un resquicio abierto para que, en otra etapa de la investigación, que pasa a manos de la Coordinación de Auxiliares de la procuraduría, todo el expediente se vuelva a abrir. No se descarta que en esa fase la familia Ochoa y Plácido pueda presentar las pruebas en criminalística, medicina forense y química forense que la fiscal ya no quiso recibir. "No estamos necesariamente casados con lo que aquí dijimos; no es la verdad absoluta, es la verdad legal a la que se ha llegado", dijo Bátiz.

Perfiles sicológicos a los cuatro vientos

Tras la exposición dieron amplio margen para las preguntas de los reporteros. Se le inquirió a la fiscal sobre el trasfondo ético de dar a conocer públicamente el contenido de estudios siquiátricos y sicodinámicos de la occisa, cuando éstos suelen ser guardados en estricto secreto profesional. Antes había informado que estos documentos, como "toda la resolución, en su integridad", estarían disponibles en una página de Internet. Explicó que la fiscalía ordenó dichos análisis -sólo mencionó dos, aunque existe uno más, sobre las tendencias suicidas de Digna- por considerarlo de "imperiosa necesidad para conocer su personalidad y porque no estamos escondiendo nada". Dijo que su divulgación "no es nociva" porque se trata de un dictamen forense, no de un dictamen clínico.

La funcionaria volvió a expresarse en términos poco amables de la familia Ochoa y Plácido, como ha estado haciendo en entrevistas recientes de prensa, en especial debido al ofrecimiento de pruebas que se hizo mediante su nuevo representante legal, José Antonio Becerril. "Desgraciadamente, aquí tal parece que la coadyuvancia ha estado para obstruir la labor del Ministerio Público", dijo. Acerca de los argumentos de la familia, expresó: "Quiero pensar que no se trata de mentiras, sino de otro tipo de problemas".

También detalló la actuación de la anterior abogada, Bárbara Zamora. Dijo que ella, en una primera etapa del trabajo de la fiscal, señaló como "único y mayor sospechoso al que fue novio de Digna", Juan José Vera. Después de esto, transcurrieron ocho meses sin que la defensa se presentara en las oficinas de la fiscalía, excepto para recoger copias de los expedientes. Zamora, dijo Guerra, no acudió a una sola de las declaraciones ante los ministerios públicos de la fiscalía, ni siquiera cuando fueron llamados para ser interrogados los militares. "No interrogaron absolutamente nada."

Sobre la línea de investigación de los militares, un aspecto que fue descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como defectuoso, negligente e insuficiente, Margarita Guerra aseguró que se hizo todo lo que se requería. Respecto a la omisión de investigar a servicios de inteligencia militar, omisión que también señala la CIDH, la investigadora respondió: "Aquí no interviene inteligencia militar para nada. Fue un error. Se dice que Digna Ochoa fue a recorrer la sierra (de Petatlán), que en verdad no es así, porque no hizo un recorrido, acudió a dos o tres poblados cerca de Petatlán. Nadie la siguió, nadie le preguntó absolutamente nada, luego entonces, no tendría por qué haber intervención de inteligencia militar".

Casi tres horas después, los funcionarios dieron por concluida la conferencia. Y los celulares de los reporteros empezaron a sonar: en la CDHDF convocaban a la prensa. La respuesta, pues, sería inmediata. Y ahí se dejó abierta la interrogante de Alvarez Icaza: "Hoy como ayer, siguen siendo válidas estas preguntas: ¿Se investigó conforme a derecho? ¿Nuestro sistema de procuración de justicia realmente funciona?" Preguntas sobre los hombros del procurador Bátiz.

El Centro Pro subraya fallas marcadas por la CIDH

ONG solicitan copia del expediente

ANGEL BOLAÑOS Y CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) anunció que no hará ningún pronunciamiento sobre la conclusión del suicidio simulado a la que llegó la Procuraduría General de Justicia capitalina en el caso Digna Ochoa, ante las "dudas fundadas en relación con el desarrollo de las investigaciones".

El anuncio causó el desconcierto de las organizaciones civiles. Tras conocer la versión oficial, 19 agrupaciones emitieron un comunicado pidiendo copia del expediente para analizarlo y "emitir una opinión conjunta y fundamentada".

En la misma línea se pronunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez -del que Digna formó parte-, que prefirió esperar a conocer de "manera directa" la conclusión del caso, pero insistió en señalar las fallas que detectó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las investigaciones.

El ombudsman capitalino, Emilio Alvarez Icaza, lamentó que la PGJDF pretenda legitimar el resultado de su investigación deslegitimando la obra de la abogada. Dijo que esperará a que estén agotados los procedimientos legales que el procurador Bernardo Bátiz expuso horas antes como el recurso de revisión ante el Ministerio Público Auxiliar y el juicio de amparo.

Las organizaciones civiles reconocieron el interés que el gobierno capitalino "ha puesto en el esclarecimiento del caso", pero dijeron que no pueden dejar de advertir y tomar en cuenta las observaciones críticas que hicieron los expertos de la CIDH sobre las pruebas en las áreas de criminalística, balística y patología forense.

Edgar Cortés, director del Centro Pro, anunció en un boletín que analizará el expediente considerando los parámetros del derecho internacional.

Por separado, organizaciones como la Academia Mexicana de Derechos Humanos, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y la Red Todos los Derechos para Todos recordaron que desde el inicio de esta investigación afirmaron su voluntad de aceptar cualquier conclusión, siempre y cuando ésta estuviera "sólidamente fundada y motivada", y se explicara en el contexto en el que se dio ese hecho trágico.

Solicitaron a la fiscal especial Margarita Guerra que esté a disposición de las agrupaciones, para que puedan averiguar la manera en que se asumieron las observaciones técnicas de los expertos de la CIDH para la investigación del caso y aclarar sus dudas.

Al Gobierno del Distrito Federal y a la procuraduría pidieron información de cómo efectuarán las reformas estructurales pedidas por la CIDH en materia de procuración de justicia, a propósito de la investigación del caso Digna Ochoa.

Hicieron eco del señalamiento de la CIDH de que urgen cambios estructurales en el sistema de justicia en el país, con el fin de que "muchos delitos no queden impunes, ni se culpabilice a nadie por crímenes que no haya cometido".

Hicieron reconocimiento al gobierno federal porque a raíz de la muerte de Ochoa se comprometió a escuchar "con mayor interés" a estas organizaciones y a instalar una mesa de diálogo, además de que ha mantenido voluntad política de llevar adelante un acuerdo de cooperación técnica con el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Se dará seguimiento a mecanismos de revisión, como el juicio de amparo, señala

El caso de Digna no está cerrado: Bátiz

"No estamos necesariamente casados con que lo que dijimos sea la verdad absoluta"

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Ante la determinación de los familiares de Digna Ochoa y Plácido de impugnar la conclusión del suicidio disimulado a la que llegó la fiscalía especial del caso y el rechazo de organizaciones nacionales e internacionales a admitir el resultado de la investigación, el procurador Bernardo Bátiz dijo que el caso no está cerrado definitivamente y se dará seguimiento a los mecanismos de revisión internos y externos, como es el juicio de amparo.

Antes de dar por concluida la presentación de los resultados de la investigación criminalística en la que se establece la alta probabilidad de un suicidio disimulado, Bátiz Vázquez dejó en claro que si bien terminó la etapa fundamental de la averiguación previa, está pendiente de resolverse un amparo promovido por los abogados de la familia contra el acuerdo que rechazó la presentación de más pruebas, así como la revisión de la misma resolución de la fiscalía a cargo del Ministerio Público auxiliar del procurador.

"No estamos necesariamente casados con que lo que aquí dijimos sea la verdad absoluta; es la verdad legal a la que hemos llegado con los elementos que se tienen, con buena fe y con la intención de saber lo que realmente pasó", aclaró.

Después de 282 declaraciones ministeriales, 260 diligencias, 269 intervenciones periciales y 595 informes de la Policía Judicial y otras autoridades quedaron descartadas las otras líneas de investigación planteadas ante lo que se presentó al principio como un homicidio: la línea de los militares, la de Guerrero y la del entorno social, familiar y personal.

La primera se desechó al no tener Digna participación activa con personal del Ejército Mexicano en los casos en que litigó defendiendo a los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. El encuentro que tuvo con un batallón de infantería durante su viaje a la sierra de Petatlán fue casual y no se debió a ninguna persecución.

Respecto de la línea Guerrero explicó que no existió razón o motivo para hacer suponer a los explotadores de madera que afectaría sus aparentes intereses para por ello causarle un mal. En tanto que la versión que involucraba a sicarios de Petatlán se basó en declaraciones de oídas.

Finalmente en la línea del entorno social, familiar y laboral concluyó que no existieron elementos de convicción, objetivos y sustentables que vincularan la muerte de Digna con familiares o alguna otra persona cercana, así como por su actividad como abogada.

La presentación de conclusiones se prolongó por más de 90 minutos, en los que la fiscal Margarita Guerra estuvo acompañada del perito externo Alberto Niño de Rivera, del equipo del criminólogo Rafael Moreno González, quien expuso gráficamente los llamados "hechos irrefutables", como las trayectorias de los disparos y la posición del cuerpo, entre otros, destacando un fragmento de tejido orgánico encontrado en el guante izquierdo, que se comprobó pertenecía a la occisa.

Se trata, explicó el especialista, de un fragmento de tejido que al momento de realizar el disparo salió proyectado hacia la mano enguantada con la que Digna accionó la pistola, introduciéndose en la parte interna de un doblez en el borde del mismo guante.

Asimismo ilustró con varias hipótesis la imposibilidad de que una persona estuviera colocada entre el costado izquierdo del cuerpo de Digna Ochoa y un buró adosado al librero del muro, único espacio que permitiría a una persona disparar un arma en la cabeza de de la víctima con la misma trayectoria de la bala.

Finalmente Guerra expuso los resultados de un estudio sicodinámico, señalando que Digna Ochoa presentaba "impulsividad con manifestaciones de autoagresión física e impredecibilidad en sus decisiones y varios de sus actos; relaciones interpersonales inestables con sus familiares; devaluación de ella misma ante algunas de sus amistades; manipulación de otros para satisfacer sus fines; ira inapropiada; inestabilidad afectiva con cambios notorios y abruptos en el estado de ánimo; intolerancia a estar sola; actos autolesivos físicamente; sentimientos crónicos de vacío y de aburrimiento cuando no recibe la retribución afectiva o de atención de sus objetos valorados, y trastorno límite de la personalidad clasificado en nivel bajo.

"Prematura, la conclusión de la fiscal": Cejil

Lo más fácil para las autoridades era el suicidio, afirman familiares

GUADALUPE LOPEZ Y ANDRES T. MORALES CORRESPONSALES

Jalapa, Ver., 19 de julio. Eusebio Ochoa y Carmen Ochoa y Plácido, padre y hermana de la abogada Digna Ochoa, manifestaron que no les sorprende que la fiscal especial Margarita Guerra, encargada de las investigaciones sobre la muerte de la luchadora social, concluya que fue suicidio, por lo que en el transcurso de la próxima semana promoverán un amparo ante la justicia federal por la resolución del caso.

Acusaron a la fiscal Margarita Guerra y al procurador Bernardo Bátiz de incurrir en omisión de pruebas y desechar otras líneas de investigación, principalmente las que "apuntaban al estado de Guerrero y al Ejército", con la finalidad de encubrir a los asesinos de la activista.

"Ya lo esperábamos", expusieron los familiares al ser entrevistados por Televisa-Veracruz en su domicilio de la ciudad de Misantla, a la vez que insistieron en que se trató de un homicidio en el cual "se mueven muchos intereses".

Eusebio Ochoa puntualizó que "ya estábamos mentalmente preparados de que eso iba a venir y que lo más fácil para las autoridades era el suicidio. Ya lo esperábamos y no nos sorprendió".

Carmen Ochoa puntualizó que los abogados de la familia contaban con pruebas que demostraban fehacientemente que lo sucedido a Digna fue un crimen, pero la autoridad no les dio entrada.

Manifestaron que desde que Renato Sales -el primer fiscal del caso- planteó la hipótesis del suicidio, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal no investigó otras posibilidades.

La investigación, dijeron, tuvo irregularidades desde un principio, como el hecho de que el cuerpo de Digna Ochoa fue movido del lugar donde originalmente quedó al momento de ser ultimada.

Por otra parte, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) consideró prematura la conclusión de la fiscal Margarita Guerra, pues no se han desahogado las diligencias que solicitaron el 6 de mayo pasado los abogados de la familia Ochoa, con el argumento de que son improcedentes e innecesarias.

Como representante de la familia en el proceso que se sigue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Cejil agregó en un comunicado de prensa que emitirá un juicio detallado sobre la consistencia de la resolución.