Alvarez Icaza pide respeto a la memoria de la abogada

Choque Guerra-CDHDF en conclusiones del caso Digna

Minimiza la fiscal la labor profesional de la occisa

BLANCHE PETRICH

La fiscal especial del caso Digna Ochoa, Margarita Guerra, admitió que no se puede decir que hoy día los defensores de derechos humanos no corran riesgos con su trabajo, cuando "es obvio que no vivimos en el planeta de la seguridad". Pero "los verdaderos defensores de derechos humanos", puntualizó. "No así la persona de Digna."

Con esta afirmación la ex magistrada terminaba de segregar la historia de la abogada veracruzana del esfuerzo colectivo de activistas que trabajan en esa labor. Antes, durante la lectura de sus conclusiones sobre la averiguación a su cargo, describió el currículum profesional de quien fue durante tres años asesora jurídica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, como un trabajo marginal en el que, en los casos que defendió, siempre como parte de un equipo, nunca como representante, "su participación fue reducida e incluso en algunos resultó nula", por lo que no se encontraron evidencias de que su muerte estuviera vinculada con ellos.

Este golpe a la historia de Digna Ochoa recibió respuesta inmediata de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) la que, en voz de su titular, Emilio Alvarez Icaza, demandó a las autoridades y a la opinión pública "respeto por la memoria de la luchadora social" y por su familia.

Luego que la fiscal abundó en detalles sobre la vida íntima de la abogada, expuso análisis sicológicos post mortem sobre las contradicciones de su biografía, dio referencias sobre sus supuestas frustraciones laborales y profesionales, y afirmó que la familia, como coadyuvante, había "obstaculizado" la averiguación, la CDHDF reclamó: "No se vale intentar legitimar una conclusión sobre la base de deslegitimar su persona. La situación exige un manejo ético de la información, que preserve la honorabilidad a la que todos tenemos derecho."

Otra muestra del alto contraste entre lo expuesto por la mañana en la procuraduría capitalina por la fiscal Guerra y la réplica de la tarde en la oficina de la CDHDF fue la afirmación de la investigadora, que dijo que el caso Ochoa es "particular" y "en nada incide en el desarrollo encomiable de las ONG en México".

Y la réplica de Alvarez Icaza: "En ese momento que se exponen públicamente las causas de su muerte, se hace indispensable hablar de las causas de su vida, sus luchas y las razones por las que ella vivió. Digna se dedicó a la defensa de los derechos humanos de los más pobres. Era una abogada de pobres. Defendió a quienes pocos o nadie querían defender, bien porque no podían pagar un abogado o por el carácter político de las acusaciones".

Guerra eligió etapas turbias de la juventud de la abogada para ilustrar su conclusión sobre el suicidio simulado: "En Veracruz, ella relata que fue secuestrada y está perfectamente comprobado que no lo fue; relata que fue Ministerio Público y está totalmente comprobado que no lo fue. Sus compañeros de la facultad (de derecho, en la Universidad de Veracruz) relatan que obsesivamente contaba que la perseguían, que la iban a matar".

La CDHDF, por el contrario, asentó que "independientemente de su muerte, lo que hizo en vida es motivo de reconocimiento. Su esfuerzo, compromiso y lucha constituyen un ejemplo en la lucha por la defensa de los derechos humanos".

Salón Digna Ochoa en la CDHDF

Mientras la fiscal se declaró "ampliamente satisfecha" por haber cumplido con su deber, por haber respetado "la verdad histórica y la verdad jurídica al costo que sea", a pocas cuadras de ahí, el presidente de la CDHDF anunció que el auditorio de la institución, llamado El Comisionado, se llamará a partir de ahora salón Digna Ochoa y Plácido, porque, concluyó, "sigue siendo necesario que haya gente como ella. Tengamos en cuenta su vida".

La cita con la fiscal fue al mediodía, en el llamado búnker de la procuraduría del DF. A la entrada se controló la identidad de los periodistas con rigor inusitado. Adentro del auditorio, en la última hilera, silencioso como su gestión, observaba la escena el asesor de la suprocuradora Margarita Espino, Enrique Flota, eminencia gris, según se dice, de los investigadores.

A Guerra la acompañaban, además del procurador Bernardo Bátiz, dos peritos en criminalística, Oscar Lozano y Alberto Niño de Rivera, que se apoyaron en gráficas electrónicas en sus descripciones sobre la mecánica de los hechos, que los llevó a concluir que la hipótesis del homicidio era insustentable y se descartó, resolviendo el caso como un suicidio simulado, un resultado que la misma funcionaria describió como "no conveniente políticamente".

Pese a tanta convicción, el procurador Bátiz dejó un resquicio abierto para que, en otra etapa de la investigación, que pasa a manos de la Coordinación de Auxiliares de la procuraduría, todo el expediente se vuelva a abrir. No se descarta que en esa fase la familia Ochoa y Plácido pueda presentar las pruebas en criminalística, medicina forense y química forense que la fiscal ya no quiso recibir. "No estamos necesariamente casados con lo que aquí dijimos; no es la verdad absoluta, es la verdad legal a la que se ha llegado", dijo Bátiz.

Perfiles sicológicos a los cuatro vientos

Tras la exposición dieron amplio margen para las preguntas de los reporteros. Se le inquirió a la fiscal sobre el trasfondo ético de dar a conocer públicamente el contenido de estudios siquiátricos y sicodinámicos de la occisa, cuando éstos suelen ser guardados en estricto secreto profesional. Antes había informado que estos documentos, como "toda la resolución, en su integridad", estarían disponibles en una página de Internet. Explicó que la fiscalía ordenó dichos análisis -sólo mencionó dos, aunque existe uno más, sobre las tendencias suicidas de Digna- por considerarlo de "imperiosa necesidad para conocer su personalidad y porque no estamos escondiendo nada". Dijo que su divulgación "no es nociva" porque se trata de un dictamen forense, no de un dictamen clínico.

La funcionaria volvió a expresarse en términos poco amables de la familia Ochoa y Plácido, como ha estado haciendo en entrevistas recientes de prensa, en especial debido al ofrecimiento de pruebas que se hizo mediante su nuevo representante legal, José Antonio Becerril. "Desgraciadamente, aquí tal parece que la coadyuvancia ha estado para obstruir la labor del Ministerio Público", dijo. Acerca de los argumentos de la familia, expresó: "Quiero pensar que no se trata de mentiras, sino de otro tipo de problemas".

También detalló la actuación de la anterior abogada, Bárbara Zamora. Dijo que ella, en una primera etapa del trabajo de la fiscal, señaló como "único y mayor sospechoso al que fue novio de Digna", Juan José Vera. Después de esto, transcurrieron ocho meses sin que la defensa se presentara en las oficinas de la fiscalía, excepto para recoger copias de los expedientes. Zamora, dijo Guerra, no acudió a una sola de las declaraciones ante los ministerios públicos de la fiscalía, ni siquiera cuando fueron llamados para ser interrogados los militares. "No interrogaron absolutamente nada."

Sobre la línea de investigación de los militares, un aspecto que fue descrito por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como defectuoso, negligente e insuficiente, Margarita Guerra aseguró que se hizo todo lo que se requería. Respecto a la omisión de investigar a servicios de inteligencia militar, omisión que también señala la CIDH, la investigadora respondió: "Aquí no interviene inteligencia militar para nada. Fue un error. Se dice que Digna Ochoa fue a recorrer la sierra (de Petatlán), que en verdad no es así, porque no hizo un recorrido, acudió a dos o tres poblados cerca de Petatlán. Nadie la siguió, nadie le preguntó absolutamente nada, luego entonces, no tendría por qué haber intervención de inteligencia militar".

Casi tres horas después, los funcionarios dieron por concluida la conferencia. Y los celulares de los reporteros empezaron a sonar: en la CDHDF convocaban a la prensa. La respuesta, pues, sería inmediata. Y ahí se dejó abierta la interrogante de Alvarez Icaza: "Hoy como ayer, siguen siendo válidas estas preguntas: ¿Se investigó conforme a derecho? ¿Nuestro sistema de procuración de justicia realmente funciona?" Preguntas sobre los hombros del procurador Bátiz.