Agentes de inteligencia de Alvaro Uribe podrían estar actuando en el país, advierten

Colombianos residentes en México temen una "cacería de brujas"

Señalan que el comportamiento del embajador Luis Ignacio Guzmán "no es accidental"

Se pretende "trasladar la histeria represiva que se vive en nuestra patria", consideran

BLANCHE PETRICH

Perseguida por el macartismo, Lillian Hellman escribía en su última novela autobiográfica: "La verdad lo convertía a uno en traidor, como a menudo sucede en tiempo de canallas." Así llegó a sentirse un nutrido grupo de colombianos -académicos, estudiantes, artistas, muchos de ellos asilados en México, durante las distintas oleadas de terror en su tierra natal- agrupados en la organización Tercos por la Paz, cuando la semana pasada el embajador del gobierno de Alvaro Uribe quiso poner el dedo acusador sobre las presuntas células de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) "infiltradas" en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Este comportamiento del embajador Luis Ignacio Guzmán no es casual ni accidental. Tiene un trasfondo muy grave -advierte Jaime Puyana, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), doctor en economía y presidente de Tercos por la Paz-: busca generar una confrontación con la comunidad de colombianos residentes en México, que somos muchos y muy diversos. Pretende trasladar la histeria represiva que se vive en nuestra patria más allá de las fronteras de Colombia".

Más aún, secunda la arquitecta Mercedes Oliveros, otra integrante del grupo, "nos anuncia que puede iniciarse una cacería de brujas de muchos compatriotas que han tenido que buscar asilo en México por las condiciones de persecución" que se viven en Colombia.

En su análisis colectivo, Tercos por la Paz -una organización no gubernamental plural que desde aquí promueve la pacificación de su país mediante el diálogo- concluye que la frustrada acusación de Guzmán Ramírez puede ser indicativa de la posibilidad de que unidades de los servicios secretos de la policía colombiana ya estén actuando en México, una situación de riesgo, particularmente para los asilados. Actualmente el número de refugiados latinoamericanos más alto que recibe el Alto Comisionado para Refugiados de la Organización de las Naciones Unidas en su oficina en México es, precisamente, de colombianos. Y no es para menos.

Desde el momento en que, bajo la presidencia de Alvaro Uribe se impuso, hace ocho meses, la "norma de conmoción interior" han sido detenidas arbitrariamente cada día tres personas: un total de 831. De éstas, 141 son líderes campesinos, 73 miembros de la oposición, 68 dirigentes de población desplazada (3 millones en el país), 48 sindicalistas, 30 defensores de derechos humanos y 34 estudiantes.

ƑTercos en la mira de Uribe?

Jaime Puyana, Mercedes Oliveros, Florencio Rodin, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, y Daniel Leones, del Instituto Interamericano de Estudios Profesionales de la misma casa de estudios, hablan en nombre de Tercos por la Paz.

Puyana puntualiza que la acusación del embajador Guzmán "tiene un propósito definido" y plantea que el gobierno de Bogotá "no es ajeno" a esto. Considera que el reciente incidente diplomático que se generó entre ese país y México, a raíz del llamado de Guzmán a que las autoridades mexicanas "investiguen" el presunto activismo de las FARC en la UNAM, responde a un patrón que se ha repetido en Brasil, Venezuela y Ecuador: un funcionario menor señala supuestas complicidades de esos países con la guerrilla colombiana. Después, la cancillería en Bogotá se lava las manos y al final la impresión queda. "Pero en ninguno de los incidentes anteriores en los que diplomáticos colombianos han acusado en falso a Hugo Chávez, Lucio Gutiérrez y Luiz Inacio da Silva (presidentes de Venezuela, Ecuador y Brasil, respectivamente) de ofrecer un santuario a las FARC hubo consecuencias. Cada funcionario sigue en su puesto. Lo mismo pasa en este caso. El embajador hace el trabajo sucio, Uribe lo desautoriza públicamente y bajo la mesa lo respalda".

Por ello, los miembros de Tercos por la Paz sostienen que las acusaciones del embajador pretenden "llevar el discurso antiterrorista más allá de sus fronteras y colocar en la mira de la represión" a la comunidad colombiana en México.

En el marco de la política "de seguridad democrática" de Uribe, esta "regionalización del discurso antiterrorista" sigue lineamientos de las nuevas políticas de control de Estados Unidos, que a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001 pretende estrechar la vigilancia de organizaciones civiles latinoamericanas. En el caso del presidente colombiano su intención es explícita: "al calor de la ocupación militar de Irak, Uribe ha pedido en dos ocasiones la intervención militar directa de Estados Unidos en Colombia. Es una postura que no podemos perder de vista".

En esta perspectiva, los colombianos residentes en México se sienten en la mira. "Sabemos que Guzmán, en su intolerancia, no nos traga", agrega el presidente del grupo. "Con él la interlocución es muy difícil", añade. Entre sus actividades, los miembros de Tercos por la Paz se dedican a sistematizar y analizar la información que llega desde Colombia sobre el panorama de "extrema polarización" que vive la sociedad y sobre los alcances bélicos del llamado Plan Colombia.

Este es el cuadro que pintan: "aunque el país ha estado en guerra interna durante décadas, nunca se vivió una situación límite como la actual. Las masacres de campesinos e indígenas, por uno u otro bando, no son nuevas, pero la dimensión que se vive hoy en día es desconocida. No es verdad que los grupos paramilitares estén desapareciendo; la supuesta entrega del dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) sólo fue una pantalla. En los hechos, las fuerzas paramilitares están expandiendo su control militar, económico y cultural a todo el país, incluso a las instituciones."

Añaden: "el próximo 20 de julio podría quedar reformada la Constitución con el acta 223, que hará irreversibles las consecuencias del actual estado de sitio, con todo tipo de restricciones a la vida privada y a la libertad personal, lo mismo que la ley patriótica estadunidense. Esto legalizará el virtual poder militarizado que se ha impuesto en la mayor parte de las zonas rurales y que pretende incorporar a las instituciones formales el poder de los paramilitares bajo el formato de un 'ejército campesino'. La actual composición del Congreso comprende a 40 por ciento de los legisladores vinculados políticamente con las organizaciones paramilitares de derecha.

"A pesar de este embate, la presencia de las fuerzas de la sociedad civil, fragmentada y aun con sus errores, ha logrado consolidarse y crecer. A ello se debe la intolerancia". Intolerancia, remarca Mercedes Oliveros, que llegó a México en voz del embajador Guzmán.

Hoy es Tercos por la Paz el grupo que aglutina a la comunidad de oposición colombiana en México, que desde hace décadas tiene una presencia destacada en el país. En los años ochenta fue el Centro de Estudios Colombianos, después Casa Colombia y otras. La actual tiene un perfil diferente y es, sostienen sus integrantes, producto de otra realidad. La mayoría son intelectuales emigrados de distintas oleadas, de muy diversos orígenes y filiaciones políticas, y algunos hasta con 40 años de residencia en el país.

México ha sido, además, plataforma de varias de las propuestas de negociación política más importantes que se generaron en décadas pasadas, además de ser puerto seguro de miles de asilados. Llegaron en los ochenta, cuando se impuso el "estatuto de seguridad" de César Turbay Ayala, que militarizó la vida civil y produjo las primeras oleadas masivas de refugiados. Y siguieron arribando durante el conflicto abierto entre organizaciones guerrilleras y ejército con Belisario Betancur. En ese periodo se gestó la primera mesa de negociación, bajo los auspicios del Centro de Estudios del Tercer Mundo, de Luis Echeverría, que produjo un periodo de tregua entre el gobierno y las FARC con un final sangriento: más de 5 mil miembros de Unión Patriótica (UP) que se habían incorporado a la vida civil fueron asesinados en seis años. La UP tuvo en México, durante esos años, una representación política.

Con Betancur y Virgilio Barco, posteriormente, la guerra incorpora elementos más sangrientos: narcoterratenientes de ultraderecha y sus organizaciones paramilitares se traban en nuevas batallas. Este periodo concluye con la traición al acuerdo con el Movimiento 19 de Abril y el asesinato de tres candidatos presidenciales: Pardo Leal, de la UP; Carlos Pizarro, del M-19, y el liberal Luis Carlos Galán. Nuevamente México acoge a los pocos sobrevivientes, como fue el caso de Antonio Navarro Wolf.

En 1992 tuvo lugar en Tlaxcala otro de los experimentos frustrados de paz negociada entre el gobierno y la entonces llamada Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Esa mesa de diálogo tuvo corta vida, lo mismo que la coordinadora. Pero los intentos de México persistieron durante los gobiernos de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Los más recientes intentos de interlocución entre las fuerzas en conflicto tuvieron lugar ya durante la administración de Vicente Fox. El ahora depuesto subsecretario de Relaciones Exteriores Gustavo Iruegas logró mantener abiertos los canales -entre otros grupos- con las FARC hasta hace algunos meses. Estas vías resultaron útiles, inclusive vitales para el rescate de mexicanos secuestrados por la guerrilla.

Pero con el gobierno de Alvaro Uribe y los vientos de intolerancia de la era posterior al 11 de septiembre todo este entramado desapareció. Médicos y músicos, sindicalistas y defensores de derechos humanos, profesionistas de todas las ramas siguen llegando a México a tomar oxígeno o simplemente a sobrevivir. Sobre ellos gravita la falsa acusación de Luis Ignacio Guzmán.