Accedieron tras la firma de un convenio con el GDF

Liberan a sus rehenes habitantes de Xalatlaco

Amenazaban con quemar el camión de los granaderos

JOSEFINA QUINTERO E ISRAEL DAVILA REPORTERA Y CORRESPONSAL

Ayer fueron liberados los nueve policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina y el comunero de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, Fernando Castro, retenidos durante la noche del miércoles por habitantes del municipio mexiquense de Xalatlaco, a cambio de que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) se comprometiera a reconstruir 26 cabañas que fueron derribadas en el paraje de Agua Grande.

Además, en el convenio firmado por el secretario de Gobierno del GDF, Alejandro Encinas, la administración capitalina se comprometió con los comuneros a no ejercer acción penal en contra de los habitantes de Xalatlaco y a retirar los policías y al personal de la Comisión de Recursos Naturales (Corena) que resguardan la zona.

Durante la negociación, los comuneros amenazaban con incendiar el autobús donde estaban los rehenes. Para que los representantes del gobierno de la ciudad vieran que la advertencia era en serio, rociaron el camión con gasolina.

Después de los acuerdos, los inconformes tomaron en garantía el vehículo de la SSP en el cual viajaban los policías retenidos, y advirtieron que si antes del lunes el gobierno capitalino no da a conocer los nombres de los responsables de la destrucción de las cabañas, bloquearán la carretera Picacho-Ajusco y quemarán el camión.

El conflicto se originó porque personal de la Corena realizó un desalojo el martes pasado en el paraje de Agua Grande, por la presunta violación del uso del suelo, que es de conservación forestal, por lo que está prohibida cualquier construcción.

La medida provocó el enojo de los habitantes de Xalatlaco, quienes la tarde del miércoles sorprendieron en el área de las cabañas a los granaderos y al comunero y los detuvieron.

Los granaderos habían sido asignados para resguardar el predio, mientras que el comunero Fernando Castro estaba cercando parte de la zona, que, dijo, es de su propiedad.

La autoridad, impedida de actuar

Por la existencia de un conflicto agrario entre las comunidades de Santo Tomás Ajusco, Distrito Federal, y del municipio de Xalatlaco, estado de México, cualquier autoridad está impedida de actuar hasta que se resuelva el problema; sin embargo, las autoridades capitalinas decidieron cometer el atropello, señalaron los mexiquenses.

Agua Grande tiene una extensión de mil 509 nueve hectáreas y allí se encuentra el templo azteca de la comunidad, donde están 64 tumbas de sus antepasados, por lo que para los pobladores es tierra sagrada. El predio cuenta con riqueza natural, como minas de cantera y arena, ojos de agua y tres rancherías.

Los comuneros señalaron que la disputa por la tierra tiene más de 50 años: "ha sido codiciada por gente muy importante como Carlos Hank Rhon, quien el año pasado intentó adquirirla para llevar a cabo un proyecto residencial de casas habitación, justo detrás de lo que se conoce como Pico del Aguila, en pleno Ajusco".

Sobre el conflicto de límites explicaron que la tierra les pertenece y que los pobladores de Santo Tomás Ajusco quieren despojarlos. Dijeron que en 1999 obtuvieron un amparo contra la resolución del Tribunal Unitario Agrario, el cual falló en favor de la delegación política capitalina.

El asesor jurídico de la comunidad de Xalatlaco, Rafael Ruanova, señaló que los comuneros cuentan con los títulos de propiedad para demostrar la posesión de la tierra. Indicó que no existen antecedentes jurídicos del municipio porque, según el Registro Agrario, no hay papeles que comprueben la existencia de la comunidad; "no hay folio registral. ¿Entonces, cuáles son las bases de la resolución?", preguntó.

Por su parte, la Secretaría de la Reforma Agraria, en un comunicado aseguró que "se trata de un conflicto por límites, ya que Xalatlaco no acepta la resolución del Tribunal Unitario Agrario, que resolvió concederle una superficie de 169 hectáreas y considera despojo que a Santo Tomás Ajusco se le reconozcan por la misma vía más de mil 500".

En el documento se señala que los antecedentes del problema datan del 31 de agosto de 1948. Desde esa fecha las partes han promovido varios amparos. "Por ello se concluye que es un asunto cuyo curso debe continuar dentro de las instancias en las que se encuentra actualmente, de manera concreta en el Poder Judicial de la Federación".

Mientras, el presidente del comisariado de bienes comunales de Santo Tomás Ajusco, Joel Othón Peña, manifestó que presentará una denuncia penal en contra de los comuneros de Xalatlaco por el secuestro de su compañero Fernando Castro.

Señaló que la negociación del gobierno de la ciudad sólo agrava los problemas entre las entidades porque "legitima la violencia y abre la puerta a un enfrentamiento directo entre las comunidades". La invasión de tierras, advirtió, será impedida por la comunidad de Santo Tomas Ajusco, por lo que exige al gobierno de la ciudad que se respete el estado de derecho.

Por su parte, el jefe delegacional de Tlalpan, Gilberto López y Rivas, se deslindó de cualquier responsabilidad en el conflicto y reconoció que su participación se debe a la asesoría que como autoridad delegacional otorga a los comuneros de la demarcación.

Manifestó que es un conflicto agrario entre comunidades y la intervención de la Corena se debió a la violación del uso del suelo por la construcción de las cabañas