RUMBO AL 6 DE JULIO

Un enfrentamiento podría desbordar la violencia el día de las elecciones

Priístas de Ocosingo amenazan con expulsar a familia zapatista encabezada por una mujer

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis, 4 de julio. Las autoridades ejidales de Nuevo Monte Líbano (Ocosingo) y miembros de la Organización para la Defensa de Derechos Indígenas y Campesinos (Opdic) amagaron con expulsar este domingo a una familia zapatista de la comunidad, cuyos miembros ya han sido agredidos y amenazados de muerte en días anteriores. La situación es muy tensa y se teme que, coincidiendo con las elecciones, pudiera desbordarse la violencia.

La justificación para estas amenazas es que la familia de Manuela Hernández Gómez "ha perdido sus derechos ejidales", porque no hay jefe de familia (varón). No importa que ella trabaje la tierra con sus cuatro hijos Adela, José, Guadalupe y Elena (de 14, 11, 9 y 8 años de edad, respectivamente), todos nacidos en Nuevo Monte Líbano. Se tiene que ir porque es mujer. Y para colmo, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en una comunidad de inmensa mayoría priísta; de hecho, bastión de la Opdic, organización que es señalada como paramilitar y realiza agresiones contra los municipios autónomos San Manuel y Ricardo Flores Magón.

El pasado martes por la mañana, unas 150 personas llegaron al predio de Manuela Hernández con la intención de echarla en ese momento. Para sorpresa de los atacantes, todos miembros de Opdic, Manuela y otra mujer enfrentaron a la multitud machete en mano:

-Si entran aquí, aunque me maten, tenemos que ver, aunque me muera, que ustedes tienen que morir también -les dijo Manuela Hernández, según su propio testimonio.

Ese mismo día su padre, Manuel Hernández López, fue detenido, golpeado y encarcelado. Las autoridades priístas lo acusan "de defender a su hija". Otro testigo presencial relata: "Cuando lo llevaron a don Manuel, entonces dijo Mariano (Jiménez Pérez, dirigente de Opdic): 'Vamos a sacar a la Manuela, vamos a sacarlo de su casa, lo vamos a matar de una vez'. Mujeres, hombres, niños, como 150, llegaron a decirle a Manuela que se saliera de esa casa.

"Y cuando ya estaban entrando en ese solar, salió Manuela y se defendió con machete y con palo. Querían entrar en su casa para sacarla. Dijeron que iban a quemar las casas de Manuela y de su papá. 'Acabemos con todos ellos', gritaba la gente. Manuela no tuvo miedo. Los enfrentó. Los atacantes salieron huyendo. Todo esto antes de mediodía", prosigue el testimonio.

Hacia las 19 horas se reunieron en la casa comunal de Nuevo Monte Líbano el comisariado ejidal Sebastián Hernández Núñez, el agente auxiliar, el consejo de vigilancia Lauro Méndez Pérez, y muchos más. "Como 20, entre ellos Mariano Jiménez Pérez. Sólo autoridades se juntaron. Cuando salieron de la junta a las 9 de la noche, estaban diciendo que 'mañana va a haber carne'", refiere el mismo testimonio.

Posteriormente, las autoridades ejidales pusieron como plazo para que Manuela y sus familiares abandonen la comunidad el domingo 6 de julio. De no ser así, cumplirán las amenazas y quemarán sus propiedades. Manuel Hernández López, de 55 años, permaneció en la cárcel hasta el día 3, con golpes tan severos que, según su esposa, "no podía comer".

El gobernador Pablo Salazar Mendiguchía fue notificado de la situación el 3 de julio por el Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, de Ocosingo. Por medio de una carta, el coordinador del organismo humanitario, Manuel Hernández Pérez, solicita "la pronta intervención de la máxima autoridad del estado para un asunto de absoluta gravedad", y recomienda las siguientes medidas cautelares: "Que el gobierno establezca comunicación telefónica o personal, a la brevedad posible, con las autoridades de Nuevo Monte Líbano, para disuadirlas de olvidar las amenazas de desalojo o cualquier otra acción que pueda generar violencia". Y que el mismo gobierno "solicite la intervención del diputado estatal Pedro Chulín Jiménez, en su calidad de miembro y ex dirigente de Opdic, para que a su vez intervenga ante las autoridades del ejido".

El día de hoy, Chulín Jiménez (miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura local) fue notificado personalmente por un familiar de Manuela en la ciudad de Ocosingo. También se avisó por escrito a las secretarías de Gobierno y Pueblos Indios, al Instituto de la Mujer, al Ministerio Público, a la Agencia Estatal de Investigaciones y la Opdic. Al cierre de esta edición, ni el gobernador ni las demás instancias habían reaccionado.

Las agresiones contra Manuela Hernández comenzaron en abril. A principios de mayo, el señor Mariano Jiménez "pasó por la parte de atrás de la casa de Manuela, diciendo que ella y sus hermanos seguro se van a morir, que les va a echar bala". Posteriormente, "varias personas de la Opdic cortaron a machetazos la huerta de Manuela, que tenía plátano, chile, naranja, aguacate y otras plantas que sembró para alimentar a sus hijos".

Desde el 27 de mayo, el centro de derechos humanos solicitó al agente auxiliar municipal Humberto Jiménez Pérez "que hiciera conscientes a los miembros de Opdic" de los derechos y garantías de la familia asediada. Asimismo, a principios de junio se informó del problema al actual presidente de Opdic, Carlos Moreno Hernández.

Nuevo Monte Líbano es vecino a la base militar y la comunidad de Monte Líbano, en la entrada de la cañada de Taniperla, en las inmediaciones de Montes Azules. Desde que llegó el Ejército federal en 1995 se ha denunciado la existencia de paramilitares en la región. La hostilidad contra zapatistas y organizaciones independientes se agudizó en 1998, al ser "desmantelado" el municipio autónomo Ricardo Flores Magón, cuya sede era entonces Taniperla.

En Monte Líbano se instalarán urnas electorales este domingo. Según los observadoras civiles, todo está montado para una provocación.