Asociaciones esperan que el gobierno mexicano ahora sí proteja a indocumentados

Celebra la sociedad civil entrada en vigor de la Convención de Derechos de los Migrantes

ALMA E. MUÑOZ

Tras la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, decenas de agrupaciones humanitarias externaron su confianza en que realmente se brinde reconocimiento a la personalidad jurídica de los migrantes y, en el caso de México, los acuerdos adoptados se incluyan en la interpretación de leyes y resoluciones judiciales para que, al igual que el resto de las naciones firmantes, dé cuenta sobre los cambios legislativos realizados en la materia.

Las organizaciones consideran que el instrumento es "un paso decisivo" para establecer definiciones y mecanismos de protección en favor de los indocumentados y la oportunidad de que sus familiares tengan derecho a un nombre, a ser registrados y puedan acceder a la educación. Para las organizaciones civiles, la convención se convierte en una "herramienta más para analizar las condiciones bajo las cuales los migrantes y sus familias viven, así como las situaciones que enfrentan tanto en sus países de origen como en los de tránsito y destino", pero sobre todo establece por primera vez una definición internacional para estos trabajadores, ya sean regulares o irregulares, y les concede "igualdad de trato" en materia de empleo, así como en diversas áreas: jurídica, política, económica, social y cultural.

Insistieron en que independientemente de su situación migratoria, se les brinda el derecho a regresar a su lugar de origen y a tener acceso a tribunales, además de protegerlos para que no realicen trabajos forzosos o se les destruyan o confisquen documentos de identidad, residencia, permisos de estancia y de trabajo, entre otros.

Las agrupaciones confiaron en que el gobierno mexicano, después de la firma de esta convención, realmente promueva y defienda los derechos humanos de los migrantes mexicanos y de quienes ingresan a territorio nacional, ya sea para dirigirse a Estados Unidos o para permanecer en él. También, que el Ejecutivo establezca los mecanismos nacionales intersectoriales -como se comprometió- para que la sociedad civil participe "de manera efectiva" en el diseño de las actividades, la homologación legislativa pertinente y la evaluación de los avances.

Entre las agrupaciones que firmaron el documento, como parte del llamado Foro Migraciones, conformado en marzo de 2001, se encuentran: los centros de derechos humanos Fray Matías de Córdova, Miguel Agustín Pro Juárez y Tepeyac, del Istmo de Tehuantepec; los albergues Belén y Del Desierto; Casa del Migrante; Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos; Centro de Apoyo al Trabajador Migrante; Equipo Diocesano de Pastoral Migratoria San José; Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo; Bufete de Asesoría Jurídica Laboral; Cáritas, arquidiócesis de México; Centro Mexicano por la Filantropía; Sin Fronteras; Comisión Episcopal para la Movilidad Humana, y la arquidiócesis de Jalapa, además de académicos y religiosos, como el obispo emérito Arturo Lona Reyes.