Kirchner rechaza dar un solo paso atrás en la depuración de los poderes del Estado

Argentina anulará decreto que impide extraditar militares: fuentes oficiales

Hay preocupación en las fuerzas armadas por los cambios que se anunciarían en breve

AFP, REUTERS Y DPA

Buenos Aires, 3 de julio. El gobierno argentino está a punto de derogar el decreto que traba la extradición de militares a países que los juzgan por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura (1976-1983), revelaron hoy fuentes gubernamentales a la prensa.

La secretaria de Derechos Humanos de la cancillería, Alicia Oliveira, expresó en declaraciones radiales que el gobierno "debe cumplir con las obligaciones internacionales en materia de juzgamiento de violaciones a los derechos humanos".

Fuentes del Ministerio de Defensa y de las fuerzas armadas consultadas por Afp coincidieron en señalar que la decisión final, no obstante, está en manos del presidente Néstor Kirchner, "independientemente de que parece un hecho que se derogará el decreto".

La anulación de la norma firmada por el presidente Fernando de la Rúa en 2001 dejaría en manos de los jueces la decisión de aceptar o no las peticiones de extradición. Los magistrados deberán evaluar si los delitos por los que son solicitados ya fueron juzgados o perdonados en Argentina.

Una fuente de Defensa reconoció que "hay preocupación en las fuerzas armadas, pero hay que circunscribirla a un sector de la conducción y a influyentes militares retirados que se sienten afectados por la eventualidad de que el gobierno libere a la justicia para que pueda hacer citaciones sin límites".

El tema volvió a ser discutido en días pasados, cuando se concretó el proceso de extradición de México a España del ex marino Ricardo Miguel Cavallo, acusado de terrorismo y genocidio por el juez Baltasar Garzón, quien ha pedido a Argentina la extradición de medio centenar de militares represores de la dictadura, la cual dejó 30 mil desaparecidos.

Esta decisión subraya, según analistas, la audacia política de Kirchner, quien removió la cúpula de las fuerzas armadas para dejar a militares que no actuaron durante la dictadura, y además ha iniciado una campaña contra la corrupción.

También encaja con la medida de Kirchner, quien asumió el 25 de mayo, de impulsar en el Congreso juicios políticos contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia que han sido acusados de corrupción o mal desempeño de sus funciones.

Precisamente, un proceso de juicio político a Eduardo Moliné O'Connor, cuestionado integrante de la Corte, se inició este jueves en el Parlamento. Moliné es considerado el verdadero mentor de la llamada "mayoría automática", que durante la década de los 90 respaldó todas las decisiones del ex presidente Carlos Menem (1989-99), quien aumentó de cinco a nueve el número de miembros del tribunal para designar allegados. La presidencia de la Corte está vacante desde la renuncia de Julio Nazareno el 27 de junio, cuando era inminente su juicio político.

De su lado, la gobernación peronista de la provincia de Buenos Aires, la más poblada y violenta del país, relevó este jueves al jefe de su cuestionada policía, Alberto Sobrado, quien se habría negado a apoyar una investigación sobre el patrimonio de los directivos de la fuerza de seguridad, ya que poseería una cuenta bancaria por 350 mil dólares en las Bahamas, cuya procedencia no podría justificar.

En este contexto, Kirchner sostuvo este jueves que no dará un solo paso atrás en su afán por depurar los poderes del Estado, y pidió a los argentinos que lo ayuden "a construir una nación donde se termine con la corrupción y se premie el trabajo".

En un discurso ante los obreros de la planta automotriz de Peugeot en la periferia de la provincia de Buenos Aires, el mandatario señaló que la "recuperación de la economía es paulatina y muy buena", mientras firmaba autógrafos y recibía muestras de afecto de unos 750 operarios, quienes lo vitorearon.

En tanto, Argentina sumó un nuevo juicio en su contra en los tribunales arbitrales del Banco Mundial, al ser acusada por la poderosa firma española Telefónica de congelar las tarifas después de la devaluación. El aumento de tarifas de servicios públicos, privatizados durante el menemismo, es uno de los reclamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un nuevo acuerdo de reprogramación de la deuda.

La demanda fue difundida el mismo día en que se conoció un documento interno del FMI sobre Argentina, que "dedica un escéptico capítulo a la situación de las empresas privatizadas de servicios públicos", según el diario El Cronista.

En este contexto, el gobierno anunció hoy la puesta en marcha de una comisión encargada de analizar y renegociar 61 contratos de concesión de servicios públicos.