Analiza el gobierno indemnizar a víctimas de Pinochet

Instan a militares chilenos a revelar participación en ejecuciones ilegales

ENRIQUE GUTIERREZ CORRESPONSAL Y AGENCIAS

Santiago, 30 de junio. Políticos y abogados en causas de violaciones a los derechos humanos pidieron hoy a los militares retirados y activos que confiesen a la justicia su participación en ejecuciones y exhumaciones ilegales, a fin de que los delitos cometidos durante la dictadura del general Augusto Pinochet no queden impunes.

La petición fue hecha a raíz de las declaraciones de un oficial retirado, Eliseo Cornejo, quien relató al diario El Mercurio la forma en que fueron ejecutadas y sepultadas 21 personas detenidas en el Palacio de La Moneda el 11 de septiembre de 1973, el día en que Pinochet encabezó un golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende.

El testimonio se conoció mientras el gobierno del presidente Ricardo Lagos prepara una propuesta que entregará al Parlamento para otorgar una reparación a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Cornejo, quien es procesado por la justicia, narró que los funcionarios de distintos rangos de la administración de Allende fueron fusilados con las manos esposadas y enterrados en una fosa común, de la cual fueron exhumados en diciembre de 1978 para borrar evidencias.

Dirigentes políticos y abogados coincidieron en que la confesión de Cornejo debe ser imitada especialmente por los altos jefes militares que ordenaron las ejecuciones, tras advertir que éstos, a su vez, obedecieron instrucciones del propio Pinochet, quien gobernó hasta 1990.

"El responsable es Pinochet. Todo se hacía con conocimiento absoluto de él", afirmó la presidenta del Partido Comunista, Gladys Marín, cuyo esposo, Jorge Muñoz, integra la lista de más de un millar de desaparecidos.

Para el jurista Nelson Caucoto, representante de familiares de víctimas de la dictadura, Pinochet es el responsable directo de las exhumaciones para borrar todo rastro de los desaparecidos.

El abogado Hugo Gutiérrez, uno de los ocho juristas que llevó a juicio a Pinochet hasta que la Corte Suprema lo liberó de cargos al argumentar demencia, en julio de 2002, sostuvo que "esta nueva información de que se habrían removido los cuerpos que ya habían sido exhumados de manera ilegal, es de relevancia jurídica".

Por otro lado, la primera sala de apelaciones de Valparaíso rechazó la libertad provisional que solicitó la defensa de cinco ex oficiales de la armada, procesados por secuestro calificado en la causa de desaparición del militante socialista Jaime Aldoney, el 12 de septiembre de 1973 tras ser arrestado y trasladado a una base aeronaval de esta ciudad.

Mientras, el obispo luterano Helmut Frenz declaró hoy ante el juez Jorge Zepeda en un caso por la desaparición del sacerdote católico español Antonio Llido, ocurrida en 1974. Frenz habló de la entrevista que sostuvo en ese entonces con Pinochet para consultarle sobre el paradero de Zepeda, de quien le mostró una fotografía, pero la respuesta del entonces mandatario fue que "ese no es cura, ese es terrorista, hay que torturarlo porque de otra manera no cantan".

Por eso, Frenz consideró que el ex dictador debió tener información sobre el paradero de Zepeda.