La guerra en Irak y el Prestige, apenas mencionados

Entre fuertes críticas, Aznar presenta su último informe de gobierno

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 30 de junio. El presidente del gobierno español, el derechista José María Aznar, presentó hoy en medio de un ambiente de crispación y de acusaciones su último informe de gobierno, en una sesión parlamentaria que se prolongó más de diez horas. Al abrir por última vez el debate anual sobre el estado de la nación, Aznar anunció que en marzo próximo se llevarán a cabo las elecciones generales y enumeró lo que consideró sus logros.

Pero la mayoría de las formaciones de oposición acusaron a Aznar de "mentir de forma sistemática" en asuntos como la invasión a Irak o el desastre ecológico provocado por el hundimiento del Prestige, temas que el jefe del Ejecutivo apenas mencionó en un discurso que fue calificado de triunfalista, y la izquierda caracterizó al mandatario como "franquista".

El líder conservador, quien ya había anunciado que no se presentará a las elecciones generales de marzo del próximo año, hizo un repaso de su actuación al frente del gobierno desde 1996, cuando accedió por primera vez al poder después de unos comicios que le otorgaron mayoría simple, lo que le obligó a pactar con los nacionalistas catalanes y vascos. En 2000, Aznar logró un triunfo aplastante que le concedió la mayoría absoluta y que provocó, según los partidos de oposición, la radicalización de su ejercicio y la imposición de reformas que antes exigían el consenso entre las fuerzas parlamentarias.

El mandatario español centró una buena parte de su discurso en el "buen estado" de la economía española, al destacar el sostenido crecimiento -que se ha mantenido en 3.4 por ciento durante los últimos tres años- y la reducción de la tasa de desempleo, que pasó de 15 a 11 por ciento.

También elogió las reformas más polémicas que impulsó su gobierno, como el llamado decretazo para una reforma laboral, que provocó la huelga general del 20 de junio del año pasado convocada por sectores sindicales que acusaron que ésta buscaba "abaratar el despido"; así como las reformas en materia educativa, en las que se decretó que la religión fuera una materia tan importante como matemáticas, además de hacerla obligatoria.

Anunció además que ya no habrá cambios en el modelo del estado de las autonomías, rechazando la propuesta del Ejecutivo vasco, al tiempo que afirmó que su gestión ha fortalecido "la cohesión social y territorial de España". Desde el principio de su discurso habló sobre el grupo armado vasco ETA, advirtiendo que lo que "espera a los terroristas es el desmantelamiento de su entramado, la certeza estadística de que serán detenidos, y el cumplimiento efectivo de las penas impuestas".

La izquierda lo acusa de mentiroso y franquista

Al referirse, aunque someramente, a los asuntos más espinosos de la última legislatura, justificó el apoyo de su gobierno a la invasión a Irak al señalar que su tarea había sido la de "velar por el cumplimiento de la legalidad internacional"; sobre su criticada gestión en el caso del hundimiento del Prestige, sostuvo que el "gobierno aprobó medidas inmediatas para paliar los daños a los afectados".

El primero en responder a Aznar fue el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien le señaló: "su gobierno es autoritario, ineficaz y usa la mentira como argumento para hacer política", declaración que Aznar consideró, a su vez, como propia de "un chismorreo de barrio".

Zapatero también acusó al gobernante Partido Popular (PP) de estar implicado en la trama de corrupción que sufre la Comunidad de Madrid desde hace varias semanas, una vez que dos diputados socialistas fueron supuestamente comprados por empresarios y dirigentes políticos vinculados a la formación de Aznar, quien negó rotundamente las acusaciones.

Posteriormente le tocó el turno al líder de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien utilizó el tono más crítico contra el mandatario, al afirmar en la tribuna: "yo creía, señor Aznar, que usted tenía un cliché conservador, pero en realidad lo que tiene es un cliché franquista. Sí, es usted un franquista, señor Aznar, porque ha tratado a mi formación política como no lo hacían desde la época de los azules -los falangistas-, además de que me preocupa que desde sus filas piensen que me insultan llamándome maricón".

El dirigente comunista y republicano se refirió al insulto que recibió cuando tomó la palabra en la sesión desde las filas de los diputados conservadores, en la que se gritó en varias ocasiones: "cállate, maricón".

"Si usted, señor Aznar, tiene una historia vinculada al régimen franquista, la nuestra está en la lucha por las libertades en este país y por eso, IU tiene todo el derecho para valorar y criticar su política ultraconservadora, antisocial y antiecológica", afirmó Llamazares, quien también acusó al mandatario de "mentir" en su comparecencia sobre Irak y el desastre del Prestige.

Sobre el calificativo de "franquista", Aznar se limitó a contestar que "nosotros, en el PP, despreciamos absolutamente esos insultos: usted nos puede llamar lo que quiera, que si franquistas o no sé qué, pero eso simplemente lo despreciamos, ya que su discurso político, de una persona que se define como comunista, no lo reconozco en lo que representa ninguna superioridad moral e ideológica frente a ningún diputado del Partido Popular".

Desde las filas de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió se reprochó a Aznar que con actitudes "cercanas a la prepotencia" haya desarrollado una "política recentralizadora destinada a laminar el poder de las comunidades autónomas", mientras que el vocero del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti, también le recordó a Aznar su pasado franquista, le reprochó que a pesar de haber prometido hace siete años acabar con ETA no lo haya logrado, pero en cambio sí haya provocado "una crisis política" en el País Vasco.

En este asunto, hoy la directiva de la Cámara vasca ratificó que se encuentran en la "imposibilidad legal" de cumplir con la exigencia de la justicia española, que pidió ya dos veces la disolución del grupo parlamentario Socialista Abertzaleak (SA), la formación heredera de la ilegalizada coalición Batasuna. La llamada Mesa parlamentaria explicó en un comunicado que no tiene "el propósito de lanzar ningún reto al estado de derecho, pero hay que entender que la autonomía de organización y funcionamiento de los legislativos, así como su reglamento, deben ser respetados por todos los poderes".