Satisfacción y esperanza de organizaciones de derechos humanos en Buenos Aires

La extradición abre la puerta para juzgar a otros 98 militares argentinos

NOTIMEX

Buenos Aires, 29 de junio. Organizaciones argentinas de derechos humanos aseguraron hoy aquí que la extradición de Ricardo Miguel Cavallo desde México a España alienta su trabajo y se suma a la promesa del gobierno argentino de juzgar a más militares.

Dijeron que el caso sentó un importante precedente internacional, porque abrió la puerta para juzgar a 98 militares argentinos que tienen pedidos de captura en el extranjero, y a otros mil 108 amparados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

La presidenta de la agrupación argentina Madres de la Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo este domingo a Notimex: ''Tenemos una esperanza prudente'', tras la extradición de Cavallo a España, concretada el pasado sábado desde la ciudad de México. Cortiñas se refiere a las expectativas abiertas por el gobierno del presidente Néstor Kirchner, quien a diferencia de sus antecesores no trató de intervenir para evitar la extradición de Sérpico para ser juzgado en tribunales españoles.

Además recordó que Kirchner les aseguró que está en marcha la derogación del decreto que hasta ahora impide la extradición de 98 militares argentinos a los que se siguen juicios por delitos de lesa humanidad en Suiza, Italia, Francia y España.

''Eso sería muy importante para terminar con la impunidad contra la que siempre hemos luchado'', señaló la dirigente de la histórica agrupación humanitaria argentina.

La salida de Cavallo de México satisfizo a las organizaciones que se formaron a raíz de las violaciones cometidas durante la última dictadura militar argentina. Todavía temían que el represor de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) pudiera hacer un último intento por ser trasladado a Argentina y tratar de gozar de impunidad en este país gracias a la legislación vigente.

Una de las testigos citadas en los expedientes con que cuenta el juez español Baltasar Garzón para juzgar a Sérpico en España, Cristina Muro, señaló que ''de haber venido a Argentina, lo único que podríamos haber esperado era impunidad''.

Muro conoció al represor el 5 de febrero de 1977, cuando Cavallo allanó su casa y le dijo, cara a cara, que tenía encerrado a su marido, Alberto Chiappolin, tras lo cual la golpeó junto a su bebé recién nacido.

La mujer argentina nunca más volvió a ver a su esposo y desde entonces se unió a la Asociación de Familiares de Desaparecidos.

Reconoció que siguió muy de cerca el caso, ''porque muestra que la justicia internacional es posible y que por lo menos uno de los miles de asesinos de la dictadura argentina podrá ser juzgado''.

El dirigente de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos, Carlos Lordkipanidze, otro de los testigos en contra del represor, respiró satisfecho la víspera cuando vio por televisión el arribo de Cavallo a España.

Detenido en la ESMA durante dos años seis meses, a partir de noviembre de 1978, Lordkipanidze vio cómo Sérpico torturó a dos mujeres, una de ellas ciudadana española, situación que describió ante Garzón.

Aunque no esconde su satisfacción por la extradición advierte que aún ''no se pueden echar campanas al vuelo'' porque la lucha por la defensa de los derechos humanos en Argentina tiene un largo camino. Precisó que falta un paso fundamental: la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, emitidas por el ex presidente Raúl Alfonsín (1989-1999).

Dichas leyes permitieron que únicamente fueran juzgados los mandos máximos del Ejército y no el resto de los subordinados bajo el argumento de que sólo habían obedecido a sus superiores. Lordkipanidze acepta que con Kirchner ''hay un cambio de panorama'' respecto a sus antecesores, quienes se caracterizaron por impulsar el perdón y el olvido hacia los crímenes de la dictadura.

El dirigente de Hijos por la Verdad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Demián Morales, coincidió en que la detención y extradición de Cavallo fue todo un logro. Sin embargo aclaró que ni eso ni la derogación del decreto que impide la extradición de militares, ni la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad podrán achacarse ''como un favor de ningún gobierno''.