Más de 2 mil personas marchan de Atoyac al vado del crimen

Exigen justicia, a 8 años de la matanza de Aguas Blancas

Reprochan deudos que Rubén Figueroa Alcocer siga libre

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benitez, 28 de junio. Cuatro grupos que reivindican el nombre de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) recordaron el octavo aniversario de la matanza de campesinos en el vado de Aguas Blancas y exigieron castigo para los responsables, entre ellos el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer y funcionarios de su gobierno.

Poco más de 2 mil personas de diversas organizaciones sociales, como el Frente Democrático Popular Francisco Villa, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesores de las secciones 9 y 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y campesinos marcharon desde las afueras de Coyuca hasta el vado de Aguas Blancas, donde hace ocho años, más de 400 policías del estado detuvieron a balazos el camión en que decenas de campesinos se dirigían a Atoyac para participar en una marcha, con un saldo de 17 muertos y 23 heridos.

El fundador de la OCSS, Benigno Guzmán, ex preso político acusado de ser el dirigente del Ejército Popular Revolucionario (EPR), cabeza de un grueso contingente que lo diferenciaba del grupo que liderean los Mesino, Hilario y Rocío, dijo: "con nuestra presencia en este lugar estamos exigiendo justicia, que se encarcele al entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, al ex procurador de Justicia Antonio Alcocer, al ex secretario general de Gobierno Rubén Robles Catalán, al ex director de Gobernación estatal Rosendo Armijo de los Santos, al ex director de la Policía Judicial del Estado Gustavo Olea Godoy y al subsecretario de Finanzas, conocido como el hombre del maletín negro, por que se dedicaba a comprar conciencias, el actual senador del PRI Héctor Vicario Castrejón, quienes andan libres y no han sido castigados".

Sobre la división interna de la agrupación, dijo, "nosotros seguimos conservando el nombre de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y la parte más combativa de este municipio es Tepetixtla, cuna del organismo, donde muchos compañeros murieron con el nombre de la OCSS, y tenemos también compañeros desaparecidos, como Gilberto Romero Vázquez y Benito Bahena Maldonado, desaparecidos el 20 de junio de l997 y hasta ahora no sabemos nada de ellos".

Aseguró que muchos de sus compañeros están en la cárcel y han dado su vida, como Gilberto Aguirre Bahena, Salomé Aguirre Bahena y Joviel Rafael Ventura.

En la ceremonia luctuosa, que concluyó con un mitin del grupo que encabezan los Mesino, estuvieron presentes algunos familiares de los asesinados, entre ellos Paula Mendoza Téllez, Sofía Ventura, Isabel Gallardo Pastrana y Martina Reza Andrade. Fue notable la ausencia de la viuda Paula Galeana Balanzar, quien se encuentra desaparecida, y según versiones periodísticas fue ejecutada por el EPR.

Los contingentes, entre ellos el de los hijos de Joviel Ventura, sobreviviente de la matanza y preso en el Cereso de Acapulco, acusado de secuestro y portación de armas de uso exclusivo del Ejército y la Armada, quienes en una manta exigían la libertad de su padre, se disolvieron después del mitin.

Parálisis de la PGR, denuncian ONG

Organismos civiles y defensores de derechos humanos denunciaron "parálisis" en las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la matanza de campesinos en Aguas Blancas, hace ocho años, y afirmaron que esta situación garantiza la impunidad del ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien de acuerdo con una investigación realizada en 1995 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es acusado de ser "autor intelectual de graves violaciones a las garantías individuales" de 17 campesinos.

Edgar Cortez, presidente de la Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que así como la SCJN resolvió favorablemente la extradición del ex militar argentino Ricardo Miguel Cavallo, la máxima instancia de justicia del país debería atraer también los casos de Aguas Blancas y el asesinato de Digna Ochoa para su "resolución definitiva".

Por su parte, Rosario Ibarra, fundadora de la organización Eureka, expuso su desconfianza ante las acciones que lleva a cabo la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, instancia a la que calificó como "monigote que no responde a las expectativas" de justicia de las organizaciones civiles de defensa de derechos humanos.

Por separado, Julio Mata, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos (Afadet), afirmó que "Rubén Figueroa tiene todavía un gran poder y está obstruyendo la investigación" sobre la matanza de Aguas Blancas. El activista indicó que el riesgo por el retraso en las indagaciones es que "el Estado mexicano está convirtiéndose en cómplice de la matanza".

La Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) sostuvo que a ocho años de los acontecimientos en el vado de Aguas Blancas, "la PGR no da señales de un avance significativo en las investigaciones, ni mucho menos se vislumbra la posibilidad de sancionar al ex gobernador Rubén Figueroa".

El 14 de agosto de 1995, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 104/95, en la que documenta que el 28 de junio de 1995 diversos funcionarios del gobierno de Guerrero violaron las garantías individuales de 17 campesinos en Aguas Blancas, mientras que la SCJN concluyó, el 23 de abril de 1996, luego de una investigación ordenada por el presidente Ernesto Zedillo, que "Rubén Figueroa es el autor intelectual de graves violaciones a las garantías individuales en la matanza de Aguas Blancas". Por ese hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al gobierno mexicano -según oficio con fecha 30 de septiembre de 1997- sancionar a los funcionarios involucrados.

De acuerdo con Mata, la PGR "evade" su responsabilidad en la investigación de la masacre e intenta regresar a su delegación en Guerrero, pese al compromiso asumido por el presidente Vicente Fox, en julio de 2001, de sancionar a los responsables

Integrantes de la Afadet y la Limeddh informaron que el pasado 25 de junio solicitaron una audiencia con el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, para plantear sus inquietudes sobre el curso de las investigaciones, sin embargo, de acuerdo con ambas organizaciones, no fueron recibidos por el funcionario.

Hasta la fecha, la PGR ha recibido tres denuncias por el caso Aguas Blancas, dos interpuestas por sobrevivientes de la matanza y una tercera a cargo de María de la Luz Núñez Ramos, entonces presidenta del municipio de Coyuca de Benítez, donde sucedieron los hechos.