Hay indicios de ilegalidad en la forma en que opera el área de la electricidad

Llaman en la Corte a superar lagunas jurídicas

JESUS ARANDA

El dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinó la inconstitucionalidad del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, expedido por el presidente Vicente Fox, reveló la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle para superar lagunas jurídicas que "al menos" señalan indicios de ilegalidad en la forma en que opera el sector de la electricidad.

Fuentes del máximo tribunal comentaron lo anterior y aclararon que su participación en el tema ya terminó al resolver la citada controversia. Los ministros sólo podrán fijar una postura sobre la rectoría del Estado en la generación y venta de energía eléctrica cuando la Corte conozca de un recurso legal en la materia.

La SCJN declaró el 25 de abril del año pasado la inconstitucionalidad del reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, por considerar que el Ejecutivo invadió la esfera de competencia del Congreso; sin embargo, en aquel entonces el máximo tribunal dio cuenta de la existencia de algunos otros elementos que permitían presumir la inconstitucionalidad del contenido del reglamento.

Como la ley en materia de controversias constitucionales impide a los integrantes del pleno "ir más allá" del conflicto planteado, los ministros que consideraban que el ordenamiento era ilegal tuvieron que guardar sus comentarios para el futuro.

Si hacían público un punto de vista relativo a la rectoría del Estado en materia eléctrica, en caso de que la Corte conociera de algún caso relacionado con el tema el ministro que hubiera fijado una postura previa se vería impedido legalmente para analizar y votar el asunto.

En aquel tiempo la Corte dejó en claro que el Ejecutivo no está facultado para permitir a la iniciativa privada producir cualquier cantidad de flujo de energía eléctrica con la finalidad última de vender el fluido. Los ministros coincidieron en que la nacionalización de la industria productora de electricidad se fundamentó en que ésta se genera "con recursos naturales que son propiedad de la nación, sobre todo el agua y los hidrocarburos", por lo que el país los explotaría directamente para producir energía.

Guillermo Ortiz Mayagoitia agregó en la sesión del pleno: "Curiosamente, 42 años después, ante este mismo móvil de satisfacer los requerimientos de hogares, oficinas, comercios e industrias, frente a una población que rebasa los alcances actuales de la Comisión Federal de Electricidad, se hace indispensable la participación de la iniciativa privada en la generación de este fluido, con las condiciones que señala la ley, y entonces aquí hay un cambio de posicionamiento radical".

Adelantó que aun cuando lo establecido por el decreto resolvería las necesidades eléctricas del país, ello representaba "un choque frontal entre lo dispuesto por el artículo 27 constitucional y las disposiciones reglamentarias".