Herrerías presentó un paquete de reformas para la Monumental Plaza México

Llamará el GDF a los dueños de derecho de apartado a discutir el reglamento

También serán convocados los ganaderos, encabezados por Adolfo Lugo Verduzco

LUMBRERA CHICO

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) aceptó revisar el Reglamento Taurino vigente en la ciudad de México, una vez que a lo largo de la semana que terminó ayer la empresa Plaza México SA, la Asociación Nacional de Matadores de Toros, la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros y la Asociación Mexicana de Empresas Taurinas (AMET) -las cuatro bajo el control unánime y unívoco de Rafael Herrerías- entregaron un anteproyecto de reformas a en la materia la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Como "gesto de buena voluntad", Alejandro Encinas, secretario de Gobierno, recibió el documento en un encuentro privado, pero antes de considerar las iniciativas que contiene, convocará a participar en el debate la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia, presidida por el ganadero de Huichapan y ex gobernador de Hidalgo Adolfo Lugo Verduzco.

Asimismo, invitará a quienes de una forma o de otra organizan espectáculos taurinos en la capital del país -como Jesús Arroyo, propietario de la placita Antonio Velázquez, en la conocida megachicharronería de Insurgentes Sur-, y desde luego a la Comisión Taurina, que dirige Carlos Mendoza Aupetit.

Uno de los aspectos más creativos de la decisión asumida por Encinas es que se llamará a participar en la polémica a los tenedores de derecho de apartado de la Monumental Plaza Muerta (antes México), reconociéndoles así el carácter de verdaderos "patrocinadores" de la fiesta brava en el coso más grande del mundo, ya que gracias a ellos, con el dinero que aportan año con año se sustenta la temporada de invierno.

Pese al hermetismo de las fuentes conectadas con el despacho de Encinas -según las cuales éste "ni siquiera leyó" el documento presentado por Herrerías-, en diversos círculos se asegura que las reformas sugeridas por el cacique de Mixcoac pretenden la aprobación de un nuevo reglamento que faculte al "empresario" a hacer y deshacer a su antojo.

Por ejemplo, que sea suprimida la clásula que faculta al jefe de Gobierno a nombrar a los jueces de plaza, atribución que recaería en manos del cacique de Mixcoac. Este, a la luz de otra de las enmiendas que está impulsando, tendría plenos derechos para sustituir a los toros del encierro en el curso de una corrida, aunque éstos hubieran sido reseñados y aprobados por la autoridad.

En otras palabras, si López Obrador promulgara el nuevo reglamento que desea el gerente de Plaza México SA, Herrerías estaría en las taquillas vendiendo las entradas para cada festejo; en el palco del juez dirigiendo la lidia, manejando a la policía y repartiendo o negando orejas a su conveniencia; pero también en el callejón del redondel, supervisando el comportamiento de apoderados, mozos de estoque, periodistas de radio y televisión, etc., y en el rastro, haciendo los exámenes posmorten para comprobar la edad de las reses y el estado de los cuernos. Para decirlo pronto, concretaría su vieja aspiración de hacer de la fiesta brava un negocio privado y no un espectáculo público.

Los tropiezos de Cantú

En 1987, durante la regencia de Ramón Aguirre Velázquez y la presidencia de Miguel de la Madrid, el Reglamento Taurino del Distrito Federal fue modificado a propósito para quitarle la Plaza México al legendario doctor Alfonso Gaona, que llevaba casi cuatro décadas administrándola. Diez años más tarde, poco antes que Cuauhtémoc Cárdenas asumiera el primer gobierno capitalino democráticamente electo desde 1925, fue aprobado el reglamento actual.

Para ello, el empresario Guillermo H. Cantú, que entonces presidía la Comisión Taurina, intentó sin éxito, en 1995 y 1996, convocar a Alfredo Leal -que era líder de la Asociación de Matadores-, a Beni Carmona -que dirigía la Unión de Picadores-, a José Julián Llaguno, representante de los ganaderos, y a David Clemente, que era titular de la AMET, a enfrascarse en el análisis de la normatividad vigente. Pero nadie lo tomó en serio.

Inspirado, según sus críticos, en la ambición de quedarse con la México, Cantú eliminó del anterior reglamento la cláusula que señalaba los motivos por los cuales podía ser revocada la licencia de funcionamiento de la plaza al empresario en turno.

Esta medida, a la postre, acabaría por consolidar la antojadiza gestión de Herrerías que se prolonga hasta hoy. Por lo pronto, lo interesante será saber cómo Alejandro Encinas convocará a los dueños del derecho de apartado.