Hipótesis señala que es una venganza política por realizar sátiras del gobernador

Investiga derechos humanos detención y presunta tortura de activista en Yucatán

LUIA A. BOFFIL GOMEZ CORRESPONSAL

Merida, Yuc., 22 de junio. La Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) investiga la detención y presunta tortura del activista Hernán Novelo Sosa, representante de la organización Unión Lésbica Gay (ULG) en la entidad, y el conflicto que mantienen comerciantes del mercado principal de Mérida con autoridades del ayuntamiento, quienes se inconformaron con un fallo concedido en favor de los primeros por juzgados federales.

El caso más reciente es la detención, la semana pasada, de Novelo Sosa por elementos de la Agencia Federal de Investigación, dependiente de la PGR, bajo la supuesta acusación de tráfico de enervantes.

El defensor de los derechos humanos en Yucatán fue remitido a instalaciones de la PGR, donde presuntamente fue torturado y posteriormente procesado penalmente, no obstante que los policías no mostraron pruebas sobre el tráfico de drogas.

Sergio Salazar Vadillo, titular de la Codhey, anunció que una de las primeras líneas de investigación que se siguen es que Novelo Sosa sería víctima de una venganza política debido a que él y su grupo de compañeros escenifican sátiras teatrales donde aluden al mandatario estatal, Patricio Patrón Laviada, y a la alcaldesa de Mérida, Ana Rosa Payán Cervera. Esto es por lo menos parte de la hipótesis de la ULG.

Por otra parte, la Codhey emitió un dictamen favorable a los locatarios del mercado Lucas de Gálvez, considerado el principal centro de abasto de Yucatán, quienes entablaron una demanda contra el ayuntamiento y la edil Ana Rosa Payán Cervera, quien pretende reubicarlos en un sitio nuevo y demoler el que tiene más de 60 años de antigüedad.

Los juzgados federales de circuito resolvieron favorablemente para los comerciantes, y con el ordenamiento impidieron momentáneamente que la comuna los desalojara.

De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, los locatarios tienen razón en negarse a ser reubicados porque, en primera instancia, tendrían pérdidas económicas, y en segunda, sus concesiones serían otorgadas a expendedores ambulantes que supuestamente están vinculados a los funcionarios municipales de extracción panista.