Agudizará el éxodo, considera comisionada en Caracas

La mano dura de Uribe causará más violencia en Colombia, dice el ACNUR

AFP Y DPA

Caracas, 22 de junio. La política de mano dura del presidente Alvaro Uribe contra los grupos armados colombianos generará más violencia en las fronteras del país, advirtió la representante en Venezuela del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), citada este domingo por el diario caraqueño El Nacional.

Las declaraciones de la funcionaria del ACNUR se registran en momentos en que las relaciones de Uribe y Naciones Unidas son cada vez más distantes tras las fuertes acusaciones del mandatario derechista sobre el papel que cumple el organismo internacional en el conflicto colombiano.

El pasado jueves Uribe acusó a la ONU, en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, de ser un organismo que "critica mucho y resuelve muy poco" y de tener miedo a los grupos armados irregulares.

Las conversaciones que mantiene el gobierno bajo un total hermetismo con los grupos paramilitares de ultraderecha, y la negativa de la ONU a avalar la propuesta de Uribe de que soldados colombianos sirvieran de acompañantes para que los desplazados por el conflicto regresaran a sus tierras, han sido algunos de los puntos en discordia en las relaciones entre el mandatario y el organismo.

En este contexto, María Virginia Trimarco, representante del ACNUR en Venezuela, señaló que se "agudizará" el éxodo forzado de desplazados colombianos hacia países vecinos por la fuerte posición de Uribe contra los grupos guerrilleros y paramilitares que operan en la frontera de ese país.

"Uribe entró al poder con un apoyo popular nacional e internacional muy grande, a pesar que su propuesta es combatir la violencia con más violencia. ƑCómo vemos el futuro de las zonas fronterizas de Colombia? En la violencia", afirmó Trimarco.

Crece el escándalo por la muerte de informantes, que involucra a la DEA

Por otro lado, el escándalo en Colombia por la muerte de informantes y la pérdida de un cargamento de droga a mediados del año pasado, que involucra al ejército, la policía y el departamento antidrogas de Estados Unidos (DEA), crece a medida que se conocen nuevos detalles del episodio.

La fiscalía colombiana se ha abocado a la investigación sobre el caso que comenzó cuando el general del ejército Gabriel Díaz, comandante de la segunda brigada, con sede en la caribeña Barranquilla, fue separado del cargo el pasado 6 de junio, "por razones discrecionales", según fuentes gubernamentales.

Pero lo que parecía un cambio de rutina se convirtió en escándalo tras un informe de la revista Cambio que señala que este llamado a retiro se motivó en presiones de Estados Unidos, entre otros motivos por irregularidades en el operativo realizado en agosto de 2002, en que desaparecieron dos toneladas de cocaína incautadas.

El general Díaz ha acusado de manera reiterada a la policía de haber realizado la incautación de la droga y ha señalado que él hizo entrega a dos agentes de la DEA -a quienes citó con nombre propio- de dos informantes del caso que posteriormente aparecieron muertos.

El interés del caso motivó a una citación del Congreso a altos oficiales del ejército y la policía, y al propio Díaz, quien reiteró sus acusaciones y manifestó: "No estoy diciendo que la DEA cometió un delito, pero le entregué dos personas vivas, y hay dos personas muertas".

Este domingo, el influyente diario El Tiempo citó declaraciones de un policía del departamento de Atlántico (del que Barranquilla es capital), retirado del servicio en octubre del año pasado. Según este informante, las dos toneladas de cocaína llegaron a Barranquilla a bordo de un camión que estuvo estacionado en una sede de la policía y que posteriormente desapareció junto con la carga. Pero dijo además que por lo menos otros dos cargamentos de cocaína desaparecieron el año pasado tras ser incautados.

El gobierno colombiano, al igual que el de Estados Unidos, ha optado por el silencio sobre este tema, señalando simplemente que espera las conclusiones de las investigaciones de la fiscalía y la procuraduría.

La ministra de Defensa colombiana, Marta Lucía Ramírez, indicó hoy en una entrevista: "Yo no sé sobre la incautación de un cargamento de cocaína más allá de lo que han dicho los medios de comunicación".