La Seguridad Social española le demanda el pago de 5.1 millones de euros

Buscan cerrar el diario vasco Gara cobrándole deuda de otro rotativo

GARA

Donostia, 22 de junio. La Seguridad Social española decidió reclamar al periódico Gara una deuda de 5.1 millones de euros (similar en dólares) contraída por el diario vasco Egin, clausurado cautelarmente en 1998 por el juez Baltasar Garzón, cuyo patrimonio está a disposición de la justicia, en lo que responde a una decisión política que busca "la desaparición" de Gara, denunció el representante legal de las empresas que editan el periódico.

El reclamo de la Seguridad Social, que fijó el próximo 5 de julio como fecha límite para pagar la deuda, se basa en un auto dictado por Garzón en julio de 2000, en el que el juez afirmaba "la existencia de una sucesión de empresas entre los grupos Orain-Egin y EKHE-Gara".

La directora de Gara, Mertxe Aizpurua, alertó sobre la posibilidad de que se cierre el diario "por estrangulamiento económico. Habrá que ver qué pasos se dan a partir del 5 de julio, pero ese temor y amenaza son reales. Es una espada de Damocles y no en sentido figurado, sino real".

Martxelo Otamendi, director del nuevo rotativo vasco Berria, calificó la situación de "vergonzosa", y añadió que "en vez de mandar a 300 policías, ahora van a intentar endosar la deuda de Egin".

Otamendi recordó que el único diario nacional en catalán debe más de 24 millones de euros a la Seguridad Social, "sin que a nadie se le ocurra que le puedan hacer algo similar". Hizo un llamado a "reaccionar en este país, para que no cierren ningún periódico más".

Kepa Landa, representante legal de Baigorri y KIE, empresas que editan Gara, manifestó su preocupación por la decisión de la Seguridad Social, aun cuando, afirmó, no hay base jurídica para sostener esa resolución.

"ƑLa Tesorería General de la Seguridad Social es un órgano competente para declarar la existencia de esa supuesta sucesión de empresa? (...) En definitiva van a ser los tribunales quienes dirán si existe o no esa sucesión de empresa", explicó Landa.

Pero a partir del 5 de julio la Seguridad Social "tiene la oportunidad de ejecutar esa deuda, aun cuando esté recurrida la resolución", y aunque no puede tomar una medida directa del cierre del diario, puede "trabar bienes para garantizar el volumen de la deuda". Esto, indirectamente, puede impedir la salida de Gara.

Destacó que "la Seguridad Social ha tenido prácticamente cinco años para utilizar esa vía de apremio contra los bienes de Orain. Esos son bienes que están a su disposición y no ha actuado contra ellos (...) La pregunta es: Ƒpor qué no han querido actuar antes contra los bienes de Orain y ahora pretenden ir contra otras empresas que no tienen absolutamente nada que ver con esos bienes?"

Tampoco se citan en la resolución de la Seguridad Social "los informes y sentencias que rechazan la tesis de la sucesión de empresas. Efectivamente, un organismo del Estado como el Fondo de Garantía Salarial ya informó a Garzón, por exigencia del propio juez, que no iba a actuar contra Baigorri y KIE, sino que aquí no hay sucesión de empresa", agregó.

Landa explicó además que "difícilmente puede haber transmisión cuando los trabajadores de las empresas que editaban Egin fueron sometidos a un proceso de extinción de contratos que planteó el propio administrador judicial. Entonces, Ƒqué responsabilidad tiene una empresa nueva que contrata a unos trabajadores en el paro y que se crea con un capital nuevo?"

"ƑDónde encaja la supuesta sucesión de 'un grupo ideológico' al que hace referencia el auto de Garzón de julio de 2000, que se recoge en estas resoluciones de la Seguridad Social? La ideología no es parte del patrimonio de una empresa. (...) La sucesión ideológica no existe, porque la ideología no es parte de los aspectos objetivos ni subjetivos de una empresa ni de ninguna unidad autónoma de producción, ni de nada parecido", continúa la explicación del abogado.

Por ello, sostuvo, la decisión de la Seguridad Social "no tiene explicación lógica, y menos aún que se actúe así cinco años después del cierre de las empresas que editaban Egin (...) Parece evidente que detrás hay un impulso político que lo que persigue no es, precisamente, que la Seguridad Social recupere un dinero que no se le ha abonado, sino que la finalidad última sería conseguir el cierre de estas dos empresas y con ello evitar la publicación de este periódico."