El procurador se ríe del asunto y al gobernador no le interesa, acusa candidato del PMP

En Colima, desinterés de autoridades y familiares ante los asesinatos de gays

Homosexuales denuncian detenciones injustificadas y hostigamiento de la policía

MARIA RIVERA ENVIADA

colima, col. Entre octubre de 2000 y mayo de 2001 la comunidad gay de Colima vivió en la zozobra. Al principio, cuando se dio a conocer que un hombre de 33 años había sido despojado de su vehículo y dinero en efectivo, se tomó como parte de la cotidianidad que enfrenta este grupo social. Dos meses más tarde encontraron a un estudiante de 24 años ahorcado en su hogar, y dos días después otro muchacho de 22 años fue asaltado, golpeado y abandonado en un hotel. En los alrededores del jardín Núñez, principal lugar de ligue de la ciudad, se detonó la voz de alarma. Estaba claro que del escarnio se había pasado a la agresión sistemática.

Con el inicio de 2001 quedaron confirmadas las sospechas. En enero fue asesinado un arquitecto de 40 años y en mayo el homicida cobró dos vidas más: la del propietario de un negocio de agroquímicos y la de un licenciado en lenguas extranjeras. Todos los crímenes tenían características homofóbicas. Sin más razón que su preferencia sexual, cuatro personas pasaron los últimos momentos de su vida entre vejaciones y torturas.

De pronto, esta ciudad, que vive en un cálido y silencioso letargo la mayor parte del día, apenas interrumpido por las campanas de catedral, se dio cuenta que era capaz de albergar desprecio, odio y muerte hacia lo distinto. El escándalo fue mayúsculo, pero las exigencias de justicia quedaron circunscritas a la incipiente sociedad civil y a algunos legisladores independientes. Sólo gracias a estas voces, el procurador estatal, Jesús Antonio Sam López, se vio obligado a informar sobre las investigaciones que se llevaban a cabo.

Sin el menor asomo de compasión, este hombre que se define como priísta guadalupano, declaró al Diario de Colima que "si un grupo de personas homosexuales dice estar aterrorizado, su miedo es muy personal, nadie puede garantizarle la vida a nadie". Y para que no cupiera duda de su postura señaló a Jorge Iglesias de la Cruz, dirigente estatal del Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH/sida, que la suerte de los asesinados se debía a que "andaban buscando hombres por ahí".

Caso resuelto, dice Sam López

Finalmente, el 28 de junio de 2001 se dio a conocer que Miguel Angel Amaro Huerta, quien supuestamente trabajaba en un semanario de Veracruz, era el presunto asesino, y que varios agentes de la procuraduría estatal habían sido desplazados a aquella entidad para buscarlo. Dos años han transcurrido sin que se tenga el menor indicio de El Chacal, como fue bautizado el multihomicida, pero Sam López considera el caso "resuelto, terminado, aclarado y perfectamente delimitado". Aunque, precisó, no es lo mismo terminar que resolver. "Se resuelve cuando se tiene conocimiento absoluto de la persona, como sucede en este caso", y más adelante agregó: "hablamos de un humano al que estamos persiguiendo y también está huyendo. Pero el asunto está resuelto".

La identificación del hombre la considera otro tanto a su favor. Y si algo le gusta a este funcionario es hablar de sus logros: de cómo encontró el estado hace ocho años, con un alto número de secuestros, mientras que ahora éstos prácticamente han desaparecido, lo mismo que los robos a transportes de carga, a casas habitación y el largo etcétera que ha vuelto a Colima un estado modelo en seguridad pública. Sin embargo, sus opositores -organizaciones defensoras de derechos humanos y legisladores independientes- lo acusan de adelantarse a Giuliani en el grado de cero tolerancia para conseguir esas estadísticas, y le recuerdan los cargos de tortura que han enfrentado los cuerpos policiacos, así como la desaparición de cuatro hombres supuestamente involucrados en falsificación de billetes y narcotráfico. Casos que han ocurrido en su jurisdicción los dos años pasados y que actualmente son investigados por la PGR.

Otro punto que ha incidido en la forma en que se ha llevado a cabo la investigación es el desinterés de los familiares de los muertos. Como ocurre en estos casos, nadie quiere que se le recuerde el asunto, atribuyéndole a la víctima cierto grado de responsabilidad. Ni siquiera el actual candidato a la gubernatura por el PRI, Gustavo Vásquez Montes, cuyo hermano es uno de los asesinados, ha dicho durante su campaña esta boca es mía.

Un esfuerzo por que se haga justicia

Pero no todos están dispuestos a dejar paso a la culpa, la vergüenza y el olvido. La comunidad gay colimense, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organizaciones políticas como el partido México Posible (PMP) mantienen su exigencia de justicia y denuncian que continúa el hostigamiento contra este grupo social.

"Debido a la ausencia de organización no pudimos tomar una postura común respecto a los asesinatos", reconoce Enrique de la Mora, de la Asociación Colimense de Apoyo a la Diversidad Sexual, de reciente formación. "Aparte de enfrentar los fantasmas que tenemos por formar parte de una comunidad estigmatizada, fuimos descalificados por las autoridades, quienes casi dijeron que teníamos la culpa de que nos mataran. Y al final todo quedó en el coraje y la impotencia de que hubieran asesinado a personas como nosotros, pero nunca pudimos exigir que se esclarecieran los casos.

"Nunca ha existido una organización que gire en torno a la defensa de los derechos civiles de los gays", destaca César González, del mismo grupo. "Nosotros creemos que los problemas de la comunidad no se resuelven en los espacios de diversión, como las discotecas. Nos estamos organizando para cruzar la frontera del ghetto hacia la sociedad en general y así reclamar nuestros derechos como ciudadanos."

En el mismo sentido se expresa el candidato plurinominal del partido México Posible, Max Mejía: "ƑQué podíamos esperar de un procurador que se ríe de las preguntas que se le hacen en torno al tema de los asesinatos y de un gobernador al que no le importa en lo más mínimo? La impunidad es producto de la tradicional indefensión de la comunidad gay. La historia de corrupción de nuestro sistema político nos ha dejado expuestos a toda clase vejaciones, sin los más elementales derechos civiles. Colima no es un caso especial, no hay mayor agresividad que en el resto del país, la bronca son los gobernantes que ha tenido, los controles que han ejercido el PRI, el grupo universidad y la jerarquía eclesial".

Miguel Angel de la Mora, secretario general del mismo instituto político, coincide con esta visión. "La homofobia es resultado de la indefensión en la que viven los sectores más desprotegidos, entre ellos los gays. Tenemos que pugnar porque este grupo social se organice y exija al gobierno del estado la detención de los homicidas y deje de calificar estas muertes como crímenes comunes, o peor aún, pasionales. Fueron provocados por el odio hacia una preferencia sexual y esto debe reconocerse".

Pero no todo es pasado. Sheila -transgénero de poco más de 20 años- da cuenta de las seis veces que ha sido detenida en los años recientes por vestir ropa de mujer en la vía pública. Como ello no constituye un delito, la han acusado de manera fraudulenta de ejercer la prostitución (los travestis del estado tienen prohibido ejercer el sexoservicio, con el argumento de que cometen fraude).

"Al principio no conocía mis derechos y me resignaba a ser detenida. Me esposaban a un tubo de la camioneta que está en el piso para que me hincara, porque de lo que se trataba era de humillarme. No fue sino hasta que mis amigos me orientaron y empecé a interponer quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que la policía nos dejó en paz a todos los travestis", indica.

Las agresiones no sólo provienen de la fuerza pública; la jerarquía eclesial también pone su cuota. Los enfrentamientos entre el obispo de Colima, Gilberto Valbuena Sánchez, y el partido México Posible ya forman parte del anecdotario del estado. El instituto político lo acusa de sumarse a la postura de otros prelados, quienes han pedido a los ciudadanos deslindarse de un instituto político que plantea en su plataforma la defensa de la diversidad sexual, la despenalización del aborto y de la mariguana.

"Aunque él diga que está promoviendo el derecho de los ciudadanos a participar en las elecciones, en el fondo usa ese pretexto para hacer su discurso homofóbico y discriminatorio", declaró Jorge Velazco Rocha, presidente estatal del partido. La dirigencia también le atribuye presiones contra su ex candidata a la gubernatura, Evangelina Bañuelos, quien el jueves 19 de junio se deslindó públicamente de su organización diciendo: "No estoy preparada para defender la despenalización del aborto, la diversidad sexual y la legalización de la mariguana", en declaraciones a Ecos de la Costa.

El 14 de junio, en el noticiario Angel Guardián, de la radiodifusora XERL, Valbuena Sánchez afirmó que la Iglesia aprecia la verdadera democracia, "la que defiende los derechos humanos fundamentales y se sostiene en la promoción de la persona, en la libertad, en la verdad, en la justicia". Pero agregó: "las demandas de los homosexuales no son derechos humanos fundamentales, porque van en contra de la propia naturaleza del hombre".

Días después, durante el encuentro Democracia y buen gobierno, organizado por la Conferencia Feminae, se interrogó al prelado sobre si la homosexualidad era pecado, a lo que respondió: "sí, gravísimo". Sheila, presente en el evento, le preguntó si por su condición de travesti tenía derecho a entrar en el reino de los cielos, y el pastor respondió contundente: "sólo si te arrepientes".