Los contratistas-mercenarios, para no burocratizar ayuda

Se quedan 17 empresas de EU con 40% del dinero del Plan Colombia

DPA, AFP Y REUTERS

Santafe de Bogota, 19 de junio. Cuarenta por ciento de los recursos destinados por Estados Unidos al antidrogas Plan Colombia han quedado en manos de compañías privadas estadunidenses, cuyos contratistas ocupan a los llamados "mercenarios", que en 2002 recibieron 150 millones de dólares por sus operaciones.

El diario El Tiempo dio a conocer hoy extractos al respecto del informe semestral presentado por el Departamento de Estado al Congreso estadunidense, donde se indica que unas 17 compañías prestaron sus servicios el año pasado al país sudamericano en lo referente a equipos, adiestramiento y vi-gilancia en zonas de riesgo.

En cuanto al 40 por ciento mencionado sobre los recursos que fueron a dar a los contratistas, cuyas empresas operan con militares retirados, ex agentes de las agencias Central de Inteligencia y la antidrogas DEA, se refiere a los 370 millones de dólares que Washington dedicó a Colombia el año pasado.

Estas actividades de los contratistas-mercenarios comenzó a crecer desde mediados de los años 90, aunque hay datos de su presencia desde la década de los 80, y tendría el objetivo de evitar la "burocratización" del Estado e impedir que se note demasiado la presencia de Estados Unidos en el ámbito interno.

Por su parte, el presidente colombiano Alvaro Uribe criticó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) al afirmar que le teme a los grupos armados que actúan en su país, por lo que la conminó a cumplir un papel más efectivo contra el "terrorismo" en Colombia.

En un discurso pronunciado en Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Uribe dijo que la ONU "critica mucho pero resuelve poco".

Delegados de la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA) evalúan la marcha de una conciliación entre Colombia y dos organismos no gubernamentales que demandaron al Estado por asesinato, hace dos décadas, en relación con unos 3 mil militantes de la izquierdista organización Unión Patriótica.

En tanto, la embajadora estadunidense, Anne Patterson, anunció que su gobierno financia "algunas actividades" relacionadas con el plan de paz del gobierno de Uribe con los paramilitares de extrema derecha, y dijo no descartar un respaldo similar respecto de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional si aceptan negociar.

Mientras, el Senado colombiano aprobó en la cuarta de ocho votaciones un estatuto antiterrorista que otorga facultades judiciales a los militares, que ha sido rechazado por la ONU y la OEA.

En otro orden, cerca de 800 mil trabajadores estatales colombianos se declararon en huelga en repudio a los planes económicos y laborales del gobierno de Uribe, que se ha fijado la eliminación de 40 mil puestos de trabajo con la liquidación de varias entidades públicas.