Martí Batres Guadarrama

Las razones de la aceptación ciudadana

Hace más de un mes aparecieron las primeras encuestas en las que el jefe de Gobierno del Distrito Federal superó los 80 puntos de aceptación ciudadana a su gestión. De entonces a la fecha algunos analistas se han mostrado sorprendidos y tratan de encontrar la razón en alguna causa coyuntural, efímera o espontánea. Un análisis de tal naturaleza arrojará siempre conclusiones equívocas. El amplio reconocimiento social a la gestión del gobierno capitalino está ligado a un proyecto que a diario se construye y que tiene que ver con la acumulación de un conjunto de decisiones con resultados positivos para el ciudadano. Prácticamente así se ha dado, aun antes del inicio formal de este periodo de gobierno que siempre ha estado en medio del debate y la controversia.

La nota constante ha sido la acción de gobierno en aquello que antaño se consideraba imposible o inviable. Esta línea de conducción ha tenido dos consecuencias de impacto: por un lado, determinados frutos de carácter social, y por otro, la sensación de certidumbre que la autoridad brinda al ciudadano porque constata que se está actuando. En otras palabras, gran parte de los habitantes del Distrito Federal perciben que hay autoridad y que se actúa para beneficiarlos.

Ejemplos abundan. Cuando se disminuye el subsidio para la lecha Liconsa, el gobierno de la ciudad, como prometió, repone a los afectados el subsidio perdido brindándoles otro con recursos propios. Esto tuvo un impacto profundo porque siempre se nos ha dicho que todos los subsidios son malos por incosteables e insostenibles económicamente. El gobierno capitalino demostró que sí tienen viabilidad y que es posible (y justo) ayudar a la gente. Otro ejemplo fue la decisión de este gobierno para aumentar el precio del boleto del Metro, lo cual se logró con información, demostrando que seguiría siendo el medio de transporte más económico del país con el aval ciudadano mayoritario, producto de una consulta alentada por la propia autoridad capitalina. También se recuerda la determinación para desconocer la validez jurídica del decreto presidencial sobre el horario de verano. Muchas críticas se escucharon, pero llevado el asunto a la Suprema Corte de Justicia la controversia se ganó. La ilegalidad de los decretos presidenciales se reconocieron y ello obligó al Congreso de la Unión a discutir el tema y resolverlo.

Acaso en su determinación más trascendental el gobierno de la ciudad decidió iniciar un programa de pensión universal en beneficio de los ancianos del Distrito Federal. Lo que parecía imposible por la ausencia de soporte económico se hizo fundamentalmente a partir de los propios recursos con los que ya contaba el gobierno capitalino.

Ahorrando aquí y allá, restringiendo gastos superfluos, eliminando burocracia de alto nivel, tapando las legendarias fugas de la corrupción en ventanilla se da viabilidad a este y otros programas. No hablamos aquí del ahorro en los gobiernos neoliberales que no ejercen el recurso y prefieren reducirlo en gasto público y social. Nos referimos al ahorro que consiste en no derrochar para poder regresar a la población el presupuesto en forma de derecho social.

También se creó la Universidad de la Ciudad de México con sus 16 preparatorias, aun cuando muchos consideraban que era imposible sostener una institución de tal magnitud. Asimismo, el gobierno publicó el bando 2 que limita la construcción de vivienda en cuatro delegaciones (Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Be-nito Juárez y Miguel Hidalgo) y la prohíbe en las delegaciones del sur. Esta vez protestaron las organizaciones del Mo-vimiento Urbano Popular, la mayoría de ellas de filiación perredista. Aun así, el gobierno capitalino mantuvo su decisión para impedir que siga creciendo la mancha urbana en zonas densamente pobladas, y para obligar a repoblar el centro de la ciudad que en 20 años perdió más de un millón de habitantes.

En la relación con las organizaciones sindicales que laboran en este gobierno también se ha dado un giro. Se puso un alto a los grupos corporativos que negocian para sí prebendas económicas y poder político. Esa relación se acabó. Se ha preferido la dificultad de enfrentar la presión política que capitular ante quienes pretenden incidir en decisiones que sólo competen a la administración o que buscan beneficios propios a cambio de su silencio.

En lo que ha sido si no la obra de gobierno más importante sí una de las más difundidas, los segundos pisos, se puso a prueba la capacidad del gobierno para concretar un proyecto de gran magnitud y lograr la aceptación y entusiasmo ciudadano. El distribuidor vial San Antonio es una obra que en buena medida hicieron famosa sus opositores; que pasó la prueba de un plebiscito ciudadano -el primero convocado por el gobierno-, que ha impactado po-sitivamente la autoestima ciudadana.

Un hecho sin precedente es el primer desalojo en contra de personas pudientes, ni más ni menos que en las Lomas de Chapultepec. Es frecuente el desalojo de familias precaristas que invaden reservas territoriales, propiedades públicas o viejos edificios, pero que el gobierno decida desalojar una propiedad pública en manos de una familia con poder económico constituye un hecho de antología que marca la fuerza de la autoridad, la imparcialidad de la ley y las posibilidades de justicia.

Son estos algunos ejemplos de una larga lista de decisiones que en su momento fueron controversiales y cuestionadas, algunas con dificultades para materializarse pero que demostraron su justeza, el alto sentido de utilidad pública y la presencia de una autoridad que se hace valer con el apoyo social.

Esto explica que no haya sorpresa en el reconocimiento alcanzado. Perseverancia y esfuerzo permiten librar barreras que a veces parecen imposibles y que en realidad no lo son.