Octavio Rodríguez Araujo

La Ley de Transparencia e Información Pública

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública fue aprobada 25 años después de que el artículo sexto constitucional tuviera una adición que decía y dice: "el derecho a la información será garantizado por el Estado". Esta adición quiso ser interpretada, en principio, en relación con los medios de comunicación e información y la libertad de prensa, es decir, referida al derecho a ser informados y, por lo mismo, a informar. El primer paso real sobre este derecho, y único por varios años, fue el derecho de los partidos políticos a informar sobre su ideario, programa, propuestas, etcétera, en el marco de la reforma político-electoral de 1977. Se soslayaba la información sobre el estado de la administración pública más allá de los informes presidenciales y, desde luego, de todos los asuntos públicos que pudieran ser de interés de los ciudadanos.

En 1998, por primera vez de manera sistemática y en el seno de la Cámara de Diputados, se discutió sobre el tema, tanto el referido al derecho de los ciudadanos a la información gubernamental, como a la regulación de los medios.

El diputado Javier Corral señalaba que el Estado debía garantizar el acceso a la información de tal forma que los expedientes y los asuntos gubernamentales dejaran de ser privados y/o secretos; y añadió en su intervención que era bochornoso que a 30 años de la matanza de Tlatelolco no se pudieran consultar los expedientes por falta de una legislación adecuada. Sin embargo, la otra vertiente, la que tenía que ver con la regulación a los medios sobre la información, provocó una doble polémica. Por un lado, se habló de una ley mordaza y de la autocensura de los medios en complicidad con el gobierno, para no informar lo que debiera ser de conocimiento público; y por el otro lado se discutió sobre el derecho de una Comisión Nacional de Comunicación Social a inmiscuirse en los medios y a solicitar su suspensión. Los grandes intereses se sintieron afectados, y los periodistas condicionados. La iniciativa quedó en la congeladora.

Ya en el gobierno de Fox, en 2002, se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo curioso fue que un derecho que comenzó como un problema de los medios de comunicación e información, soslayándose la obligación del Estado a informar sobre los asuntos públicos y que deben ser públicos, terminó evitando el problema de la regulación de los medios para informar objetivamente en lugar de desinformar -como lo hacen reiterada e impunemente sobre todo las poderosas cadenas televisivas.

La democracia, muy a pesar de quienes piensan que está en crisis, supone, entre otras cosas, el derecho de los ciudadanos a conocer en qué se gasta el dinero de sus impuestos y a qué intereses responden las acciones gubernamentales. La demanda de mayor participación de la sociedad en los asuntos que le competen supone información no sólo de los medios, sino de la administración pública. Este marco, cada vez más evidente en todo el mundo, fue quizá el que motivó el seminario Derecho a la información que se llevó a cabo en Oaxaca, de mayo a septiembre de 2001.

En ese seminario se concluyeron aspectos muy importantes que luego serían retomados por la ley mencionada. En primer lugar se estableció que el acceso a la información pública era un derecho universal y que, por lo tanto, este tipo de información pertenece a las personas, precisamente por ser pública. Y algo muy importante, que las personas tienen derecho a la información sin tener que justificar las razones para solicitarla, en tanto sí es obligación del Estado justificar las razones para negarla. Se concluyó, asimismo, que un principio fundamental de la nueva ley sería el de "máxima apertura, rendición de cuentas y transparencia en los órganos del Estado, entidades de interés público y organismos privados que ejerzan funciones públicas".

El Partido de la Revolución Democrática presentó también una propuesta. Y entre sus consideraciones dejó muy claro que en un sistema representativo los funcionarios públicos son responsables ante la ciudadanía que confió en ellos. Los ciudadanos, se diría, tienen el derecho a controlar las acciones y el manejo de recursos del gobierno, para lo cual deben estar informados de estos asuntos y así poder evitar desviaciones en el ejercicio del poder.

Las propuestas del seminario de Oaxaca y del PRD, y posteriormente la del Ejecutivo, que en general no fueron contradictorias, habrían de traducirse en la ley que ahora comento. Quizá encontremos algunas omisiones o lagunas pero, por lo pronto, este instrumento jurídico permitirá a los ciudadanos comunes y a los periodistas no sólo tener información que antes se consideraba secreta, sino divulgarla sin temor a ser amenazados, como le ha ocurrido a José Reveles, de El Financiero, por sus reportajes -de abril y mayo de este año- referidos a la Secretaría de Seguridad Pública.