Plantean que negocie la instalación de mesas de diálogo con el gobierno estatal

Agrupaciones de Oaxaca en conflicto solicitan que intervenga la CNDH

Otros grupos piden que Gobernación sea garante del cumplimiento de posibles acuerdos

ROSA ROJAS Y MATILDE PEREZ

Debido a la agudización de conflictos sociales en diferentes zonas de Oaxaca, diversas organizaciones solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que medie entre ellas y el gobierno de José Murat Casab, con el propósito de instalar una mesa de diálogo; varios grupos pidieron que la Secretaría de Gobernación sea garante del cumplimiento de posibles acuerdos en otra mesa de diálogo con la administración estatal, y otros responsabilizaron al mandatario oaxaqueño de la situación que impera en la región de los Chimalapas.

En una carta dirigida al presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, las organizaciones que fueron reprimidas violentamente el 12 de junio pasado en la capital oaxaqueña -cuando participaban en las movilizaciones para demandar la libertad del dirigente de los burócratas, Oliverio Neri López- solicitan al ombudsman que funja como intermediario, con el propósito de instalar una mesa de diálogo "de forma inmediata" entre estas agrupaciones y el gobernador de Oaxaca, José Murat, ante la "cerrazón" que éste ha mostrado al negarse "a dialogar con los manifestantes".

Por otra parte, acerca del conflicto que enfrentan los indígenas zoques de Santa María Chimalapa con los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc, los dirigentes de los colonos: Anselmo Reynaldo Díaz Rodríguez, Miguel Angel Sánchez Olvera y Noé García, presidente y secretarios del consejo de administración, respectivamente, responsabilizaron a Murat Casab, "por negligencia", de la muerte de su ex dirigente Andrés Luis Luis.

En tanto, la Unión de Grupos Ambientalistas -que agrupa a 75 organizaciones- responsabilizó al gobierno de Oaxaca "de cualquier agresión, intento o privación de la libertad contra el presidente del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, Luis Bustamante".

La SRA espera que se calmen los ánimos para acudir a Santa María Chimalapa

Acerca del plazo (vence hoy) que fijaron los comuneros de Santa María Chimalapa al titular de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Florencio Salazar Adame, para que fuera a dialogar con ellos, éste aseveró que "no es momento de acudir" a esa población. "No podemos atender ese planteamiento (de los zoques) y menos con el tono de presión con el que fue emitido, que nos parece fuera de lugar; hay que esperar a que la situación se calme, que las partes puedan tener un grado de reposo que nos permita negociar con ellas de manera simultánea."

Aseguró que la SRA no ha descuidado el asunto, pero el homicidio del dirigente de la colonia Cuauhtémoc enturbió el proceso de negociación que estaba realizando el gobierno federal. "Habíamos pedido a los comuneros de Chimalapa que no realizaran el brecheo, pues los habitantes de la colonia ya estaban dispuestos a llegar a un acuerdo. Ahora, por el homicidio de Luis Luis, la posición de la colonia es que no quieren negociar."

A su vez, los dirigentes de la colonia Cuauhtémoc aseguraron que el gobernador "apoyó a los chimalapas en el brecheo; les puso tres patrullas para que los acompañaran en los primeros recorridos".

Advirtieron que "es muy difícil controlar a todos los grupos, pero confiamos en que mantengan la serenidad, porque convocaremos a una asamblea para informar a los colonos de la actitud positiva del secretario de la Reforma Agraria".

Durante la entrevista, los tres representantes de la colonia Cuauhtémoc aseguraron: "no vamos a vender la tierra, no cederemos nada. Nosotros tenemos 45 mil 728 hectáreas y ellos (Santa María y San Miguel Chimalapa) tienen más de 500 mil, ¿por qué quieren quitarnos 13 mil hectáreas que dejarían sin tierras a 300 posesionarios y sus familias?"

En tanto, mientras en Santa María Chimalapa los comuneros esperaban que algún funcionario de alto nivel de la SRA se comunicara con ellos, Reynaldo Cruz Pérez, presidente del comisariado de bienes comunales, expuso vía telefónica que en caso de que no haya respuesta de las autoridades hoy realizarán una asamblea para decidir qué hacer ante el silencio de los gobiernos federal y de Oaxaca.

"Nosotros estamos dispuestos a dialogar, a buscar soluciones a este problema porque no queremos más enfrentamientos, pero no estamos dispuestos a negociar la tierra con los ganaderos de la colonia Cuauhtémoc", destacó.

Marcha en el istmo por la liberación de dirigentes del CCU

El Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU), que con otras organizaciones indígenas del istmo de Tehuantepec emprendió el domingo pasado una marcha de Juchitán a la ciudad de Oaxaca, en demanda de la libertad de tres dirigentes del CCU presos -Carlos Manzo, Francisco de la Rosa Gómez y Luis Alberto Marín- y otras demandas, informó que el gobierno estatal le propuso instalar este jueves una mesa de diálogo. Sin embargo, manifestó su desconfianza por el "reiterado incumplimiento de compromisos" de la administración de Murat, por lo que insistió en que participen en el diálogo la Secretaría de Gobernación federal y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

En tanto, entrevistado en la redacción de este diario, Catarino Torres Pereda Santiago, de la dirigencia del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci), explicó que buscan la intermediación de la CNDH porque hasta ayer el gobierno estatal se había negado a dialogar con las organizaciones que fueron reprimidas el 12 de junio, y "existen acciones de protesta que se irán acrecentando este fin de semana y la próxima en virtud de dicha cerrazón".

Indicó que aún hay cinco desaparecidos, de los 22 que reportaron el día 12, cuando fueron desalojados por la policía. "Creemos que fueron detenidos, pero no presentados de manera oficial", apuntó.

Mostró un oficio de la cuarta visitaduría general de la CNDH, dirigida al director general de Prevención y Readaptación Social de Oaxaca, mayor Juventino Sánchez Gaytán, en el que indica que el 16 de junio se solicitó al gobernador de Oaxaca establecer "medidas cautelares en favor del señor Oliverio Neri López, a efecto de garantizar su integridad", dado que la celda en que está recluido "no reúne los requisitos para garantizar al interno seguridad en su persona", como señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y comprobaron visitadores de la CNDH. Le pide que esa solicitud se atienda en un plazo de 24 horas.

Torres Santiago informó que como represalia por haber participado en las movilizaciones le dictaron auto de formal prisión a su hermana Norberta Torres, acusada de despojo agravado y daños. "Nos acusan de haber tomado el Tribunal Superior de Justicia, pero es una acusación burda, porque lo único que hicimos fue plantarnos ahí y los medios de comunicación constataron que no cometimos ningún daño en el edificio."

Afirmó que ante la ola represiva desatada por Murat, todas las organizaciones que realizan movilizaciones acordaron "que los que tienen problemas de presos políticos no negociaremos con el gobierno estatal hasta que haya una mesa específica; en este caso están los del CCU, Loxicha, Teojomulco, Codeci y el Sindicato de los Tres Poderes del Estado".

Explicó que los problemas del Codeci se derivan de conflictos agrarios irresueltos en la cuenca del Papaloapan -límites entre Oaxaca, San Juan Lalana, y Veracruz, Playa Vicente- por los cuales han sido asesinados tres de sus dirigentes.

Mencionó que las 10 organizaciones que fueron reprimidas el día 12 decidieron conformar una asamblea permanente y ayer instalaron un plantón en el zócalo de Oaxaca, en el que participan también el Comité de Defensa del Pueblo, Organizaciones Indígenas de Defensa de los Derechos Humanos, Frente Amplio de Lucha Popular y la Unión de Campesinos Pobres, entre otras.