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México D.F. Martes 17 de junio de 2003
Muerte de migrantes, ocasionada por política
inhumana de EU, dice
Querida Carmen: Una de las más grave equivocaciones
sobre la muerte de migrantes en la frontera es creer que tan atroz y cotidiana
desgracia se debe a los polleros y no a la inhumana política
estadunidense de control migratorio.
Entre otras fuentes, organizaciones de derechos humanos,
académicos de la Universidad de Houston y de El Colegio de la Frontera
Norte, The New York Times y la propia Contraloría General
del Congreso estadunidense han documentado que el dramático aumento
de muertes en la frontera, así como de bandas que trafican con migrantes,
es producto de las políticas de control impuestas por Estados Unidos.
Por ello, la manera de responder a los abusos y muertes
que padecen los migrantes, y también de proteger la seguridad nacional,
no es legislar para perseguir de oficio a polleros y elevar su castigo,
sino demandar ante tribunales internacionales y las cortes del país
vecino al gobierno estadunidense. Ningún poder soberano ni protección
contra el terrorismo faculta a gobierno alguno a poner en efecto políticas
de control fronterizo que a diario lleven a la muerte a hombres, mujeres
y niños migrantes.
Ignorar lo anterior e irse contra los polleros
es una salida fácil que, al igual que la política del país
vecino, resultará contraproducente para proteger a los migrantes,
combatir el crimen organizado y salvaguardar la seguridad nacional. En
todo caso, el tráfico de personas debe ser parte de una forma migratoria
integral y bien fundamentada en datos duros y análisis estratégicos.
Por ejemplo, hoy en día el gobierno federal y el Congreso ignoran
cuántos indocumentados utilizan a otra persona para cruzar la frontera,
cuántas de éstas son familiares o conocidos, polleros
que trabajan por su cuenta o miembros de bandas criminales. Tampoco
son claros los objetivos de la ley contra los polleros. Además
de combatirlos, ¿se pretende terminar con la migración indocumentada
o que los migrantes crucen solos ríos, montañas y desiertos?
¿Esto los librará de la muerte?
Dado que el fenómeno migratorio es complejo y delicado,
si el Congreso se precipita terminará causando más daño
a los migrantes y a México.
Primitivo Rodríguez Oceguera
Aclaración a nota sobre la cuenta pública
de 2002
Señora directora: En relación con
la nota publicada el 13 de junio en la primera página, firmada por
Roberto Garduño, que señala "Pérdidas por $1,600 millones
en la cuenta pública de 2002", me permito hacer las siguientes aclaraciones:
En la elaboración de la cuenta pública,
la SCT -como toda dependencia y entidad del sector público- debe
registrar el destino del gasto atendiendo la norma correspondiente, que
se denomina "clasificador por objeto del gasto para la administración
pública federal". Este precisa a qué se aplica el recurso
en lo específico, y se desagrega por capítulo, concepto y
partida.
En el caso que nos ocupa, el gasto quedó registrado
en el capítulo 3 mil denominado "servicios generales"; concepto
3900 "pérdidas del erario y gastos por concepto de responsabilidades";
en la partida 3901, "penas, multas, accesorios y actualizaciones".
En este sentido, la SCT reportó 1.571.6 millones
de pesos en la partida 3901, ya que se tienen erogaciones no previstas
en el presupuesto de egresos derivadas de obligaciones de pago con terceros,
entre otros. En cambio, las pérdidas del erario federal a que hace
referencia la nota periodística (partida 3902) refieren a robo o
extravío de recursos públicos que no sean recuperables.
Una vez precisado lo anterior, me permito informarle la
naturaleza específica de los pagos realizados por esta dependencia.
1. Como resultado de la terminación anticipada
del título de concesión del tramo carretero Palmillas-Querétaro,
que tenía Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
(Capufe), se le cubrió un monto de 825.3 millones de pesos, en apego
a lo previsto por el propio título de concesión.
Posteriormente, Capufe depositó dichos recursos
en el Fondo para la Infraestructura (Finfra), a fin de ser destinados al
desarrollo de la infraestructura carretera, a cargo de la SCT. Estos recursos
constituyen un apoyo adicional para la infraestructura carretera, que reduce
presiones al presupuesto de egresos; y
2. Con base en el compromiso previsto por el título
de concesión, otorgado a favor de Ferromex en junio de 1997, para
operar y explotar la vía ferroviaria Pacífico-Norte, la SCT
pagó 746.3 millones de pesos por la reversión de una de las
dos vías del ferrocarril del tramo Hércules a Mariscala,
que tenía concesionado el ferrocarril del Noreste, para dar continuidad
y eficiencia al servicio.
Este pago se efectuó de conformidad con el avalúo
practicado por la Cabin.
Israel Hurtado A., director de comunicación
social de SCT
Respuesta del reportero
Señora directora: Lo evidente no necesita
demostración. El rubro 3900, pérdidas del erario y gastos
por conceptos de responsabilidades en la cuenta pública 2002, manifiesta
que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dejaron de
ejercerse por ese concepto 571 millones 975 mil pesos. En todo caso la
aclaración debe enviarse a la Secretaría de Hacienda.
Roberto Garduño, reportero
Los médicos no niegan atención a víctimas
de violencia intrafamiliar
Señora directora: Solicito se publiquen
las siguientes precisiones a la nota de la reportera Carolina Gómez
Mena, publicada el 12 de junio. Los datos a los que se refiere la reportera
corresponden a una encuesta nacional sobre violencia, realizada por el
Instituto Nacional de Salud Pública y el programa Mujer y salud
en cerca de 28 mil usuarias de los servicios de salud de primero y segundo
nivel, y en 2 mil 638 prestadores y prestadoras de estos servicios, y no
a datos de 28 mil unidades médicas.
En ningún momento se dijo que dos de cada tres
médicos nieguen su asistencia a víctimas de violencia intrafamiliar,
como señala la nota, sino que en la referida encuesta, a la pregunta
concreta de: "¿Qué factores personales considera que lo obstaculizan
a usted para detectar casos de mujeres maltratadas por su pareja?", el
27.4 por ciento de las respuestas ubican a la violencia familiar como un
problema privado, y en otra opción el 27.1 por ciento considera
que no le corresponde intervenir.
La violencia familiar es un problema de salud pública
complejo, considerado como tal en el mundo hace apenas poco más
de una década. Tanto la población general como los prestadores
de servicios la siguen considerando como un asunto privado. Se trata de
un tema que todavía no está incluido en la currícula
de las escuelas y facultades de medicina, enfermería y servicio
social.
De hecho muy pocas mujeres buscan ayuda en los servicios
de salud, a menos de que lleguen con lesiones graves, y aun así
muchas de ellas niegan la causa de sus heridas. Por ello, de ninguna manera
se puede decir que los médicos nieguen esta atención, pues
eso implicaría que la solicitan, lo cual no ocurre.
Nos parece inadecuado afirmar que "dos de cada tres médicos
se niegan a asistir a víctimas de violencia intrafamilar", cuando
el personal de salud constituye uno de los sectores claves para prevenir
y atender este complejo problema, que involucra aspectos afectivos, personales,
de justicia y de derechos humanos. El sector salud, en coordinación
con otros sectores, tiene una gran responsabilidad y por eso trabaja con
la sociedad civil organizada, a través de un modelo integrado de
prevención y atención para hacerle frente a este delicado
problema. Por eso, a través de estas líneas solicitamos que
se aclare esta información.
Dra. Blanca Rico G., coordinadora general del programa
Mujer y salud de la Ssa
N. de la R. En la pág. 39 de la edición
de ayer aparece una fotografía relacionada con las propuestas educativas
del candidato a jefe delegacional del PRD por Iztacalco, Armando Quintero,
cuyo segundo apellido es Martínez, no Morales, como se publicó.
El
Correo Ilustrado
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