José Antonio Almazán González

El cálculo eléctrico foxista

1,-El reciente tianguis energético que el presidente Vicente Fox montó ante empresarios europeos, ofertando la electricidad y el petróleo a la inversión del gran capital y anticipando que este año será aprobada su propuesta de reforma eléctrica, además de confirmar que el espíritu de Santa Anna se pasea por Los Pinos, inevitablemente nos remite a la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) que Carlos Salinas de Gortari impuso en diciembre de 1992.

Fox sabe que su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales está prácticamente muerta. No cuenta con los dos tercios de los votos de los senadores y en julio no obtendrá el control de la Cámara de Diputados que garantice la aprobación de su propuesta privatizadora. Su apuesta consiste en seguir aplicando la inconstitucional LSPEE, para continuar avanzando en la privatización descarada de la electricidad.

2. Como es sabido, la reforma a la LSPEE derivó del compromiso de Salinas de Gortari en la negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos. En 1992, con un Congreso controlado por el PRI y con el abierto apoyo del PAN, ningún trabajo le costó a Salinas modificar el artículo tercero de la LSPEE, cuyo texto original de 1975 excluía del servicio público el autoabastecimiento, para sustituirlo por otro que permitió la participación del capital privado, mediante la nueva figura jurídica: productores independientes de energía, importada del TLC. La única voz en contra fue la del senador del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, quien demostró la inconstitucionalidad de la reforma eléctrica salinista y señaló la pérdida de soberanía que acarrearía al país, como eslabón fundamental del "proyecto anexionista" del recién aprobado TLC.

3. Para nuestra desgracia, el tiempo ha confirmado esta hipótesis. Conforme a la Prospectiva del sector eléctrico 2002-2011, documento aprobado por la Secretaría de Energía, de 1992 a la fecha el peso del capital trasnacional ha crecido a tal grado que hoy controla 22.5 por ciento del total de la capacidad de generación en nuestro país.

A la luz de esta prospectiva, toda la nueva capacidad de generación, que deberá agregarse en los siguientes ocho años (28 mil 862 megavatios), según los planes oficiales, se basará en la inversión del capital privado. Hacia finales del gobierno foxista, el capital privado será propietario de 40 por ciento de la capacidad de generación y para 2011 controlará 58 por ciento de la capacidad instalada de generación en México, convirtiendo la privatización eléctrica en un hecho consumado.

4. De ahí que el cálculo de Fox consiste, por doble partida, en aplazar la discusión de su proyecto de modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, sabedor de que los dictámenes, que ya existen, del PRI y del PRD son contrarios a su inconstitucional iniciativa que correrá la misma suerte que la de su predecesor Ernesto Zedillo, y eventualmente, en caso de desecharse su propuesta, vetar cualquier iniciativa de reforma a la LSPEE... mientras en los hechos impulsa la privatización de la industria eléctrica nacionalizada a pasos acelerados, en la perspectiva de constituirla en un hecho irreversible, más allá de cualquier discusión jurídica constitucional, de soberanía energética o de seguridad nacional.

5. El Congreso de la Unión no puede mantenerse al margen de este proceso que violenta la Constitución y vulnera la soberanía nacional. Menos aún cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la sentencia que el 25 de abril de 2002 dictó en contra de la iniciativa de reforma al reglamento de la LSPEE, promovida por el presidente Fox, explícitamente opinó que dicha ley contradice lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional.

Hoy, a la luz de las descaradas e inaceptables presiones imperialistas del gobierno de Bush, que exige la aprobación de la propuesta foxista de reforma energética, resulta urgente avanzar en una reforma a la LSPEE que, entre otros puntos, elimine el inconstitucional artículo tercero, dote a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro de una real autonomía de gestión y permita el desarrollo eléctrico de México sobre bases de soberanía, justicia y democracia.