Hay 21 desaparecidos desde el operativo, el 12 de junio

Organizaciones oaxaqueñas se unen en protesta por desalojo

La CEDH no ha querido recibir la queja, acusan

ROSA ROJAS

Luego del desalojo del pasado 12 de junio en la ciudad de Oaxaca, ordenado por el gobernador José Murat contra los trabajadores que demandaban la libertad del dirigente de burócratas Oliverio Neri, solución a las demandas de comunidades indígenas y cese a las agresiones a Raúl Gatica -del Consejo Indígena Popular Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM)-, una decena de organizaciones sociales y sindicales de esa entidad convinieron en realizar movilizaciones para insistir en la liberación del líder sindical preso, exigir la aparición de 21 "desaparecidos" en los desalojos, juicio político a Murat y destitución de los jefes policiacos que efectuaron el citado operativo, así como una mesa de diálogo con intervención de la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informó el CIPO-RFM en un comunicado.

Por otra parte, unas 500 personas participan en la Caminata por la dignidad y esperanza de los pueblos y comunidades indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec, que salió el domingo de Juchitán hacia la capital oaxaqueña, en protesta por "la represión" de los gobiernos estatal y federal y la falta de respuestas a sus problemas. El contingente pernoctó en Tehuantepec y continuaría su camino ayer por la tarde, luego de un mitin frente al penal de esa ciudad, donde están presos Carlos Manzo, Francisco de la Rosa Gómez y Luis Alberto Marín López, del Consejo Ciudadano Unihidalguense (CCU), cuya libertad demandan, así como la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno del estado, informaron el CCU, el Consejo de Ancianas y Ancianos de Ranchu Gubiña-Unión Hidalgo y la Coordinadora Democrática de Pueblos (CDP).

Las organizaciones que acordaron las movilizaciones -las cuales se extenderán hasta el 6 de julio- convocaron a una asamblea "por la unidad contra la represión y por los derechos del pueblo oaxaqueño", a realizarse hoy en las instalaciones del Sindicato de los Tres Poderes.

En su comunicado, el CIPO-RFM aseveró que "la parte más dura de la represión la padecieron mujeres, niños y ancianos de la región de Tuxtepec que estaban en el palacio de gobierno". Hay un saldo de 21 desaparecidos: Ana Antonio García, Domingo Anastasio García, Eladio López Juan, Brígido Hernández Rangel, Sixto Benequen Pastora, Pedro Santiago Velasco, Fortunato Sánchez Rosales, Urbano Ojeda Alavez, Agapito González Ramos, Armando Ramos Pereda, Santiago Felipe González, Julio Manzano Ojeda, Petra Ojeda Aracen, Socorro Pura Ojeda, Trinidad Pura Ojeda, Bernardo Ramos Velasco, Antonia Vargas Vargas, Lorenza Mendoza Jerónimo, Longino Pura Jerónimo, Ana Pura Ojeda y Catalina Ojeda Ojeda, además de 21 heridos, cuatro de ellos de gravedad, conforme a las averiguaciones previas: 577/ HC/2003, 706/CH/2003 y 802/CR/2003. Los detenidos son: Teresa Morán Olmedo, Norberta Torres Pereda, Flavio Reyes Matías y Ciro Mendoza Lupe, cuya excarcelación también demandan.

Exigen también la destitución de Sergio Segreste, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), "por complicidad justificadora de la violencia contra los indígenas, pues no quiso intervenir ante las agresiones que estábamos padeciendo en el desalojo y no han querido recibir nuestra queja".

En su comunicado, CCU y CDP afirman que en ellos participan representantes de más de 30 pueblos y comunidades zapotecas, mixes, huaves y chontales, "ante la falta de respuestas (...) que nos permitan enfrentar la situación de pobreza extrema, marginación, discriminación y represión que vivimos".

En su pliego petitorio los participantes en la marcha exigen también la cancelación de las órdenes de aprehensión contra los luchadores sociales de sus pueblos y comunidades indígenas; liberación de recursos económicos para los proyectos productivos integrales que han presentado; solución a los problemas municipales en Unión Hidalgo, Juchitán, Tehuantepec, San Pedro Huamelula, Santiago Astata y Santiago Laollaga, y asignación y entrega de recursos para atención de la obra pública y servicios a los municipios, pueblos y comunidades que por derecho les corresponden, pues por "razones de discriminación política han impedido que seamos beneficiados".