Carlos Fazio

Mayordomía plutocrática

La semana pasada, en San Francisco, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Rangel Domene, propuso en nombre de una fracción del gran capital local la creación de un mercado común energético entre México y Estados Unidos para comercializar petróleo, gas natural y electricidad. En presencia del secretario de Comercio de Estados Unidos, Donald Evans, y en el marco de la llamada Sociedad para la Prosperidad, el ex presidente de la Asociación de Banqueros de México dijo en California -la tierra donde Enron mediante se consumó el más sonado fracaso de la privatización del sector eléctrico público estadunidense- que para conseguir ese objetivo era necesario eliminar las leyes que impiden la inversión privada en el sector energético mexicano.

En buen romance, el banquero Rangel, ingeniero industrial graduado en el Tecnológico de Monterrey con estudios en Purdue y Stanford, y consejero de BBVA-Bancomer, Cintra y Grupo Industrial Maseca, hizo propia la agenda del clan Bush, Wall Street y las multinacionales del ramo energético con casa matriz en Estados Unidos, que desde hace años -de Reagan a Bush Jr. pasando por Bush padre y Clinton- vienen pugnando por el desmantelamiento y privatización de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cuando en mayo de 2002 quedó al frente del CCE -organismo cúpula de cúpulas- se interpretó que había sido promovido para "frenar las pesquisas" sobre el fraudulento y criminal "rescate bancario" y darle más fuerza al sector financiero especulativo en su pugna con el Gobierno del Distrito Federal. Tras su designación en una elección sin consenso -llegó a la presidencia del CCE con el voto de los "ricos": la Asociación de Banqueros, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, pero fue resistido en una primera vuelta por Coparmex y el Consejo Nacional Agropecuario-, Rangel ofreció iniciar un "intenso cabildeo" con los representantes del Poder Legislativo para convencerlos de las "reformas estructurales" en materia fiscal, laboral y energética. Las mismas "reformas" a las que se había comprometido Vicente Fox ante sus electores del Banco Mundial, el FMI y Wall Street (centro operativo de algunas corporaciones que podrían figurar en las lista no transparente de los Amigos de Fox), como se encargó de recordarle al Presidente de México el 12 de junio en Los Pinos el director gerente del FMI, Horst Koehler.

Pero el plutócrata Rangel Domene no es el único que aboga por la privatización de los sectores geoestratégicos de México según los dictados del Plan Cheney sobre "seguridad energética" (2001), que sin tapujos considera que los recursos mexicanos en petróleo y gas natural son "hemisféricos". Más allá de la retórica presidencial -el manido estribillo propagandístico foxista de "Pemex no se vende"-, la soberanía nacional se ha venido entregando a jirones mediante una planificada política de desindustrialización y desmembramiento de las empresas del ramo energético -según recetas del BM y el FMI que datan de la década de los 80- y la apertura "silenciosa" del sector a inversionistas extranjeros privados vía los ilegales contratos de servicios múltiples.

La pinza régimen conservador foxista-sector financiero especulativo cuenta en el ámbito gubernamental con una serie de funcionarios entreguistas y vendepatria -entre quienes destacan los secretarios de Energía y Economía, Ernesto Martens y Fernando Canales; el director de Pemex, Raúl Muñoz Leos; Juan Bueno Torio, director de Refinación de la paraestatal, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Hakim Simón-, cuya misión es seguir abriendo camino al capital multinacional con sede en Estados Unidos y México principalmente, como fieles mayordomos de una república bananera.

Las presiones de Bush para "asociar" el gobierno de Fox en un "plan energético regional" no han dado respiro desde que llegó a la Casa Blanca. Pero la idea de un "TLC energético" como el que propone Rangel Domene viene de la época de Reagan, cuando el tema del petróleo y gas entre México y Estados Unidos era casi tabú en la diplomacia bilateral y regional. Un cuarto de siglo después la ruta de la dependencia se ha acentuado. Con Bush Jr. las presiones son más descaradas. En marzo de 2001, el secretario estadunidense de Energía, Spencer Abraham, desafió a la picaresca cuando en presencia de su anfitrión, Vicente Fox, afirmó que en materia de "integración energética (...) encontramos que hay dependencia mutua, sin socios minoritarios ni socios mayoritarios".

La idea de crear "redes" o "corredores energéticos" a través de gasoductos transfronterizos para el intercambio de hidrocarburos, así como la integración eléctrica binacional fue retomada en la Cumbre de Quebec (abril 2001), uno de cuyos compromisos fue "norteamericanizar los mercados de energía", para lo cual se requiere cambiar "el marco legislativo y regulatorio" de los países involucrados. Es la misma noción de "interdependencia energética" que permea al Plan Puebla-Panamá, que bajita la mano avanza de manera paulatina en las áreas ferrocarrilera (Nafta Rail), de infraestructura carretera (con el regreso del sector privado subsidiado por el gobierno), portuaria (2 mil 830 millones de pesos de inversión en 2003) y petroquímica ("modernización" de la refinería de Minatitlán), a lo que se suma la "guerra integral" o de desgaste contrainsurgente en los Montes Azules.

En ese contexto, hablar de "intervencionismo", como cuando se rasgaron las vestiduras el mes pasado algunos dirigentes de Acción Nacional y funcionarios del régimen al cuestionar el plan republicano de "petróleo por migración", sin aludir al cipayismo vernáculo, es puro fuego de artificio. La socorrida política del avestruz en tiempos electorales.