Tras 26 años, de nuevo piden justicia por la desaparición de su padre

Querida Carmen: Agradeceríamos que esta carta tuviera un espacio en El Correo Ilustrado.

A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Hoy se cumplen 26 años del secuestro de nuestro papá. Hace 26 años, que es más o menos lo que hemos vivido, la brigada blanca (grupo paramilitar) se llevó a Rafael Ramírez Duarte a la gran cárcel clandestina que se llama Campo Militar número uno. En ese lugar fue salvajemente torturado durante días frente a sus hermanos, quienes después fueron liberados. Desde entonces es un desaparecido político. Su hermano murió asesinado por la misma brigada blanca y su cuñada, luego de haber estado desaparecida por cuatro meses y después de salir de ese mismo sitio, murió a consecuencia de las torturas.

Es claro que a mucha gente le resulta indiferente nuestro caso, y más claro que al Ejecutivo en turno no le interesa resolver el problema. La fiscalía especial con la que pretende engañar a todo el mundo ha resultado peor que la carabina de Ambrosio: su chamba no resuelve nada, porque para ellos es justamente eso, una chamba. Por eso necesitan espaldarazos. Para nosotros se trata de justicia, historia, dignidad. Pero es inútil, estas palabras son ajenas para esa gente en cuyo salario se perpetua la impunidad de los torturadores. En ellos no cabe nuestra esperanza, sólo saben de olvido.

¡Cuánta farsa alrededor de las órdenes de aprehensión por el caso de Jesús Piedra Ibarra! ¿Privación ilegal de la libertad? ¡Desaparición forzada! No se han dado cuenta de que jamás podrán amedrentar a Rosario Ibarra de Piedra y lo único que hacen es mostrar la esencia fétida de su cometido: aparentar que se realizan procesos de justicia de tal forma que al final todo quede igual, en completa impunidad.

Observamos con la misma mirada el proceso de extradición de Cavallo, otra pieza en la historia de represión de nuestro continente. Ese señor no puede quedar libre, no puede haber alguna rendija por la que un genocida así se pueda escapar. Porque claro, esa gente no vive: mata, tortura y escapa. Hay más de 500 casos como el nuestro y sinceramente no confiamos en la chamba de la "fiscalía especial". En una decisión grotesca se ratificó (con un pero y un sin embargo) la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas. Con una declaración interpretativa se pretende no juzgar casos "pasados" (recuérdese la tipificación de desaparición forzada: es un delito de lesa humanidad y por tanto imprescriptible, presente, continúa mientras no presenten a los desaparecidos) y con una reserva se impide que los militares involucrados sean juzgados por tribunales civiles. La fiscalía especial y el pero y el sin embargo de la convención son parte de la misma baraja. Nosotros simplemente no entraremos en ese juego que tiene payasos y comodines. Para nosotros se trata de vida. Así, recurrimos a ustedes para recordar que tienen en sus manos una controversia constitucional en la que se evalúa la ratificación de la convención. La justicia y la nación son los paradigmas que guían su trabajo, hagan honor a ambos y fallen en contra de las modificaciones que desvirtúan el concepto original de dicha convención. La justicia y la nación se los premiará o se los reclamará.

A 26 años de la desaparición de nuestro papá lo seguimos extrañando como el primer día, con mucha tristeza y mucho coraje, con esperanza y con todo el cariño: de la mano de las doñas continuamos reafirmando nuestra determinación para que no haya más desaparecidos ni más impunidad para los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Queremos a papá, a Jesús, Austreberta Hilda, Jacob, César, Juan, Eduardo, Pedro Ignacio, Alicia, Javier, Coni, Víctor, Violeta, Candelario, Teresa, Miguel, Irma Yolanda, Ignacio, José de Jesús, Valentín, Benjamín, Delia, Alejandro y los más de 500 que como ellos son hijos, hermanos, esposos, amigos, papás, y que desde la pesadilla de su desaparición gritan ¡libertad! ¡Vivos los llevaron! ¡Vivos los queremos!

Tania y Pável Ramírez H.

Señora directora: Desde febrero de 1998 se encuentran detenidos los integrantes del FZLN Anselmo Robles y Sergio Jerónimo Sánchez en el penal de San José El Alto, Querétaro.

Sus derechos civiles han sido violados de manera brutal, sistemática y anticonstitucional por las autoridades judiciales que, como se ha demostrado, están al servicio y bajo las órdenes del gobernador de la entidad, el tristemente célebre Ignacio Loyola.

De aplicarse los beneficios penitenciarios, desde hace varios meses Sergio habría obtenido su libertad, sin embargo le ha sido negada su excarcelación con argumentos y criterios políticos y no jurídicos. Ante esta notoria arbitrariedad se solicitó el amparo de la justicia federal (150/2003-II) y la respuesta de la juez María Guadalupe Molina Covarrubias del juzgado tercero de distrito fue favorable.

Exigimos que se declare la inmediata libertad de los presos políticos zapatistas y en especial que se dé cabal cumplimiento al amparo otorgado por las instancias jurídicas federales.

FZLN. Enrique Avila C.

Señora directora: En la edición de ayer se publicó la nota: "Denuncian ataques del gobierno de Chiapas contra defensores de derechos", acompañada con otra expresión: "La administración estatal emprende campañas de desprestigio". Una vez más se generaliza en torno a una situación inexistente. Cualquier organismo serio, objetivo y profesional puede dar cuenta de las condiciones que existen en Chiapas a partir de diciembre de 2000 para el adecuado trabajo de la defensa de derechos. Se puede testificar que, desde este gobierno se impulsa una cultura para incorporar a la sociedad valores como la tolerancia, la igualdad, la equidad de género, entre otros.

El gobierno de Chiapas ni ataca ni desprestigia a nadie, mucho menos a ONG alguna. Lo que sí ha ocurrido es la puntuación oportuna hacia una persona quien, en nombre de los derechos humanos, ha pretendido justificar conductas, acciones y hechos que ninguna relación tienen con una noble causa. Con pruebas, el gobierno de Chiapas ha demostrado que le han puesto precio a la defensa de los derechos humanos y el cobro por las gestiones se realiza mediante un porcentaje que resulta muy superior a los honorarios devengados por los mejores penalistas del país.

Se ha expuesto -quien desee lo puede comprobar- que las garantías constitucionales se reclaman en función del color de partido político de las personas. Ahí está el municipio de Nicolás Ruiz, donde se promueve el despojo de las tierras de los campesinos que tienen otra militancia política. En este caso, a la vista de todos, se atenta contra las libertades fundamentales con el aval y la asesoría de quien se dice defensor de los derechos humanos. En la confusión entre sus intereses, el amiguismo y la defensa de los derechos humanos, se han colocado a la cabeza de secuestradores, robacoches y taxistas piratas, pretendiendo que se ignoren sus delitos del orden común. Todo ello con innegables e irrefutables hechos públicos.

En el pasado, la impunidad generó las profundas confrontaciones que llevaron a los sucesos trágicos que eran el signo distintivo de Chiapas. Ahora, cuando existe un trato igualitario para todos, sin discriminación, algunos quisieran el silencio cómplice del gobierno para ciertos casos distantes de la defensa de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos ha ocupado un lugar central en la acción del gobierno de Chiapas. A tal grado que el nombramiento del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue realizado a propuesta de una de las más reconocidas ONG. El gobernador se abstuvo de hacer propuesta alguna. La consecuencia de esta decisión es ampliamente conocida: la CEDH, por sí misma, se ha ocupado de acumular todo el desprestigio posible y se ha dedicado a vulgarizar el tema de los derechos humanos.

El gobierno de Chiapas reitera su disposición para debatir con los organismos defensores de derechos humanos, los términos y el papel de todos, en una nueva realidad que incluye un gobierno emanado de la voluntad democrática del pueblo chiapaneco.

David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social del gobierno de Chiapas

Señora directora: Le agradeceríamos publicar la siguiente aclaración a un desplegado publicado como inserción pagada por el PT (Partido del Trabajo) el 7 de junio, titulado "Alianza de los Trabajadores".

Se dice en ese desplegado que el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores) e Insurgencia Popular (IP) reconocen al PT "como la opción de izquierda" y llaman a votar por todas las candidaturas registradas por ese partido para el 6 de julio. Debemos aclarar que el PRT no tiene compromiso alguno con el PT ni estamos llamando a votar por sus listas ni lo consideramos "la opción de la izquierda".

Entre los integrantes de IP -que el año pasado intentó obtener su registro como agrupación política sin éxito- hay algunos antiguos militantes del PRT y antes de esta alianza con el PT la hicieron con el partido Convergencia de Dante Delgado. Obviamente ese grupo puede hacer los giros políticos que quiera, pero no tiene derecho a involucrar al PRT en un pronunciamiento público que no incluye, por cierto, ni firma ni responsable de la publicación. El PRT no considera que exista entre los partidos actualmente registrados alguno que represente a la izquierda anticapitalista -como se dice en el desplegado- ni siquiera que las listas de candidaturas de la oposición, a pesar de algunas individualmente ligadas a movimientos de resistencia sean garantía para detener el avance de la derecha sobre el Legislativo. Por eso hemos propuesto, independientemente de que ciertos movimientos sociales apoyen a algunas candidaturas individuales, depositar en las urnas otra papeleta que diga "otra izquierda es necesaria".

Edgard Sánchez Ramírez, por el Consejo Político del PRT
 
 
 

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