Iván Restrepo

Los primeros en infringir las leyes ecológicas

El jueves pasado se celebró el Día Internacional del Medio Ambiente. Como cada año, hubo ceremonias oficiales, pero la principal no contó en esta ocasión con la asistencia del Presidente de la República, quizá más interesado en promover el voto de su partido que en enterarse de los problemas de México en la materia, y que están lejos de resolverse. Sin embargo, diversos funcionarios nos recordaron lo que ocurre y lo que nos espera. Así, el secretario Víctor Lichtinger ofreció datos que muestran cómo no hemos podido detener la destrucción del bosque. La pérdida sigue siendo de unas 600 mil hectáreas anuales. Otro funcionario, Alberto Cárdenas, responsable de la Comisión Nacional Forestal, dijo que el éxito en la tarea de reforestación alcanzó 35 por ciento el año pasado, en vez del 10 por ciento anterior. El déficit entre lo que se pierde y lo que se recupera sigue siendo abismal.

También nos enteramos del poder que tienen talamontes, "líderes" agrarios y funcionarios corruptos. Por ejemplo, en Michoacán hay unos 3 mil 500 aserraderos y talleres ilegales contra apenas mil 650 autorizados. En la zona de la mariposa monarca las autoridades aseguraron nueve aserraderos, maquinaria y 3 mil 500 metros cúbicos de madera, esto en plena reserva natural, vigilada y con apoyos. Es de imaginar lo que sucede en el resto del país. Mientras, en el Distrito Federal, pese al bando 2 que prohíbe construir en zonas de reserva, hay 22 invasiones en el Ajusco, que en superficie equivalen a la tercera sección del bosque de Chapultepec y a la pérdida de 500 millones de litros de agua al año.

También los funcionarios violan las normas ambientales, un ejemplo notorio lo da el alcalde de Jalapa, Reynaldo Escobar, quien impuso que la basura de esa ciudad se tire donde no se debe. Como mencionamos aquí el 31 de marzo pasado durante varios años Jalapa depositó su basura en El Atorón, predio del cercano municipio de Coatepec. Al duplicar sus dueños el costo por tonelada de la basura que se llevaba ahí, el edil se negó a pagarlo y anunció que la ciudad tendría su propio relleno sanitario. El sitio elegido fue un terreno en la congregación de Chiltoyac, cercana a Jalapa. Desde hace tres meses allí se tira la basura.

Mas ocurre que la zona es desde 1989 área de reserva ecológica municipal, pues es una zona de bosque de niebla con un arroyo intermitente que aguas abajo se une a otro permanente; ambos surten de agua a varias comunidades, pero las autoridades locales y estatales se olvidaron de esto, así como de realizar los estudios previos que establece la norma para integrar el respectivo manifiesto de impacto ambiental, lograr el cambio de uso de suelo y obtener el permiso de la autoridad estatal y de la comunidad como ordena la ley. Menos se tomó en cuenta el daño que causaría a la salud de varias comunidades la contaminación de su fuente de agua. Por su parte, el cabildo de Xalapa aceptó que la concesión se otorgara a una empresa que años antes había ganado una licitación para construir y operar en otro lugar un relleno sanitario, lo cual no se llevó a cabo.

Casi tres meses después de que estuviera funcionando el tiradero en Chiltoyac, el 23 de mayo pasado la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) decretó la clausura total temporal del relleno sanitario que se construye junto al tiradero, entre otras cosas por infringir la Ley General del Equilibrio Ecológico, la Ley Forestal y la NOM ecológica 083 que exige diversos estudios antes de iniciar una obra como la citada. Además, la Comisión Nacional del Agua verifica si ese sitio está bajo su competencia.

La reacción de las autoridades locales y estatales fue acusar al gobierno federal de intromisión. Y en una muestra de eficiencia pocas horas después de la clausura entregaron en la delegación de la Profepa un amparo concedido por un juez local que deja sin efecto dicha medida. Casi al mismo tiempo apareció el manifiesto de impacto ambiental que debieron entregar antes de empezar la obra y ser aprobado por la instancia estatal. Gracias al amparo la basura se sigue depositando donde no se debe, con enorme riesgo para la salud pública de las comunidades aledañas y daño para los recursos naturales.

Si las autoridades de Jalapa y las responsables del medio ambiente en Veracruz violan tan claramente las leyes, Ƒcómo exigir que la ciudadanía las cumpla y cuide su entorno y bienestar?