A partir de este jueves se podrá consultar cualquier dato, con algunas excepciones

El gobierno abre su información, pero duda si podrá responder a la demanda

La ley respectiva será fundamental para la consolidación del sistema democrático: Paoli

CLAUDIA HERRERA Y ALONSO URRUTIA

El plazo está por cumplirse: 12 de junio, México ingresará al grupo de países donde sus ciudadanos tienen acceso a la información gubernamental. Sinónimo de transparencia y combate a la corrupción a partir de esa fecha cualquier ciudadano podrá solicitar información de los tres poderes, siempre que -por ejemplo- no esté reservada, sea confidencial, provoque riesgo la seguridad nacional o ponga en jaque la estabilidad económica.

Las expectativas de las autoridades contrastan con el desconocimiento de los ciudadanos, beneficiarios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, lo que se pretende contrarrestar con una campaña de difusión en los próximos días. Sin embargo, aún permea entre los responsables de entregar la información la incertidumbre sobre la capacidad de respuesta frente a una incierta demanda social.

Empero, los obstáculos y dificultades de arranque para la plena vigencia de la ley son diversos: una enorme cantidad de documentación oficial no clasificada; la discrecionalidad con que hasta ahora se han conducido los funcionarios; las inercias burocráticas y la escasez de recursos para conformar la infraestructura necesaria para responder en los tiempos establecidos por la ley y la posibilidad de que se creen candados a la información mediante los reglamentos.

"Abrieremos una puerta enorme"

Aunque admite algunas dificultades, el subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, Francisco José Paoli, revindica los alcances de la aplicación de una ley que considera fundamental para consolidar la transición del país: "La ley va a ser un instrumento fundamental para la consolidación del sistema democrático. Vamos a abrir una puerta enorme, no de inmediato, para transparentar la información en manos del gobierno".

Desde ahora, vaticina, habrá ámbitos muy complicados por resolver: información económica o política solicitada, por citar algunos, donde los criterios se tendrán que ir fijando al paso de las solicitudes.

El plazo fijado por la autoridad para adecuarse a los requerimientos de esta nueva ley concluirá. Por disposición de la ley desde este 12 de junio, todas las dependencias de gobierno, los poderes Judicial y Legislativo, deberán abrir toda la información pública.

Este año el Poder Ejecutivo adecuó la estructura para crear 250 unidades de enlace (UE) que operarán en las dependencias federales para proporcionar la información; la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un acuerdo general que incluso iba más allá de lo establecido en la ley, pues abría la posibilidad de acceder a los proyectos de sentencia, lo cual fue revocado por contravenir la ley; el Poder Legislativo aprobó un reglamento provisional para dar cumplimiento a los plazos, el cual será perfeccionado en la próxima legislatura, y los diversos órganos autónomos -UNAM, CNDH e IFE- aprobaron reglamentos propios para estar en condiciones de abrir la información desde este jueves.

Este año se conformó la infraestructura del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), instancia responsable de revisar, los casos de incumplimiento o rechazo de solicitudes ciudadanas sin justificación.

En un primer paso para abrir la información, las dependencias deberán subir a su página web reportes elementales sobre sus manejos financieros: sueldos de funcionarios, contratos, licitaciones, resultados de auditorías, subsidios en beneficio de particulares, entre otras datos que obligatoriamente deberán actualizar en enero y junio de cada año.

Tendrán que difundir por Internet los proyectos de ley, actos administrativos, reglamentos, circulares, lineamientos, instructivos por lo menos 20 días antes de que pretendan aprobarlos, según se desprende del anteproyecto de reglamento de la ley. Dicho documento está haciendo lo propio y se puede conocer por Internet en lo que ha sido una especie de consulta pública para captar observaciones antes de su aprobación.

A ello se podrá acceder sin necesidad de solicitud formal a las dependencias. Pero esa es la faceta poco complicada en la ruta de la apertura informativa, aquella que expresamente el Ejecutivo ha determinado divulgar sin petición de parte, como elemental esquema de transparencia a la sociedad. A marchas forzadas, el conjunto de las dependencias dan los últimos toques de este apartado en sus páginas web.

Demandas específicas

Las complicaciones llegarán con las demandas específicas que los ciudadanos hagan ante las denominadas unidades de enlace, especie de ventanilla única en cada dependencia para pedir la información, que desde ahora lo advierte Paoli: "Hay un problema serio para la administración pública que va a entrar en este ejercicio por primera vez, porque hay muchísima información que no está clasificada. Es posible que buena cantidad de los informes que existen en documentos vengan mezclados con algunos elementos que se relacionan con la vida privada, con datos personales que sí están bajo la confidencialidad que previene la ley".

Este será uno de los problemas que enfrentará la administración para hacer fluir con rapidez la información, pues se tendrá que determinar el esquema para garantizar el acceso a la documentación que no tiene ninguna reserva, y al mismo tiempo prevenir que la confidencialidad no sea rota. Está en estudio entregar fotocopias parchadas donde no aparezcan datos personales, pero esto aún no se define.

-¿Cuál será la información que represente mayores dificultades para la entrega?

-Los más difíciles serán algunos elementos económicos, información financiera, porque es muy complicado establecer la línea entre lo reservado y lo que no está -responde Paoli.

En las experiencias de otros países, el sector empresarial es el que formula el mayor número de solicitudes de información al gobierno. "Muchas solicitudes provienen sobre todo de quienes quieren hacer negocios, lícitos, ni siquiera ilícitos: por donde va a pasar una carretera o donde se va construir determinado proyecto, lo cual es lícito, pero no siempre se puede dar la información porque entramos en el terreno de dar ventajas indebidas", agrega.

No es la única preocupación gubernamental. En tiempos electorales, la infor-mación política puede ser fundamental, "puede haber información que esté ligada a quienes hoy son candidatos o dirigentes y esa información la tiene hoy la Secretaría de Gobernación", admite el subsecretario.

Según las experiencias de acceso a la información en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, los periodistas constituyen menos de 10 por ciento de las solicitudes que se presentan.

Tanto en lo económico, como en lo político, los criterios deberán fijarse a partir de casos particulares, porque ya desde ahora vemos -dijo Paoli- dos tipos de pleitos: uno, porque no se entrega la información porque es reservada y entonces el ciudadano puede acudir al IFAI.

Otro conflicto será en el que el solicitante considere que la respuesta está incompleta y será a partir de la manera en que se vayan resolviendo los primeros casos se perfilarán las respuestas. Sin embargo, existe la incertidumbre de que si en algún caso se entrega una información no considerada confidencial y alguien que se siente afectado por un escándalo surgido de esos documentos pudiera promover acciones en contra, que más adelante obstruyan la entrega de la información.

En cualquier caso, asume Paoli, la fundamentación para negar una información es muy importante porque de ello dependerá si más adelante, en un eventual recurso interpuesto, se revoca o ratifica la decisión por parte del IFAI.

Sin embargo, esto implicará un problema al comenzar a entregarse la información, pues derivada de la propia ley existe escasez de recursos para crear la infraestructura amplia para responder a las demandas. El marco jurídico establece que ninguna dependencia deberá solicitar mayores recursos para responder a las solicitudes.

Ello implicará un agravante para las dependencias, pues con escaso personal y recursos presupuestales deberán enfrentar una demanda social incierta.

Según Paoli: "Hemos hecho un esfuerzo muy grande para organizar y entrenar a la gente, pero siempre está la duda de las cosas que no previmos. Esperamos un primer momento de gran solicitud de información que luego irá bajando, en parte porque se resuelven, pero tenemos la preocupación de no cumplir en tiempo y forma.

"No sé si haya que estirar un poco la ley y si no vamos a poder contratar plazas, sí tener tiempos extra, porque estrictamente hablando va a ser difícil que no se tenga ningún recurso mayor, pues lo importante es atender hasta el límite las peticiones..."