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México D.F. Jueves 5 de junio de 2003
CIUDAD PERDIDA
Miguel Angel Velázquez
El PAN de Luege, asunto con mucha cola
SI RESULTA cierto eso de que el Tribunal Electoral del Distrito Federal regresará el asunto de Acción Nacional al Instituto Electoral para que investigue qué sucedió en realidad con la supuesta venta de puestos de elección popular para, al parecer, recaudar fondos para la eventual campaña presidencial del secretario de Gobernación, Santiago Creel, todo parece indicar que tendrá bastante material para indagar a fondo.
DOCUMENTOS EN poder de Ciudad Perdida dejan ver que en Acción Nacional se llevaron a cabo interrogatorios tendientes a juzgar a quienes pertenecían o pertenecen a la asociación Desarrollo Ciudadano.
DURANTE ESTOS se trató, de todas las maneras posibles, de deslindar al PAN de esa organización y en el desahogo de las pruebas se involucra a la Secretaría de Desarrollo Social federal en un programa mediante el cual diputados panistas obtenían de la dependencia ropa y zapatos que repartían entre habitantes de la ciudad, cuando menos de la delegación Iztapalapa, según las confesionales.
ES UN asunto sucio. Desarrollo Ciudadano se creó, según sus estatutos, con el objetivo primordial de "atender preponderantemente a las clases populares para la obtención de vivienda, bienes y servicios públicos y privados tendientes a elevar su nivel de vida".
NO OBSTANTE, el objeto social de Desarrollo Ciudadano se amplió, de acuerdo con sus fundadores, para darle un perfil de mayor actividad política. El artículo 13 del reglamento para las relaciones de Desarrollo Ciudadano con otras asociaciones, agrupaciones, organizaciones y partidos políticos se señala: "No se podrán postular, impulsar o designar a cargos de elección popular o a funcionarios públicos a militantes de otras agrupaciones que no sean asociados de la AC, salvo previa afiliación de los mismos".
DEL MISMO modo, en los estatutos se dice que los miembros de la asociación deberán contribuir con una cuota que iría de acuerdo con las percepciones de cada funcionario, incluidas todas sus remuneraciones por el ejercicio del cargo, y se les piden cuotas de espacios a los que hubieran llegado a puestos de elección popular, vía la misma asociación, en la que, vale recordar, sólo estaban asociados miembros de Acción Nacional.
ES DECIR, la asociación civil realizaba acciones reservadas a los partidos políticos, como hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. El primero en llegar a esas alturas sería Antonio Aviña Gutiérrez, quien aseguró su intención de quedar como número uno en la lista de diputados plurinominales del mismo PAN, pero, después de hacerse público el asunto de la venta de candidaturas, quedó en simples aspiraciones.
TODO ESTO viene a cuento porque Jaime Alejandro Vences Mejía, otro de los panistas miembros de la asociación civil, según consta en los documentos en poder de Ciudad Perdida, envió, en su carácter de representante legal de Desarrollo Ciudadano, dos escritos dirigidos a Josefina Vázquez Mota, secretaria de Desarrollo Social, uno el 15 de mayo de 2000 y el otro el 20 de septiembre de 2002.
EN LAS declaraciones de los panistas interrogados queda claro que la funcionaria operó con Desarrollo Ciudadano un programa en el que, se dice, hubo cuando menos una donación de la dependencia a los diputados de Acción Nacional.
EN LA Sedeso no existe registro alguno de la existencia de esa asociación civil, ni de ningún donativo para la misma; también se asegura que no participa en la promoción de ningún partido político.
EL ASUNTO tiene cola y ya sabremos mucho más de esto.
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