Octavio Rodríguez Araujo

De lo público y lo privado

Vivimos, aparentemente, en tiempos de confusión. En Estados Unidos una señora de religión musulmana se negó a mostrar el rostro para la fotografía de su licencia para manejar. Un obispo católico dijo que las leyes de su Iglesia están por encima de las leyes hechas por los hombres y vigentes en México. Gobernantes y representantes, también en Estados Unidos, persiguen y acosan a quienes no coinciden con la política belicista y neocolonialista del presidente Bush, poniendo en entredicho la Constitución de ese país y su Primera Enmienda.

Los tres ejemplos pertenecen a una suerte de fundamentalismo individual (la señora, el obispo, el presidente) que se quiere imponer a las leyes, acuerdos y tratados existentes. Se trata también, en la sociedad llamada occidental, del dominio de lo privado sobre lo público, puesto que la religión o la ideología son asumidas individualmente, de manera voluntaria y sólo significan mandato (en lo privado) para quienes las aceptan. Las leyes de un país, y sobre todo una Constitución, son de observancia general para un ciudadano común y también para un obispo o un presidente.

Si observamos con cuidado podemos concluir que no son tiempos de confusión, sino que hay una clara tendencia a subestimar (y contrariar) las leyes vigentes, y a sustituirlas, en los hechos, por valores e ideas religiosos o supremacistas. Pareciera que las leyes estuvieran en crisis y que los principios fundamentalistas estuvieran cobrando carta de naturalidad.

El derecho, como bien se sabe, no tiene fines en sí mismo. Responde a una cierta correlación de fuerzas ideológicas, sociales y políticas de quienes lo hacen. Los legisladores, en cualquier país del mundo en que existen, aprueban leyes y éstas, por lo general, están hechas para regular las relaciones entre ciudadanos, y entre éstos y la autoridad institucional. Son las reglas de juego para la convivencia pacífica entre personas, sean de la llamada sociedad civil o de la esfera del poder. El derecho reconoce libertades y a la vez las limita precisamente en función de la convivencia y, obvio, en función de los intereses dominantes expresados en una ley. Pero aún existiendo leyes determinadas por los intereses dominantes en una sociedad, una vez vigentes tienen que ser observadas incluso por quienes representan esos intereses dominantes. (Que en ocasiones, y a veces con frecuencia, los poderosos puedan burlar la ley, no los exime de su cumplimiento, al menos formalmente.)

Una mujer de religión musulmana, en un país donde la ley no está regida por el Corán, está obligada a cumplir con las leyes y reglamentos vigentes para todos los que vivan en Estados Unidos o en México. Sé que hay excepciones basadas en cierta tolerancia, como es el caso de las comunidades amish o las menonitas, para poner dos ejemplos significativos, pero fuera de sus comunidades tienen que cumplir con todas las reglas válidas para el resto de la sociedad.

Un obispo católico no puede decir que por encima de la Constitución están las leyes de su religión o el derecho de su Iglesia. En el ámbito de lo privado, como es el caso de la mujer musulmana, puede hacer lo que le dicte su religión, pero en la esfera de lo público debe obedecer y aprovechar los derechos que establecen las leyes. Si su religión le impide casarse y tener hijos, por ejemplo, las leyes mexicanas no se lo prohíben, por lo que si contrae matrimonio o tiene una mujer y con ésta hijos, lo juzgará la Iglesia, pero no un juez civil. Pero si tiene relaciones sexuales con menores, y la Iglesia no quiere juzgarlo, como ha ocurrido en varios casos denunciados, es obligación de un juez juzgarlo e imponerle la sanción que corresponda.

En el caso de un gobernante, la situación es más delicada, pues sus actos públicos derivados de una ideología o de una religión asumidas individualmente afectan o pueden afectar a toda una nación y, si se trata del presidente de Estados Unidos, a varias naciones o a todo el mundo. Si un presidente de Estados Unidos tiene relaciones sexuales con una becaria, no afecta a nadie en el ámbito público, aunque su esposa sea la primera dama (pues las primeras damas no pertenecen, aunque quieran, al ámbito público), pero si por razones sicológicas, religiosas o de valores políticos asumidos de manera individual (ámbito privado), toma decisiones que van en contra las leyes (esfera de lo público) y de la libertad de expresión inherente a todo ser humano, incluso con independencia de las leyes, ese presidente está desvirtuando el papel para el que fue mandatado.

ƑEstaremos en presencia de un deterioro de lo público que podría conducir a su crisis? Sería como regresar a la ley de la selva, donde cada quien imponía su dominio a los demás por el simple ejercicio de su voluntad.