Pasaron de 9 mil a 18 mil en un año; lo más frecuente es despojo de bienes por cónyuges

En 2002 se duplicaron las denuncias de abusos contra ancianos en el DF

El Inapam reconoce que pese a los avances falta mucho en materia de seguridad social

CAROLINA GOMEZ MENA

Pedro Borda Hartmann, director general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), lamentó que aunque ha habido avances significativos en el país en favor de la tercera edad, "aún estemos lejos de ser una sociedad en que todas las personas puedan envejecer con seguridad y dignidad".

Según el funcionario, tan sólo en el Distrito Federal la cantidad de denuncias de abuso y maltrato en contra de integrantes de ese sector de la población se han duplicado. Al participar en la inauguración del Simposio sobre atención y bienestar del adulto mayor: alcances y limitaciones de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, organizado por la Universidad Iberoamericana y el Inapam, Borda Hartmann reveló que tan sólo en la capital del país las denuncias interpuestas ante la Subdirección de Asistencia Jurídica del instituto pasaron de 9 mil en 2001 a más de 18 mil en 2002.

Ante el cambio demográfico -que en menos de 50 años hará de México un país con 30 por ciento de población anciana-, Borda hizo un llamado para que el tema del envejecimiento poblacional se convierta en una "prioridad en la agenda nacional", sobre todo porque es un proceso irreversible que golpeará a los sistemas de salud y pensiones del país, así como al ámbito laboral.

El titular del Inapam hizo hincapié en que muchos adultos mayores son víctimas de sus familiares, en especial de sus hijos, pero también de sus cónyuges, quienes generalmente los despojan de sus bienes, los engañan e inclusive, en algunos casos, les infligen maltrato físico. Cabe destacar que la mayor parte de las denuncias son por despojo de bienes. Según los cálculos del Consejo Nacional de Población, dentro de 15 años la población mayor de 60 años ascenderá a casi 15 millones de personas, mientras que en 2050 será de 42 millones. De ahí la urgencia de no hacer de la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores "letra muerta".

En la ceremonia también participaron los doctores en derecho Luciano Silva Ramírez y Carlos Arellano García, quienes coincidieron en que la legislación que protege a las personas mayores de 60 años debe tener mayor flexibilidad y más bondades, porque además de estar enmarcada en el derecho social se deben tener en consideración las condiciones físicas en que se encuentran algunos ancianos, quienes por su deteriorado estado de salud muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de denunciar los abusos de que son víctimas.