José Blanco

Patitos

Las instituciones de "educación superior" de baja o ínfima calidad sobre las que actualmente se debate, surgen de las malas o pésimas decisiones que tomó el gobierno priísta a partir de fines de los años 60 y principios de los 70, y después al inicio de los 80.

El gobierno enfrentaba duras presiones sociales para la ampliación de la educación superior, tal que, desde los 60, habían comenzado a surgir normales, preparatorias y hasta universidades "populares". Quedan polvos de aquellos lodos. Desde los primeros 70 el gobierno federal no ha vuelto a abrir una sola universidad pública, y apenas en el sexenio de Zedillo se hizo el modesto esfuerzo de abrir las llamadas universidades tecnológicas (que absorben una proporción ínfima de la población escolar de nivel superior) y, más recientemente, la pequeñísima e innecesaria (en el Distrito Federal) universidad de López Obrador, así como alrededor de una docena de minúsculas universidades impulsadas por estados como Veracruz y Oaxaca, principalmente, de cuya calidad aún habrá que enterarse.

La presión social por educación superior intentó "resolverse" -como hemos dicho repetidamente en este espacio- con decisiones políticas ajenas a la vida académica: se obligó a las universidades a abatir sus requisitos de ingreso y de promoción de los alumnos, y así las universidades existentes se masificaron velozmente (sólo la UNAM más que duplicó su población escolar entre 1970 y 1980). Por supuesto, ninguna institución de educación superior puede formar buenos profesores a ese ritmo de crecimiento. Así, la improvisación de profesores o la conversión en profesores por la vía de la militancia política de alumnos recién egresados (o aún sin egresar), más que por la vía de la carrera académica, fue la norma en múltiples espacios del sistema educativo superior de México. La masificación se tradujo, por tanto, obligadamente, en una caída de la calidad académica en muchas escuelas y facultades de las universidades públicas. Fueron años también en que se inició el crecimiento significativo de algunas instituciones de educación superior privadas de buena calidad.

A principios de la década de los 80 la UNAM, debido a su gigantismo (disputaba con la Universidad de Calcuta ser la más grande del mundo), puso un límite al volumen de su primer ingreso a licenciatura (entre 32 y 33 mil alumnos por año). Pero simultáneamente el gobierno -en el marco de la crisis de la deuda externa- puso un tope al crecimiento de la educación superior pública en el país. Esta decisión se dio cuando, derivado de un examen de lo que estaba ocurriendo con la educación en general y con la de nivel superior en particular, el mundo desarrollado y algunos países del mundo no desarrollado, como Chile, decidieron expandir aceleradamente su cobertura educativa de nivel superior.

En México apareció entonces, gradualmente, un nuevo y doble fenómeno. De una parte la entrada a ríos de alumnos a las universidades públicas permitida por el relajamiento de las normas de ingreso y promoción, resultó una política inútil porque en los años 80 y 90 se tradujo en altísimos niveles de abandono de estudios, debido al olvido al que habían sido lanzados los niveles primario y secundario y el bachillerato públicos. De otra parte, el freno a la expansión de la educación superior pública no detuvo la demanda por ese nivel educativo y, por tanto, sobre todo a partir de los 90 en que se recuperó en alguna medida el ingreso nacional, comenzaron a florecer como verdolagas las instituciones patitos, que hacían negocio con la demanda no atendida por la educación pública.

Hoy las instituciones de "educación superior" privadas atienden a un tercio de la población escolar de ese nivel y, puede asegurarse, en su gran mayoría van de malas a peores. Un indicador es la pertenencia a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Esta asociación exige, para ser miembro de la misma, el cumplimiento de un conjunto de indicadores académicos (profesores de carrera, investigadores, laboratorios, centros de cómputo, pertenencia de académicos al Sistema Nacional de Investigadores, publicaciones en el llamado padrón de excelencia del Conacyt, y otros muchos). Se hallan registradas en la ANUIES 21 instituciones privadas, mientras hay en el país alrededor de mil 300. Saque usted sus conclusiones.

En esas condiciones es obligado ponerle muchos peros a la cifra de algo más de 20 por ciento de cobertura educativa en el nivel superior. Estas breves referencias a la educación superior muestran que la educación como tal fue abandonada por el gobierno hace muchas décadas. De otra parte, véase el drama: si fueran eliminados todas las patitos, porque abundan los casos cercanos a un fraude social, el gobierno enfrentaría de inmediato una demanda por educación superior imposible de atender en el corto plazo. Esta es una de las herencias de los gobiernos "revolucionarios"