Continúan las discusiones entre organizaciones agrarias y el gobierno federal

Entregarán a pequeños productores 25% de fondos de la Alianza para el Campo

MATILDE PEREZ U.

El movimiento El campo no aguanta más, el Congreso Agrario Permanente, El Barzón y la Confederación Nacional Campesina lograron que 25 por ciento de los 6 millones 250 mil pesos destinados a la Alianza para el Campo se entreguen a pequeños productores de bajos ingresos que tienen hasta 20 hectáreas de temporal o diez de riego en zonas no marginada. Dichos agricultores no estaban incluidos en la estratificación original.

En el marco de las discusiones para definir las reglas de operación y reglamentos para los diversos programas relacionados con el agro que forman parte del Acuerdo Nacional para el Campo, las organizaciones también acordaron que en el Programa de fortalecimiento de empresas y organización rural (Profemor) se eliminará la obligación de tener más de tres años para acceder a los recursos.

Ahora se entregarán 75 mil pesos a las organizaciones que no pertenezcan a una red; 150 mil pesos a las que presenten proyectos y que formen parte de una agrupación más amplia y 250 mil a las que presenten proyectos integrales como parte de la red que las respalda. Además se revisarán todos los procedimientos, formatos y criterios de supervisión para los técnicos que proponen las organizaciones.

Las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo formarán parte del comité que, junto con Sagarpa, determinará los nuevos procedimientos para la contratación de los técnicos que asesorarán a los agricultores en la elaboración y desarrollo de los proyectos productivos, con lo que se evitarán determinaciones parciales y el proceso será más abierto.

El próximo fin de semana continuarán las discusiones en torno a las prácticas desleales de comercio, negociaciones comerciales, política de cupos de importación, así como la creación de una oficina de investigación comercial para monitorear el comportamiento de las importaciones de productos agropecuarios y que se hagan a precios menores a los costos de producción.

Junio es el plazo que se fijaron organizaciones y gobierno -particularmente las secretarías de Hacienda, Economía, Agricultura y Gobernación- para acordar las reglas de operación de los programas tendientes a afrontar la situación de emergencia que hay en el campo.

En ese ámbito de negociación, los productores forestales manifestaron su desaliento por la entrega tardía de los 60 millones de pesos del programa de empleo temporal destinados para prevenir y combatir los incendios forestales. Esta es una temporada atípica en el sureste, la falta de humedad ha provocado que se incremente el número de incendios; este año las conflagraciones han devastado 265 mil hectáreas, 113 mil más que el año pasado, dijo Gustavo Sánchez, director ejecutivo de la Red Mexicana de Productores Forestales.

Hay un exceso de optimismo entre las autoridades de la Comisión Nacional Forestal, pues sin los trabajos de prevención y con un presupuesto reducido estimaron que las conflagraciones causarían menos daños que en 2002, "pero se equivocaron, aunque este no es el momento de desgarrase las vestiduras, sino de aprender las lecciones y aceptar que es necesario cambiar las estrategias", abundó Sánchez.

Uno de los temas pendientes y que es motivo de fuerte debate entre gobierno y productores forestales es el programa piloto del pago de servicios ambientales, al cual se destinaron 200 millones de pesos de los recursos que ingresan a la Comisión Nacional del Agua por el pago de derechos.

Las negociaciones en torno a las reglas de operación y determinación del monto de apoyo son difíciles, ya que -explicó el director de la Red Mocaf- la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal proponen un pago de 400 pesos máximo por hectáreas y exigen que los propietarios "no toquen" los bosques, pero además personal asignado por las instituciones determinará la superficie que estará dentro de ese programa. "Esa es una visión muy limitada y poco competitiva, se vuelve a caer en el error del Procampo y del programa de empleo temporal".

Comentó que la propuesta de las organizaciones es incrementar el monto hasta 500 pesos por hectárea, acompañarlo de un programa de aprovechamiento forestal sustentable y que se acepten las solicitudes de quienes consideren que sus propiedades pueden formar parte de esa estrategia para salvaguardar la cuencas. En México no hay experiencia en ese tipo de manejo, pero sí hay certeza de que los programas para combatir los incendios forestales y de reforestación no han tenido el impacto estimado por las autoridades.