Néstor de Buen

Un dictamen con buen humor

Ha llegado a mi poder un bonito documento intitulado Dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo (LFT). Se trata de un trabajo que pretende resumir la totalidad de las propuestas que se han hecho para reformar la LFT y por lo visto sus autores, cuyos nombres desconozco, intentan que sea un documento básico para la famosa y pretendida reforma laboral. Ello podría ser el punto de partida para que en julio, tal vez a finales o a principios de agosto, se convoque a un periodo extraordinario, en el que los señores diputados y los permanentes (por tres años más) señores senadores se pongan a platicar para llevar a cabo esta tan anunciada reforma.

La gracia es que abundan las propuestas, pero lo que falta en el documento es el adecuado resumen de lo que han sido, desde 1995, esas mismas propuestas. Y con un ejemplo que me llega muy de cerca se puede comprobar la menos que escasa valía del famoso dictamen.

Es sabido que en 1995 el grupo parlamentario del PAN en el Senado presentó, por conducto del senador Gabriel Jiménez Remus y con la participación muy importante de su colega Juan de Dios Castro, un proyecto integral de reformas a la LFT. También es sabido que ese proyecto fue producto de un trabajo hecho en común por Carlos de Buen Unna y quien esto, con cierta audacia, escribe. Trabajo profesional, por supuesto. Y muy bien hecho, dicho sea de paso.

La iniciativa, discutida integral y apasionadamente por los senadores del PAN, con la presencia relativa (no todo el tiempo de discusión) de Arturo Alcalde, Carlos Llano, Lorenzo Meyer, Carlos de Buen y Néstor de Buen, había sido aprobada de manera unánime con el agregado propuesto de un capítulo destinado a regular la adquisición de acciones de las empresas por los trabajadores, con cargo parcial a su participación en las utilidades, viejo reclamo del PAN, de aquellos tiempos en que ejercía con gracia el derecho a defender tesis de contenido social.

Quien la conoce, y son muchos, saben que era absolutamente integral, con precisiones en la parte inicial conceptual; mejoras sustanciales en el derecho individual del trabajo; reformas a fondo, listas para romper con el pernicioso corporativismo que padecemos en materia colectiva (cancelación de los registros sindicales y de las tomas de nota, sustituidas por el depósito de la documentación ante una autoridad, con derecho de cualquier interesado a promover jurisdiccionalmente inconformidades, pero con personalidad jurídica desde el momento del depósito); contratos colectivos de trabajo, con otro nombre, aprobados previamente en asamblea por los trabajadores para evitar los llamados "de protección"; huelga decidida por una asamblea de trabajadores y no por un autocalificado de líder; presencia de los comités de empresas, elegidos democráticamente, representantes de todos los trabajadores, sindicalizados o no, y responsables y titulares de los convenios colectivos; desaparición de esa vergüenza que son las juntas de Conciliación y Arbitraje, y algunas discretas reformas procesales.

De acuerdo con el ilustre dictamen de autores desconocidos (al menos por mí), en un amplio capítulo de "Descripción de iniciativas, decretos y puntos de acuerdo y consideraciones", aparece en primer lugar la referencia a la iniciativa del PAN. La transcribo: "La iniciativa mencionada pretende suprimir las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces de lo social, incorporados al Poder Judicial de la Federación./ En la parte sustantiva (?), crear la semana laboral de 48 a 40 horas con derecho a dos días de descanso obligatorio por cada cinco de trabajo. Igualar la duración de la jornada diurna con la nocturna; esto es, de siete a ocho horas de trabajo". Y hasta ahí...

El comentario de la susodicha comisión es que la iniciativa no es viable, porque presupone una reforma al artículo 123 constitucional, "que por el momento se ha decidido evitar" (¿por quién?) y porque la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales "incrementaría el costo de las relaciones laborales para las empresas hasta un monto inalcanzable, dada la situación económica del país".

Con un resumen tan "metódicamente" hecho, lo que aterra es la posibilidad de que los autores del documentito sean el punto de partida para una reforma que rehuye cambios constitucionales (que son indispensables) y que se olvida de las reformas, entre muchas otras, a las reglas sobre libertad y autonomía sindicales, a la negociación colectiva y al derecho de huelga.

¡Buen oficio el de legislador! Chamba muy escasa, vacaciones prolongadísimas, buenos sueldos, fuero y, por lo menos los autores del dictamen, con muy pocas ganas de trabajar. Dejando a un lado los criterios...