Responsabilizan al gobierno estatal de lo que pudiera pasar a los abogados

Intentan desprestigiar a defensores de ejidatarios de Nuevo Tepeyac

Otra vez Pablo Salazar vuelve penal un conflicto social: Miguel Angel de los Santos

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis. 31 de mayo. El operativo violento que hace 10 días realizaron 500 agentes federales y estatales en la comunidad Nuevo Tepeyac (municipio Villa las Rosas) también ha servido para instrumentar una campaña de desprestigio contra los abogados de los ejidatarios, la Red de Defensores Comunitarios, y en particular el abogado Miguel Angel de los Santos. En los comentarios públicos de los funcionarios en Tuxtla Gutiérrez y las columnas políticas locales, más allá de la intención difamatoria, se le descalifica casi con burla. De tiempo atrás la red resulta "incómoda" para el gobierno.

A eso se refirieron ayer los representantes ejidales en Nuevo Tepeyac. De los Santos, dijeron a La Jornada, "tiene todo el respaldo de las comunidades", y responsabilizaron al gobierno estatal "de cualquier cosa que pudiera pasar a los defensores comunitarios".

De los Santos declaró hoy a La Jornada: "Una vez más el gobierno del estado vuelve penal un conflicto social. En Villa las Rosas el gobierno no agotó el camino del diálogo".

La irrupción policiaca del día 21 en Nuevo Tepeyac (ejecutado casa por casa, según testimonios de los pobladores, y no "en flagrancia", como sostiene la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE), dejó 27 detenidos y seis heridos, dos de bala, Federico Martínez Pérez y José Gómez Jiménez. Entre los detenidos se encontraba José Manuel Martínez Pérez, miembro de la Red de Defensores Comunitarios y habitante de la región.

El 22 de mayo los defensores de la red fueron golpeados en las instalaciones carcelarias de Tuxtla Gutiérrez por Arturo Cordero, responsable de la policía del estado, quien se les fue encima a golpes, "auxiliado" por otros tres agentes. Miguel Angel de los Santos y Alejandra del Valle estaban en los separos buscando hablar con los detenidos y conocer su situación jurídica. Tras la agresión, Cordero y sus subalternos expulsaron a los defensores.

"Es verdad que los ejidatarios tenían detenidas a cinco personas en la escuela. Pero el gobierno de Pablo Salazar se ha negado a reconocer que antes existe un reclamo social no atendido", dice a La Jornada Miguel Angel de los Santos.

Al darles trato de delincuentes, las autoridades buscan deslegitimar un reclamo auténtico de los ejidatarios, agrega: "El problema en Villa las Rosas no justifica el brutal operativo. Existe una necesidad social. El gobierno pudo dar curso legal a las demandas de la gente".

Explica que en sus orígenes, quienes solicitaban la concesión para dar servicio de transporte en la región eran sólo algunos transportistas de la cabecera municipal de Villa las Rosas, "pero cuando se acercaron a los ejidos, éstos hicieron suyo el problema, e inclusive ofrecieron los vehículos propios".

A la violencia del operativo y la agresión a la defensa, han seguido numerosas irregularidades procesales. Cuenta el abogado que la PGJE muestra como evidencia un video del operativo donde se ve que la mayoría de los detenidos "en flagrancia de secuestro" no estaban en la escuela, donde cinco empleados de la empresa Cuxtepeques se encontraban detenidos por la población. "La policía fue casa por casa, sacó a la gente con violencia y la llevó a la escuela. Nada indica, además, que los choferes retenidos estuvieran siendo maltratados."

Señala que en esta ocasión, las autoridades judiciales no han permitido la participación de la defensa en la investigación previa. "Así pudieron 'armar' el caso como quisieron", comenta. No obstante, ya fueron liberadas 17 personas.

De los Santos es un abogado "incómodo", confrontado varias veces con el gobierno de Chiapas, el cual "ahora quiere aprovechar el asunto de los piratas para desprestigiar a la red, a los defensores de derechos humanos en general, y en especial a mi persona".

Según De los Santos, "los derechos humanos estorban a las autoridades", que buscan sostener un discurso en la materia para controlar su práctica. Dice: "No me extrañaría que un día quieran meterme a la cárcel".

Señala un hecho que quizás pasa desapercibido para la opinión pública: en Chiapas existen pocas instancias de derechos humanos que defiendan legalmente a los grupos independientes y desprotegidos. En otras palabras, la Red de Defensores Comunitarios está más sola de lo que parece, en la práctica.

No obstante, cuenta con una solidaridad extraordinaria de los organismos civiles locales, nacionales e internacionales. Tras las agresiones a los defensores, decenas de organizaciones de México, Estados Unidos, Canadá y Europa alzaron su voz y afirmaron en un documento que, "desde el inicio de su administración, Salazar Mendiguchía ha gobernado con un doble discurso en derechos humanos: muchos discursos y publicidad pagada para hacer creer que en su gobierno se respetan los derechos humanos, pero en la práctica sus acciones son de desprecio a los mismos. Operativos, como el efectuado en Nuevo Tepeyac, se dan con frecuencia con la excusa de la 'aplicación del estado de derecho', dejando heridos, detenciones arbitrarias y masivas, y la incomunicación con sus familiares y defensores de las personas detenidas. Es tiempo de poner las cosas en claro: es un gobierno que viola los derechos humanos, que continúa con la práctica de la tortura, viola las garantías del debido proceso a las personas detenidas y es intolerante a la crítica".

En estas circunstancias, la decisión de criminalizar a los piratas y desprestigiar sus demandas, parece tan deliberada como la renovada campaña declarativa del gobierno federal, las agencias ambientalistas y la que el gobierno denomina "prensa aliada", contra los indígenas "invasores" de Montes Azules. (De cuya defensa también se ocupa la Red de Defensores Comunitarios.)