Sami David David

Proselitismo pernicioso

El compromiso del gobierno con la democracia debe ir más allá de la firma de un documento o la simple declaración de prensa. Para que sea verdad, el presidente Vicente Fox tiene que demostrarlo en los hechos, llevarlo a la práctica, abstenerse de robar cámara, de salir en televisión todos los días, a cualquier hora, incluso en la barra infantil, hablando de sus bondades y empatando sus promocionales con los de su partido. Lo demás es demagogia.

El Presidente de México tiene que ser el promotor del fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. Negarse a ello es faltar a la confianza de la gente y es también una conducta que merece no sólo la observación pública, sino la penalización legal y la condena política, porque es inmoral desviar o utilizar recursos públicos para fines distintos a los que marca la normatividad administrativa o los que permiten los ordenamientos electorales.

Pero no basta con la ley o su aplicación, es necesario que desde el gobierno, empezando con el presidente Fox, quien se ha transformado en un actor de la pantalla chica y en fuente inagotable de hacer comerciales de televisión, se tome la iniciativa de dedicarse a la labor institucional y dejar la competencia electoral a los partidos, para no seguir enrareciendo el ambiente electoral, configurando delitos y ahuyentando la participación ciudadana.

Todo está muy claro. La competencia electoral tiene que ser únicamente entre los partidos, con la vigilancia, conducción y garantía de imparcialidad del Instituto Federal Electoral. Por eso preocupa y es lamentable que hayan expresiones a petición de parte o por iniciativa propia para congraciarse con el poder, en el sentido de desautorizar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como demandante de transparencia y apego a la legalidad, recurriendo al descrédito y tratando de desviar el punto de la discusión que es lo que viene, no lo que ya pasó. Lo importante es mirar hacia delante, es apostarle a la consolidación de los procesos electorales democráticos.

En la Declaración de San Luis, suscrita por la dirigencia nacional del PRI y por gobernadores priístas, así como por dirigentes estatales de ese partido y líderes de sectores, se dijo claramente que es inútil apostarle a la efectividad electoral de acciones oficiosas en la frontera de la ley, que dañan la confianza institucional y debilitan la democracia electoral. Desde esa perspectiva, en nada contribuye el presidente Fox tratando de engañar a la gente y confundir al electorado con campañas institucionales propanistas.

Esa es una conducta muy riesgosa que mancha los procesos electorales y que, en el caso de Chiapas, puede degenerar en una elección inducida, dirigida y marcada por el abstencionismo, como resultado de lo pernicioso que resulta esta campaña desde Los Pinos, y por las condiciones de inseguridad que prevalecen en el estado. De hecho, es una situación que ya se contempla. El IFE tiene detectadas 49 secciones de atención especial en los municipios Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, San Juan Chamula, Chenalhó, San Andrés Larráinzar, Mitontic, Pantelhó y Zinacantán.

No se trata de un alarmismo infundado, sino de una realidad que otra vez tiene como punto de referencia Chiapas, lo cual confirma la urgente necesidad de mirar al sur para atender sus reclamos, abonar a la estabilidad para generar las condiciones de una participación abierta, justa y democrática de los ciudadanos en los procesos políticos y electorales. Es un compromiso ineludible de quienes comparten responsabilidades políticas y administrativas. Sobre todo, de parte del gobierno de la República, que tiene que ser el garante de la libertad democrática de los mexicanos. Su obligación es, pues, ser respetuoso de la legalidad, equidad y transparencia de las leyes electorales y de la Constitución Política de México.

Chiapas presenta condiciones geopolíticas muy particulares, que no dan lugar a pretensiones de vulnerar la equidad en la contienda electoral. Es en ese estado donde el compromiso político, la obligación legal y el carácter moral y ético de los gobernantes se juegan sus cartas. Es allí donde el gobierno debe dar paso a la prudencia y el respeto; también al impulso de la participación ciudadana, como puntales que sostengan la nueva relación social, la nueva convivencia en democracia.

No es por supuesto una tarea fácil, más cuando se trata de un estado con graves y vergonzantes carencias, con una población pobre y dispersa en más de 20 mil comunidades. De ahí que el llamado sea a que el gobierno, particularmente el presidente Fox, reconvenga su actitud, que modere sus pasos y que se limite a la función constitucional para el que fue electo. Nada más. Lo otro, alimentado por la desesperación, es un exceso que vulnera la equidad y pone en riesgo las libertades ciudadanas.

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