Esconde el gobierno la intención de legalizar los contratos de servicios múltiples, denuncia

Impedirá el Senado que Pemex sea entregado a extranjeros: Bartlett

Las iniciativas van más allá de lo comprometido en tratados internacionales, explica el priísta

ANDREA BECERRIL

En forma alguna se permitirá que el gobierno de Fox "regrese a las compañías petroleras trasnacionales los recursos que se les expropiaron hace 65 años", advirtió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, Manuel Bartlett Díaz.

Es la respuesta que dio a la insistencia del gobierno para que el Senado avale las reformas a las leyes de Adquisición y de Obra Pública, iniciativas aprobadas de prisa por la Cámara de Diputados, y frenadas ahora en Xicoténcatl, cuando legisladores de PRI y PRD detectaron que se esconde la intención de abrir la puerta a la privatización de Pemex.

La semana pasada, la Secretaría de la Función Pública -antes de la Contraloría- hizo llegar a las comisiones dictaminadoras en el Senado un documento de cerca de mil cuartillas en el que asegura que no hay intención privatizadora alguna, y sólo se busca transparentar las compras, las adquisiciones y los contratos en el sector público.

A su vez, Bartlett tiene lista ya la respuesta al escrito gubernamental: "las reformas van encaminadas a legalizar los contratos de servicios múltiples (CSM), y probablemente algunos que ya se tienen celebrados en las industrias petrolera y eléctrica".

"Propuesta privatizadora"

En el documento, que remitió también a la Comisión de Gobernación -la que dictamina las iniciativas en cuestión-, el priísta advierte que los cambios "que con tanta obstinación se promocionan" se encaminan a abrir Pemex al capital extranjero. La propuesta "es privatizadora y desregulatoria, va más allá de lo comprometido en tratados internacionales de libre comercio, es contraria al régimen de manejo de los bienes nacionales y provoca que el gobierno eluda la responsabilidad que le corresponde en el manejo de esos recursos y fondos públicos".

Asimismo, Bartlett destaca que en el Senado hay oposición mayoritaria a aprobar los cambios avalados por los diputados al proyecto gubernamental para modificar las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios, porque buscan evitar el control del Estado sobre los procedimientos de licitación y adjudicación en la contratación de obras, arrendamientos y servicios.

Ante la propuesta de evadir la obligación de convocatoria y licitación pública -lo que derivaría en que el Estado no pueda decidir sobre las mejores condiciones de calidad, financiamiento y oportunidad-, "el gobierno foxista argumenta que Pemex ha llevado a cabo este tipo de subcontratación y que, por lo tanto, no está prohibida. Sin duda, la modificación eliminará cualquier discusión al respecto y se dará legalidad a lo que pudiera haberse realizado al margen de la ley", advirtió Bartlett.

La Comisión de Puntos Constitucionales encargó además un estudio de las iniciativas al profesor Víctor Rodríguez Padilla, investigador de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, quien concluyó que "no es irrelevante" lo aprobado, "sin mayor trámite" y con celeridad, por la Cámara de Diputados el pasado 15 de diciembre.

Ese día los legisladores votaron en favor la reforma propuesta por el presidente Fox, "que no es más que la legalización y facilitación de los contratos de servicios múltiples, es decir, los contratos de riesgo acordados por Pemex con las compañías petroleras trasnacionales. Se trata de una iniciativa contraria a la letra y espíritu de la Constitución y ajena a los intereses nacionales".

Explica que los puntos centrales de esa iniciativa -que está en comisiones en el Senado- son la creación de la comisión federal de contrataciones gubernamentales, órgano desconcentrado de la ahora Secretaría de la Función Pública, cuya labor real es "facilitar la operación de las trasnacionales". Una de sus facultades claves será "interpretar ambas leyes", emitir criterios normativos y rendir cuentas solamente al titular de la Secretaría de la Función Pública.

Asimismo, las modificaciones van encaminadas a crear la figura de "licitación pública diferenciada", en la que sólo podrán participar licitantes, bienes y servicios originarios de los países con los que México tenga firmados tratados de libre comercio. En el caso de los CSM, queda asegurado el lugar para las petroleras de Estados Unidos, Canadá y Europa, en particular para las grandes, como Exxon-Mobil, Shell, Chevron-Texaco, BP, TotalFinaELF.

En su estudio, el especialista de la UNAM hace notar a los senadores que se establecen asimismo cambios necesarios para la celebración de contratos de riesgo, ente ellos el uso de puntos y porcentajes en el proceso de evaluación de los proyectos, se incorpora la figura del arbitraje, toda vez que en los CSM se prevé que las diferencias entre las partes sean resueltas por un perito internacional, y se posibilita que dependencias y paraestatales puedan contratar los servicios de terceros.

"Significa que Pemex podrá delegar en una empresa privada los procedimientos mediante los cuales se contratará a las trasnacionales. De hecho, ya utiliza los servicios de IndigoPool, filial de Schlumberger, para promocionar los CSM y la geología de los bloques de la Cuenca de Burgos. La reforma, por tanto, es anticonstitucional, pues se delega en un ente privado la responsabilidad de obtener las mejores condiciones para el Estado".