Tensión en Puno; autoridades declaran duelo regional por la muerte de estudiante

Toledo evalúa levantar el estado de emergencia que decretó por 30 días

Human Rights Watch rechaza la violencia y exige la investigación inmediata del deceso

AFP, DPA Y REUTERS

Lima, 30 de mayo. Un clima de tensión se vivió este viernes en Puno -ubicado en el sureste de Perú-, cuyas autoridades declararon duelo regional por la muerte de un estudiante en los violentos incidentes del jueves contra el estado de emergencia decretado en el país, en tanto se reanudaron las protestas en otras regiones.

El presidente Alejandro Toledo se vio obligado a cancelar un viaje a Estados Unidos ante las protestas y la continuación de las huelgas de los gremios de los maestros y del Poder Judicial. Su gobierno informó que evalúa en estos momentos levantar el polémico estado de emergencia, decretado el martes por 30 días y que parece haber intensificado los enfrentamientos.

Luego de tres días de desórdenes a causa de la medida de excepción, el ministro de Salud, Fernando Carbone, anunció que el gobierno desea levantar el estado de emergencia "lo antes posible", pero a condición de que retorne la calma al país, ya que en algunas ciudades persisten los focos de protestas.

La medida de excepción "se podría ir suspendiendo en un plazo más corto por zonas, según vaya volviendo la calma entre la población", expresó Carbone, a la vez que formuló un exhorto para que no se registren más incidentes lamentables ni en Puno ni en ninguna otra parte del país, pues en los tres días anteriores el saldo ha sido de una víctima fatal, unos 80 heridos y alrededor de 100 detenidos.

Una multitud de maestros, estudiantes, campesinos y ciudadanos en general se congregaron este día en la ciudad surandina de Puno, adonde llegaron procedentes de diversas provincias de la región y marcharon pacíficamente y con crespones negros por las calles.

Las autoridades decretaron duelo regional en Puno hasta el domingo y las actividades se hallan paralizadas en toda la región, con las banderas a media asta.

Los manifestantes coreaban consignas contra el gobierno, al que tildaban de "asesino" por la muerte del estudiante baleado en el abdomen, y expresaban su solidaridad con los maestros estatales y los trabajadores del Poder Judicial en huelga por tiempo indefinido y en claro rechazo al estado de emergencia. Las fuerzas de seguridad se abstuvieron de intervenir.

Cancela visita a Florida

En medio de la conmoción social, el presidente Alejandro Toledo decidió cancelar sorpresivamente su asistencia a la cita Diálogo América Latina-Africa en Democracia, a realizarse el 5 y 6 de junio en Florida, Estados Unidos, se informó oficialmente.

En el tercer día bajo el estado de emergencia decretado por el presidente Toledo para contener la creciente agitación contra su política económica, decenas de profesores volvieron a salir a las calles en varias ciudades para protestar y fueron reprimidos por agentes antimotines, como ocurrió la víspera.

Los incidentes se produjeron en Piura (norte), Huaraz (noreste), Cañete y Arequipa (sur) y en Huancayo (Andes centrales), donde agentes antimotines lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Una docena de personas fueron arrestadas en las movilizaciones, según los primeros informes. A la par, en Lima, trabajadores del Poder Judicial salieron a las calles y también fueron reprimidos con gases.

El estado de emergencia implica restricciones a la libertad de reunión y tránsito, así como allanamientos y detenciones sin órdenes judiciales. La medida presidencial -que enfrenta el rechazo de 57 por ciento de la población y sólo cuenta con 39 por ciento de apoyo, según un sondeo de opinión local- fue acompañada del llamado a los militares para controlar el orden público.

La convulsión social obligó al primer ministro, Luis Solari, y al ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, a comparecer ante el Congreso, donde enfrentaron a la oposición, que condenó los excesos policiales en Puno y en otras ciudades y emplazó a los funcionarios a explicar las razones que tuvo el gobierno para imponer el estado de emergencia.

Una vez concluida la sesión ante el pleno del Congreso, celebrada a puertas cerradas, el Legislativo se dipuso a debatir las explicaciones brindadas por el Ejecutivo. Si bien no se conocieron detalles del intercambio de opiniones, expertos y políticos coinciden en que el estado de emergencia por 30 días es demasiado largo, sobre todo por la restricción de las garantías individuales y constitucionales, puestas en manos de los militares.

"Hay una indignación generalizada frente a la incompetencia e incapacidad de este gobierno para resolver problemas por vía del diálogo; se está recurriendo a métodos que son propios de dictaduras", declaró Jorge Sánchez, uno de los voceros del sindicato del magisterio, que aglutina a unos 280 mil docentes. Agregó que los maestros evaluarán el fin de semana en asamblea general levantar o radicalizar la huelga.

En tanto, Walter Albán, defensor del pueblo, denunció que cuatro personas están desaparecidas en Puno. "Estamos realizando las investigaciones para poder determinar su paradero", precisó Albán al señalar que la noche del jueves recibió denuncias de tres desapariciones y que en horas recientes recibió una cuarta.

Albán anotó que pedirá una mayor información para determinar la forma en que se produjeron los incidentes en Puno y conocer quién dio la orden de disparar a los universitarios, no obstante la justificación gubernamental de que los disparos se dieron porque una patrulla militar-policial se halló aislada entre una turba con bombas molotov y otros objetos susceptibles de causar daño.

Desde Washington, la organización humanitaria Human Rights Watch reclamó al gobierno peruano una "investigación inmediata" sobre la muerte del estudiante en Puno, y dijo que "en lo posible deben ser utilizados métodos no violentos durante las protestas para minimizar la pérdida de vidas humanas".

En otro orden, se reportó que Toledo permitió el ingreso en el país de 56 marines de Estados Unidos para participar en ejercicios militares conjuntos con fuerzas peruanas en la región selvática amazónica de Iquitos, en la frontera con Colombia, acorde con una autorización previa del Congreso peruano.