Miguel Concha

Violaciones del derecho a la vivienda

La semana pasada se dio a conocer la versión oficial en español del informe de Miloon Kothari, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una vivienda adecuada, como parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y sobre el derecho a la no discriminación, luego de la visita que realizó entre el 4 y el 15 de marzo del año pasado, con el objetivo principal de determinar las condiciones de vida de la población más vulnerable de nuestro país, y cómo hace frente a los problemas de la vivienda. Otro tema de interés fue los efectos de la globalización y de los acuerdos regionales de comercio e inversión, como el Tratado de Libre Comercio, sobre el goce del derecho a una vivienda adecuada.

Teniendo en cuenta las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de vivienda, así como las observaciones generales y recomendaciones específicas de los mecanismos de la ONU encargados de su cumplimiento, el relator muestra en reiteradas ocasiones su profunda preocupación por las precarias condiciones de vivienda de los pobres y los indígenas, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, y observa que las políticas y programas actuales deben estar más centrados en ellos.

Para ello recomienda que se reoriente la política nacional de vivienda, considerando la construcción de vivienda menos como un aspecto central del desarrollo económico, y haciendo más hincapié en los aspectos sociales, pues del total anual de 750 mil familias con necesidades de vivienda, por lo menos 60 por ciento, es decir 450 mil, pertenecen al grupo que gana menos de cinco salarios mínimos y que sólo recibe una financiación nacional marginal.

Al relator especial le preocupó especialmente el hecho de que el actual sistema aplicado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), que se basa en las contribuciones de los trabajadores del sector estructurado, en la práctica excluye a las familias extremadamente pobres, es decir, los beneficiarios nominales de sus instituciones que perciben ingresos equivalentes a menos de dos salarios mínimos, y representan 45 por ciento del total. Además, el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), que atiende las necesidades del sector no estructurado y las familias más pobres, ha visto muy reducida su capacidad de financiación en el decenio pasado y, con requisitos económicos de depósito por familia más costosos (Chiapas), ha pasado a formar parte del Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (Vivah), anteriormente administrado por la Secretaría de Desarrollo Social.

Al relator le preocupa igualmente que los programas actuales se orientan fundamentalmente hacia la creación de nuevas unidades habitacionales, dejando de lado a las familias más pobres, que ocupan principalmente viviendas informales y construidas por los propios interesados, sin acceso a los servicios básicos. Recomienda por ello que se tengan en cuenta y apoyen las distintas modalidades que puedan conducir a la producción social de viviendas y comunidades, y que se establezca un programa de asistencia de emergencia, como un fondo humanitario nacional para la vivienda.

Al hablar de las obligaciones inmediatas del Estado para proteger el derecho a la vivienda, el relator expresa también su preocupación por los casos denunciados de desalojos en México, que a menudo van acompañados del uso de la fuerza y sin las garantías procesales que indican los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, y recomienda que se constituya un grupo de trabajo, con la participación de la sociedad civil sobre las cuestiones relacionadas con los desalojos a escala nacional y local, con el fin de vigilar esa situación, reunir la información pertinente y examinar las distintas opciones para resolverla.

Al respecto, el relator expresa que le impresionó el caso presentado por la comunidad de Atenco, y observa que, pese a la politización de la controversia, y los enfrentamientos entre las autoridades y los activistas de la comunidad, por compromisos internacionales existe una gran necesidad de fomentar previamente consultas genuinas, transparentes y abiertas con las personas y grupos afectados por eventuales desalojos, y estudiar con ellos todas las opciones viables. "Si bien tuvo conocimiento -enfatiza- de que el proyecto de construcción quedó anulado en 2002, después de realizada la misión, es necesario vigilar y estudiar a fondo las enseñanzas derivadas de esta experiencia, para impedir que vuelvan a producirse enfrentamientos violentos." Subraya que "además es importante garantizar que no haya repercusiones ni medidas punitivas contra los activistas y defensores de la vivienda". El relator expresa su preocupación por las acusaciones penales formuladas contra los principales activistas las que, reconoce, "se han convertido en un obstáculo para el mantenimiento del diálogo y la reconciliación"