Cuerpos policiacos agreden a la comunidad para liberar a choferes retenidos

Encarcelan a pobladores de Villa las Rosas; demandaban mejor transporte

Detuvieron a 27 personas; 10 aún están en indefinición jurídica Comisarios denuncian que el operativo fue promovido por los dueños de un monopolio al que se opusieron en la zona

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Nuevo Tepeyac, Chis., 30 de mayo. ''En vez de apoyo nos dieron cárcel''. El tono de reproche no puede ser mayor. Varios hombres, que se presentan como comisariados de diversas ejidos, hablan con La Jornada, al final de una asamblea celebrada anoche. En ella participaron centenares de campesinos e indígenas de las comunidades que demandan transporte en la región occidental del municipio Villa las Rosas: Ixtapilla, La Zacualpa, San Antonio-El Paraje, El Piñoelar, Planta Vieja, Hierba Santa, Corral Hierba, Candelaria, El Zapote, Carmelito, Yalpalé, Chitamá, Cruz Morales, Guadalupe-La Cuchilla y Chipilinar. La mayoría pertenecientes a Villa las Rosas, aunque un par corresponden al municipio Venustiano Carranza.

''Pedimos solución y nos mandaron 500 policías disparando, echándonos gases lacrimógenos y piedras. Al compañero Federico Martínez Pérez le dieron un balazo en la nariz y lo dejaron muy grave". Recuerdan los hechos del pasado miércoles 21, cuando fueron detenidas 27 personas, de las cuales 10 siguen en la cárcel de Tuxtla Gutiérrez; este sábado podría definirse su situación penal.

El día 21, antes de la ocho de la mañana, agentes de la Policía Federal Preventiva, Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Sectorial llegaron a Nuevo Tepeyac para rescatar ''sanos y salvos'' (según los boletines de prensa oficiales) a cinco transportistas de la empresa Cuxtepeques que estaban ''retenidos'' (en palabras de los campesinos) desde el día 18.

''Se robaron dinero, relojes y nuestras identificaciones, que agarraron por la fuerza y no las devolvieron'', apunta un joven. Una muchacha, entre el grupo de varones, alza la voz: ''Entraron pateando las puertas; unas las tiraron. Se llevaron el cuchillo de mi cocina. Y a todos nos golpeaban".

''El operativo lo promovieron los dueños de la empresa, Francisco Ruiz Bermúdez y Victoria Tamayo, para que la policía rescatara a los choferes que teníamos detenidos", expresa uno de los representantes ejidales, quien lamenta que el gobierno no mostrara la misma diligencia para atender sus demandas.

Acusados de "secuestradores" y "piratas" por las autoridades del estado, y así satanizados ante la opinión pública, los representantes de centenares de familias cuentan su versión de la historia. "El origen del problema es el transporte que necesitamos los ejidos", explica uno de los voceros.

Los campesinos se sintieron "traicionados" por las autoridades, y decidieron acciones de fuerza para ser escuchados. Esto lo justifican denunciando que el gobierno de Pablo Salazar y el alcalde tricolor de Villa las Rosas, Jorge Manuel Díaz Penagos, protegen los intereses de los grandes concesionarios del transporte e incumplen su compromiso de permitir la operación de la sociedad Transportes Ejidales Las Rosas, donde convergen las poblaciones mencionadas. Este servicio beneficiaría a más de 4 mil personas. Desde tiempo atrás, los ejidatarios solicitan transporte para sus comunidades; algunas muy alejadas de los centros urbanos. El coordinador de Transporte del gobierno chiapaneco, Aniceto Orantes, "ofreció resolvernos en cuatro meses. Luego se reunió con los concesionarios y se olvidó de nosotros".

En esta región de la meseta central de Chiapas, vecina de los municipios de Comitán, Amatenango del Valle y Venustiano Carranza, se vive del maíz y de su comercio hacia las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Comitán y Tuxtla Gutiérrez. El transporte público es monopolio de la empresa Cuxtepeques.

''Ponga ahí que nosotros decimos que el servicio que dan es muy malo y tratan con mucha discriminación a los campesinos. Pasan sólo una vez al día y dejan tirada a la gente, sin respeto. Por eso queremos darnos nosotros el servicio", dice otro representante ejidal. Al pie de un poste iluminado junto al camino, entre una nube de moscos grandes y sumamente torpes, un centenar de personas, quizá más, rodean a los representantes campesinos que hablan con este enviado.

En la llanura contigua a los grandes cañaverales que rodean el ingenio de Pujiltic, estos pueblos, que la policía atacó brutalmente el 21 de mayo son, como ellos dicen, "maiceros y frijoleros". En su mayoría, indígenas.

"No nos hicieron caso"

''Entonces nos reunimos todos los agentes de los ejidos para tener acuerdo. Tocamos las puertas necesarias, y no nos hicieron caso, así que las comunidades en conjunto decidieron trabajar por su cuenta". (Esto es, establecieron los viajes con sus propios vehículos). "Teníamos la necesidad, pero al gobierno no le corría la prisa por atendernos", dice uno. "Nomás nos tuvieron 'vueltiando'''.

Argumentan que en marzo uno de los propietarios, y además presidente de Cuxtepeques, Francisco Javier Ruiz Bermúdez, firmó un acuerdo con la sociedad de transportistas ejidales. Esto ocurrió durante un "incidente" en La Zacualpa, donde un operativo de la policía contra los transportistas independientes fue frustrado por un numeroso grupo de campesinos y cañeros de Villa las Rosas y Carranza que rodearon con su maquinaria los vehículos de la fuerza pública.

Posteriormente Ruiz Bermúdez aseguraría que "fue obligado a firmar", no cumplió el acuerdo y pidió el respaldo de las policías para combatir a los "piratas" y proteger sus intereses.

''Y ya todos los que dimos nuestro voto a Pablo (Salazar Mendiguchía) vimos que no había respuesta ni cambio, que el gobierno le daba la espalda a la gente", agrega un hombre más, indígena de cierta autoridad a juzgar por el respeto que los demás muestran hacia sus palabras. "Empezaron con las acusaciones falsas, como que nuestros carros son robados". Otro hombre interrumpe: "Pero no es cierto. Tenemos las facturas".

Los ejidatarios afectados lo mismo pertenecen al PRI que al PRD y organizaciones independientes, pero hay hasta panistas. El representante indígena retoma la palabra: "Los de Cuxtepeques andan ahora promoviendo que las mujeres vayan a la cabecera municipal a que les den sus 'recibos', y allí les dicen que saquen a sus esposos de la lucha, y así entonces liberan a nuestros presos. Las quieren comprar contra nosotros.

''Cuando vieron que estábamos trabajando los carros, nos mandaron operativo (policiaco). Nos quitaron una combi. Se llevaron nuestras placas. Las gente dijo: Ƒqué vamos a hacer para que nos escuchen? Y entre todos decidimos presionar. El 18 de mayo detuvimos pacíficamente a los choferes que entraron a 'pasajear' y los trajimos aquí. Pedimos diálogo, no lo dieron y cuatro días después nos atacaron con mucha violencia". Los ejidatarios niegan las versiones de la empresa y los choferes 'detenidos', de que fueron encadenados, torturados, privados de alimento y amenazados de muerte.

''Ellos saben que fue lo contrario -vuelve la primera voz-. Les dimos de comer, nunca los amarramos, les hablamos bien, los tuvimos en la escuela".

No obstante, el gobierno del estado, la empresa transportista y los choferes Luis Alberto Solano Hernández, Daniel Solano Hernández, Antonio Díaz Tamayo y Daniel Díaz Tamayo insisten en incriminar a los ejidatarios. "Hasta orita no sabemos cuántos de nosotros tenemos órden de aprehensión". Anuncian que, si no reciben respuesta y liberan a sus compañeros, no aceptarán en esta zona la instalación de urnas durante las próximas elecciones federales.