Bernardo Barranco V.

Las paradojas políticas de los obispos mexicanos

No es ninguna novedad que la jerarquía se pronuncie sobre los procesos electorales ni que oriente políticamente a la feligresía. Lo novedoso es que procesos y actores políticos han cambiado cualitativamente.

Recordemos la intervención, en 1981, del cardenal Corripio Ahumada, en plena reforma política de López Portillo, cuando el prelado hizo un llamado a los católicos a no votar por el Partido Comunista Mexicano, o bien las negociaciones subterráneas del entonces nuncio Girolamo Prigione y de la alta jerarquía, en 1988, para obtener las reformas constitucionales que a la postre les beneficiarían. La intervención del clero en materia política se intensificó en los procesos electorales, porque eran los momentos de mayor debilidad del sistema político mexicano. En más de 20 años la Iglesia ha sido persistente; sin embargo, hoy por hoy la diferencia radica en que los procesos electorales son más competitivos, hay partidos con estrategias electorales, medios de comunicación más incisivos y tienen un garante en el IFE, que ofrece mucho más certidumbre que los comicios dominados por el partido de Estado. Hoy todos estos actores reaccionan ante cualquier inducción, sea de tipo ético-moral que interfiera y repercuta con el estado de ánimo de los votantes.

En el fondo, buena parte de la jerarquía está apostando por apoyar al PAN y al gobierno de Vicente Fox, perfilándose como su aliada natural. Ya en los documentos firmados por la región pastoral de occidente -siete diócesis encabezadas por la de Guadalajara-, como el del presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Luis Morales Reyes, Votemos con responsabilidad, se nota la preocupación de los obispos por la desilusión de la población ante las expectativas no cumplidas por Vicente Fox, por tanto, determinan que es necesario que haya un factor decisivo de nueva correlación en el Congreso para que el mandatario pueda llevar a cabo las "necesarias reformas estructurales". De ahí que sus orientaciones pastorales y condenas apuntan a favorecer a candidatos y al Partido Acción Nacional.

Sin embargo, la exhortación de la Secretaría de Gobernación a los obispos de no intervenir en asuntos político-electorales y que respeten la esfera de lo político resulta incongruente y hasta contradictorio, porque tanto políticos como funcionarios federales, empezando por el propio Fox, no lo han hecho y constantemente invaden el terreno de las creencias. El silencio de Gobernación contrasta con el actual exhorto. Por otra parte, esta coyuntura ha evidenciado los vacíos jurídicos en la materia. A pesar de que las leyes prohíben cualquier injerencia religiosa en materia electoral y no existe claridad en las sanciones, resulta inconcebible que en más de nueve años de haber sido promulgada la Ley de Asociaciones y Culto Público aún no exista un reglamento que pueda normar la actuación.

Los obispos están demostrando que les está costando mucho trabajo ubicarse en el proceso de transición que vive México. Lo mismo ha pasado en Sudamérica con los tránsitos de las dictaduras a la democracia e igualmente en Polonia, donde la Iglesia perdió la centralidad que había adquirido durante el sistema socialista. Nuestro proceso de transición es complejo y los obispos necesitan realizar una lectura más fina de la realidad para así definir su papel. Es claro que no pueden seguir interviniendo como si estuvieran con el antiguo régimen. Si hoy las diferentes propuestas políticas son heterogéneas, plurales y diversificadas, el discurso "orientador" de los obispos resulta en contrasentido, porque sus orientaciones acotan, parcializan y son intolerantes ante la búsqueda de los ciudadanos por elegir aquel partido o candidato que le convenga. Por otro lado, tenemos que ante esta realidad, en la que algunos obispos quieren estar por encima de la ley señalando que primero está la ley divina, resulta provocador y peligroso que con esta excusa quieran pasar por alto las leyes, siempre perfectibles, establecidas por una sociedad que aspira a legalidad y a la democracia. Se abre pie al viejo tema espinoso del fuero eclesiástico.

Resulta paradójico que teniendo un gobierno favorable como el de Vicente Fox, católico, devoto de la Virgen de Guadalupe, las iniciativas de los obispos hayan sido severamente cuestionadas. Basta con que recordemos el incumplimiento del decálogo de Fox, las críticas al libro Aura, por parte del secretario del Trabajo, Carlos Abascal, que lo único que provocaron fue convertir esa obra en un best seller; o bien la polémica por la cinta El crimen del padre Amaro, que de igual manera la colocó como el filme más taquillero en la historia del cine mexicano moderno; el intentar convertir el asesinato del cardenal Posadas en un crimen de Estado; la marcha atrás en el asunto del Antiguo Palacio del Arzobispado y, finalmente, las tentativas de la comercialización de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Estas situaciones han fracasado, arrojando un saldo negativo en la dimensión más delicada de un actor religioso, que es la autoridad moral.

Los obispos que no han sabido leer los cambios tienen ante sí un reto que es el de adecuarse creativamente a nuevas oportunidades que no necesariamente pasan por la correlación política ni por el poder. De lo contrario lo único que están ocasionando es provocar a la sociedad, despertar el laicismo jacobinista, al león secular que guarda en sus entrañas el México moderno. En todo caso, quien sí ha sabido leer con agudeza el momento es México Posible, que agradecerá como Fuentes y El padre Amaro la enorme promoción involuntaria de su causa.