Recorte a la plantilla de la administración pública federal, otro tema a discutir

Negocia la FSTSE con Hacienda obtener más prestaciones

FABIOLA MARTINEZ

El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, negocia desde ayer con el titular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil, un posible aumento a diversas prestaciones, para compensar el impuesto que pagarán los empleados públicos en ese rubro.

Fuentes de la FSTSE reconocieron que "es irrevocable" la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la exención tributaria para los burócratas aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre pasado.

Sin embargo, "aceptamos la negociación, porque de lo contrario las bases nos podrían rebasar. Es probable que los trabajadores de menor salario salgan a la calle a protestar por lo que consideran una injusticia", señalaron.

En la mesa de negociación que se instaló formalmente ayer podría analizarse también el tema del recorte a la plantilla de la administración pública federal, toda vez que este viernes vence el plazo del programa de "separación voluntaria", al que se habrían acogido unos 30 mil trabajadores.

Hasta el momento no se prevé una prórroga para tal programa, por lo que la disminución de "gastos personales" que prevé la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se aplicará directamente.

Por lo pronto, empleados de las secretarías de Gobernación, de Agricultura, del Trabajo y de Hacienda, aseguraron que los despidos ya iniciaron en tales dependencias, más allá de la opción de "separación voluntaria". Otros empleados del Sistema de Administración Tributaria aseguraron que la negociación con Hacienda será urgente "porque ya están en puerta despidos de miles de empleados en todo el país".

En el encuentro de ayer entre Ayala y el titular de Hacienda se analizaban diversas opciones, como el aumento a prestaciones o pagos por capacitación, que podrían incluso superar el monto por el pago del impuesto sobre la renta en aguinaldo, bonos y percepciones extraordinarias de las que los servidores públicos deberán erogar gravámenes.

De igual forma, está programada una reunión con los dirigentes de las 89 organizaciones afiliadas a la FSTSE "para armar un plan de protesta ante la resolución de la Corte, el cual, aunque es irrevocable, significa un atentado a los bolsillos de miles de empleados cuyos salarios mensuales no rebasan 4 mil pesos".

El objetivo de la dirigencia de los burócratas es conseguir "un monto superior a lo que nos descontarían", porque Hacienda está consciente de que se favorecerá la recaudación tributaria con los impuestos de altos funcionarios que perciben hasta 300 mil pesos por una serie de compensaciones que se autorizan ellos mismos por un número indeterminado de conceptos extraordinarios, indicaron las fuentes consultadas.