Por el ISR, requieren $630 millones instituciones de educación superior

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que establece la obligación de los servidores públicos de pagar el impuesto sobre la renta (ISR) sobre sus gratificaciones tendrá un efecto adverso sobre las finanzas de las universidades públicas del país, que requerirán cerca de 630 millones de pesos para cumplir con estas obligaciones ante el fisco, so pena de contraer multas y recargos.

Desde el año pasado, las instituciones de educación superior, mediante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) habían solicitado a la Secretaría de Educación Pública y a la Cámara de Diputados ese monto para hacer frente al gravamen, petición que fue rechazada. Ahora deben hacer frente al impacto que el pago de ese ISR tendrá en sus finanzas, obligando a una restructuración de sus presupuestos, considerados de por sí escasos.

En algunas instituciones, como la Universidad Autónoma Metropolitana, el impacto financiero podría significar entre 2 y 3 por ciento de su presupuesto anual, fondo que estaba destinado para sostener las actividades sustantivas de la institución. La alarma ha llegado hasta el seno de la ANUIES, donde las instituciones que la integran han expresado la necesidad de lograr que los recursos para el pago de ISR sean incluidos en el presupuesto público para el año fiscal 2004.

El año pasado, la Cámara de Diputados acordó que los trabajadores al servicio del Estado quedaran exentos del pago de ISR en sus gratificaciones, como aguinaldo o vacaciones. Y en este apartado fueron incluidas las universidades públicas, a pesar de no pertenecer directamente al Estado, lo que alivió a las autoridades universitarias de una carga financiera extra, ya que prácticamente los trabajadores no pagan de su bolsillo, sino que es responsabilidad de las instituciones cumplir con esa obligación fiscal.

Sin los fondos extraordinarios y con un presupuesto que en términos reales se reduce cada año, las instituciones de educación superior buscan una estrategia para hacer frente a esta nueva contingencia financiera.