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México D.F. Viernes 30 de mayo de 2003
Carlos Muñoz Izquierdo, investigador
en educación de la Ibero y premio ANUIES 2001
Operan sin calidad 85% de las casi mil universidades
privadas
El tema de la eficacia radica en los procesos de acreditación
oficiales, señala Recorte a subsidios en la década de 1980,
en el origen del problema, sostiene Demanda aumentar los presupuestos
JOSE GALAN
Sólo 15 por ciento de aproximadamente mil instituciones
privadas de educación superior en el país cumplen con los
requisitos de calidad y pertinencia, mientras que el resto, unas 850, prácticamente
no satisfacen las necesidades de calidad impuestas por el Sistema Nacional
de Educación Superior, afirmó Carlos Muñoz Izquierdo,
director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación
de la Universidad Iberoamericana (Uia).
Sostuvo
que para regularizar gradualmente esta situación es necesario que
el Estado aumente el presupuesto destinado a las universidades públicas,
y éstas sean capaces así de absorber la creciente presión
de la demanda y evitar que los estudiantes, al ser rechazados por falta
de cupo, puedan ser víctimas de fraude.
La presencia de instituciones que se dicen de educación
superior, y que inclusive ofrecen cursos de posgrado, ha generado un debate
sobre el papel de la Secretaría de Educación Pública
(SEP) en la aprobación de funcionamiento de empresas que ofrecen
licenciaturas hasta en cocheras, y que ha llegado inclusive hasta la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y su sistema de incorporación,
el cual, sin embargo, mantiene controles y evaluaciones más estrictas
que la dependencia del Poder Ejecutivo federal.
Aquí han jugado un importante papel las instituciones
privadas de educación superior, como la Uia, que ha denunciado la
"facilidad" con que se permite la instalación de las "universidades
patito",
y el engaño de que son objeto jóvenes que muerden el anzuelo
de una licenciatura "corta" hasta en tres años.
Subsidio federal
Afirmó que la existencia de las universidades cuya
calidad no es reconocida o acreditada depende de los mecanismos de administración
de la SEP, tanto del Registro de Validez Oficial de Estudios (Revoe) como
de los procesos de incorporación de la UNAM. Pero advirtió
que el problema yace en los procesos de acreditación de los sectores
oficiales, "que han permitido la proliferación de ese tipo de instituciones".
El surgimiento de instituciones sin ninguna calidad educativa
se remonta a la década de los 80, cuando las universidades públicas
comenzaron a restringir su crecimiento debido a los recortes en el subsidio
federal que les otorga la Cámara de Diputados cada año. Desde
esa época la educación pública superior enfrenta una
crisis financiera, que le impide expandir la matrícula al ritmo
de crecimiento de la demanda, "lo que abrió espacios que han sido
llenados, con el permiso de las autoridades, por instituciones particulares
que en la gran mayoría de los casos no reúne los requisitos
de calidad necesarios".
Muñoz Izquierdo, Premio 2001 en Educación
Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), consideró que, inevitablemente,
se debe aumentar el presupuesto para la educación superior pública,
para evitar que los estudiantes rechazados de las instituciones públicas
de educación superior, por insuficiente capacidad instalada, busquen
salir adelante incorporándose a instituciones privadas y que no
garantizan la calidad de la educación que imparten. Hasta ahora
no hay estudios a profundidad sobre cuánto dinero generan esas instituciones,
dedicadas prácticamente al lucro más que a la educación.
"Hay mucha demanda, y el Estado no puede con ella", agregó.
De allí la proliferación de ese tipo de instituciones. Pero,
además, el mecanismo de acreditación no es transparente.
"Hace falta mayor claridad, mayor objetividad, en el manejo de la incorporación
oficial y la validez a nivel general".
De acuerdo con cifras de la ANUIES, actualmente el sistema
nacional de educación superior en su conjunto cubre a casi 20 por
ciento de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que demandan
entrar en ese nivel. Esto es, aproximadamente 2 millones de jóvenes,
cuyo 30 por ciento (unos 600 mil) está en universidades y centros
privados de educación superior. De esos 600 mil, se calcula que
sólo 60 mil (10 por ciento) sí reciben una educación
con calidad acreditada. El resto, 20 por ciento o 540 mil estudiantes,
"estudia en condiciones académicas muy dudosas", sostuvo Muñoz
Izquierdo.
La SEP otorga el Revoe sobre la base de la información
que recibe de las instituciones, "pero en muchas ocasiones esta información
no es comprobada, sobre todo la veracidad de los datos. Por ello, se requieren
políticas de verdadera evaluación". Y en el caso de instituciones
que hasta ofrecen posgrados o maestrías, "no me preocupa tanto,
porque es el mercado de estudiantes egresados que buscan este tipo de estudios
el que en última instancia regula la demanda, y es el que tiene
la última palabra", finalizó.
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