Pasaría de 212 mil 531 millones de pesos a 101 mil 392 millones

Diputados buscan reducir el monto de la compra de cartera en cuatro bancos

El grupo de trabajo seguirá las auditorías que ordene la Comisión Permanente

ROBERTO GARDUÑO

El grupo de trabajo de diputados encargado de dar seguimiento a las auditorías que ordene la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a Banamex, Bancomer, Bital y Banorte pretende reducir el monto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera con esas instituciones de 212 mil 531 millones de pesos a 101 mil 392 millones.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, fue nombrado responsable del grupo de diputados, que además se conformará con Raúl Martínez González (PAN), José Antonio Magallanes (PRD), José Antonio Arévalo (PVEM) y José Narro Céspedes (PT).

Ramírez Marín confirmó que el nuevo punto de acuerdo presentado el miércoles en la Comisión Permanente otorga plenas facultades al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para realizar auditorías a fondo en los bancos citados.

También, en medio de una polémica que lo señala como protector de los intereses de Banamex, Ramírez Marín rechazó de manera ''tajante'' tal versión y preguntó si Roberto Hernández, ex propietario de esa institución, no es responsable de delitos bancarios por haber incluido en los pasivos del que fuera su banco la deuda de otra de sus empresas: Sidek-Situr, cuyo monto rescatado ascendió a más de 4 mil millones de dólares.

Para los cuatro bancos, las garantías o instrumentos de pago emitidos por el Fobaproa ascendían al 31 de marzo de 2003 a 212 mil 531 millones de pesos. A esa cantidad se le deberán disminuir las recuperaciones por 59 mil 96 millones de pesos, las pérdidas compartidas que absorberán los bancos, que en promedio son de 25 por ciento, y el importe de las reservas crediticias pendientes de constituir.

Los pagarés contratados con Banamex ascienden a 78 mil 123.3 millones de pesos; BBV Bancomer, 93 mil 453.2 millones; Bital, 28 mil 844.8 millones, y Banorte, 12 mil 110.6 millones de pesos, lo que suma 212 mil 531.9 millones de pesos.

De esa cantidad se descontarían los 59 mil 96.9 millones de pesos y el subtotal del Programa de Capitalización y Compra de Cartera quedaría en 153 mil 435 millones de pesos.

En este contexto el grupo de trabajo de cinco diputados se encargará, a partir del martes, día en que arrancarán sus funciones, de dar seguimiento a las acciones que se deriven de la propuesta sometida a consideración del Congreso de la Unión. Se espera que en las próximas semanas esta instancia dé luz verde a las auditorías.

El punto de acuerdo impondría obligaciones al IPAB y a los bancos en cuestión para que se desarrolle un nuevo programa de obligación de pago hasta por el importe de los derechos de cobro del programa, sujeto su monto a los ajustes que deriven de la realización de las auditorías y sus consecuencias.

Además se considera la obligación de los bancos de someterse a los resultados de las auditorías en todos sus alcances. Para los efectos del artículo quinto transitorio de la ley del IPAB, donde procediera la sustitución de los créditos, en el convenio se pactará previamente la metodología para la valuación y selección de los créditos.

De tal forma, se exhorta al IPAB y a las instituciones bancarias a que convengan la ampliación del plazo de los instrumentos de pago y demás características de dichos títulos con el objeto de evitar que esos papeles presionen la deuda interna.

Además, en uso de sus facultades establecidas en la ley del IPAB, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de comisario, supervisarán las auditorías y la ejecución del convenio.

La Secretaría de la Función Pública designará a los auditores que deberán llevar a cabo las auditorías. Tendrán que ser despachos de contadores públicos o abogados (con pericia), de los listados de despachos presentados tanto en el IPAB como en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

No participarán en la selección los despachos que tengan conflicto de intereses con la institución bancaria respectiva. La ASF podrá vetar con causa cualquiera de los despachos designados. ''Se exhorta al IPAB y a las instituciones financieras a invitar como testigo social del proceso de auditorías, al que alude este documento, a una organización no gubernamental con experiencia en la materia a fin de procurar la mayor transparencia posible''