Silvia Gómez Tagle

Para una sociedad productiva

La dramática noticia de la muerte de trabajadores mexicanos en el interior de un contenedor es una muestra la desesperación de quienes pretenden encontrar empleo en Estados Unidos, a pesar del riesgo que implica; esto debe motivarnos a imaginar propuestas para la creación de empleos que permitan una vida digna a todos los mexicanos.

Existe una grave contradicción entre la especulación financiera y los intereses de trabajadores y empresarios, ya que la primera desplaza a ambos del mercado y pone en peligro la viabilidad económica de muchas naciones del planeta. Si bien es cierto que la democracia en sí misma no trae consigo la riqueza y la justicia social, la extrema pobreza y la ignorancia son contrarias al concepto de ciudadanía indispensable para la democracia.

ƑCómo pueden reconciliarse las necesidades de una sociedad global con la soberanía de los estados para consolidar en cada país su propio modelo de democracia? Este es el reto que enfrentan hoy quienes ya no están pensando en una sociedad estatista que sustituya a la empresa privada, pero sí en la defensa de los derechos humanos integrales y en la democracia como paradigmas de la legitimidad política para el futuro.

Cabe aclarar que "derechos humanos integrales" tiene un sentido muy amplio, porque se trata de todos los derechos: desde el derecho de todo ser humano a la vida y a su integridad física y moral, la libertad, la equidad, la salud, hasta la seguridad social y económica. Y cómo podrían generarse las condiciones para que la mayor parte de la población tenga un trabajo digno y productivo, si no es mediante una asociación en la que empresarios y trabajadores organizados adquieran compromisos en el marco de las instituciones públicas.

Entre empresarios y trabajadores existen contradicciones objetivas, pero también una complementariedad inevitable. En el contexto de la globalización neoliberal, el énfasis en la comunidad de intereses entre ambos se fortalece, porque los dos requieren de la construcción de un espacio nacional institucional que regule sus intercambios y al mismo tiempo garantice su reproducción, a diferencia del capital financiero que no participa en la producción real, pero se beneficia prioritariamente de la especulación y no tiene intereses en ningún país en particular. Para el capital financiero el mercado interno, la estabilidad política o el bienestar social de cualquier país carecen de importancia.

De ahí que la creación de empleos pueda convertirse en un objetivo común para trabajadores y empresarios, así como para los partidos políticos que, como el PRD, tienen una visión de izquierda con perspectiva de futuro.

Los ámbitos de negociación entre empresarios y trabajadores en los que se pueden tejer los acuerdos para una sociedad productiva pueden ser clasificados en tres grandes áreas:

a) La negociación laboral en la que empresarios y trabajadores se encuentran en contradicción directa, pero donde ambos tendrían que ceder posiciones para conservar lo que los identifica: la planta productiva. Así, unos tendrían que aceptar la flexibilidad, otros la responsabilidad en materia de seguridad social; unos la necesidad de proteger a las empresas frente a fluctuaciones del mercado; otros la negociación colectiva para proteger al trabajador individual.

b) Un campo en el que los trabajadores organizados se relacionan con el Estado y lo que requieren es autonomía sindical y democracia, pero esa demanda no tiene por qué entrar en contradicción con la empresa; al contrario, los sindicatos que representan a sus trabajadores serán más responsables cuando se trate de salvaguardar la empresa que genera empleos.

c) La relación de las empresas con el Estado implica múltiples niveles de conflicto, que van de las normas fiscales, de la reglamentación que impone el IMSS, de los gobiernos locales en materia de licencias de todo tipo para la operación de las empresas, uso de suelo, seguridad (bomberos), salubridad, hasta el tortuoso e ineficiente funcionamiento de las instituciones de crédito.

En todos los casos la búsqueda de transparencia en la relación institucional es la base de la democracia y es posible lograr una mejoría significativa en la productividad al combatir la corrupción o la irracionalidad, sin que implique un sacrificio de los trabajadores, de las utilidades de los empresarios o de los recursos que efectivamente llegan al Estado vía recaudación fiscal legítima.

En cambio, lo que se ofrece es mayor certeza para la inversión privada, límites y reglas para la competencia y mejores oportunidades de crecimiento, garantizar capacitación y estabilidad en el empleo como responsabilidad conjunta de la organización sindical y la empresa, futuro al trabajador en el marco de un tipo de organización colectiva menos corrupto y más responsable y democrático.

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