Es condición para que puedan abandonar instalaciones migratorias de EU

Sobrevivientes de la tragedia de Victoria tendrán que pagar fianza de 1,500 dólares

La mayoría de los sobrevivientes a la tragedia ocurrida el pasado día 14 en Victoria, Texas, que costó la vida a 19 personas, tendrán que pagar una fianza de mil 500 dólares para que se les permita dejar las instalaciones donde fueron alojados por las autoridades migratorias de Estados Unidos y vivir en casas de parientes o de asistencia humanitaria durante el tiempo que dure el procedimiento que se inició ayer en las Cortes Migratorias de Houston.

Dicha condición aplicaría para 28 mexicanos (26 hombres y dos mujeres) de los 32 que salieron con vida del contenedor en el que viajaban desde Harligen hasta Houston. Uno más, por ser menor de edad, se encuentra bajo la custodia de Caridades Católicas de Houston, se le asignó un abogado y se estudia la posibilidad legal de su reunificación familiar en Estados Unidos.

Sin embargo, otros tres connacionales no obtuvieron la posibilidad de acogerse a la garantía de depósito de fianza porque, según la cancillería mexicana, habían sido deportados con anterioridad de Estados Unidos y su reingreso al país sin documentos se tipifica como delito sancionado con pena privativa de libertad.

En todos los casos, insiste Relaciones Exteriores, el consulado general de México en Houston ha atendido las necesidades de los sobrevivientes proporcionándoles no sólo los abogados que atiendan su caso, sino con el depósito de los mil 500 dólares exigido a cada uno para, de acuerdo con las autoridades estadunidenses, garantizar que no se sustraerán a sus obligaciones procesales ante los jueces de migración.

La Fiscalía Federal de Houston determinará en breve quiénes de los mexicanos actualmente radicados en esa ciudad serán convocados como testigos de cargo en contra de los traficantes de personas. Se informó que a quienes "califiquen" como testigos se les podrían otorgar visas de trabajo denominadas T por la legislación migratoria de Estados Unidos, con el fin de que permanezcan en el territorio de ese país durante el tiempo que dure el procedimiento penal en contra de los traficantes de personas y mientras puedan trabajar legalmente.

Con todo, la nueva fianza fijada a estas personas no es la primera que han debido enfrentar. El pasado día 22, la magistrada federal Mary Milloy en una audiencia les notificó que son potenciales testigos de cargo de la Fiscalía Federal de Estados Unidos en el juicio contra los traficantes de personas y les permitió la libertad bajo fianza de 5 mil dólares, aunque condonó su pago sujeto a la condición de que se presenten cuando sean requeridos.

Mientras, autoridades federales de California planean adquirir una antigua prisión de mujeres para encarcelar a extranjeros en proceso de deportación.

Un vocero del Departamento de Correccionales de California, Terryu Thorton, informó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (BICE, por sus siglas en inglés) visitó y pidió información sobre la clausurada cárcel para mujeres ubicada cerca de la ciudad de Stockton, pues a decir de la vocera, Sharon Rummery, para la corporación es una "prioridad" tener un centro de detención de extranjeros que esperan audiencias ante jueces de migración y los que salen de otras cárceles.

El penal tendría capacidad para unos 800 detenidos y sería similar a los que ya tiene el BICE en California, en El Centro y otro más en San Pedro, al norte de Los Angeles.

En Phoenix, Arizona, la defensa de un indocumentado mexicano con problemas mentales, acusado de homicidio cuando era menor de edad, quien podría ser condenado a muerte, expresó cautela sobre el fallo definitivo. "No sabemos qué es lo que van a decidir", informó a Notimex, Bruce Blumberg, representante de Tonatiuh Aguilar, de 23 años, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Recordó que en 2001 la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos determinó que jurados y no jueces en Arizona deben decidir si los inculpados son acreedores a la pena capital. Para el abogado defensor esto coloca eventualmente en una situación desventajosa a muchos inculpados, pues se deja un delicado fallo en manos de personas que no tienen el mismo conocimiento de la ley que magistrados expertos en derecho.